Matar, silenciar o vetar el periodismo como parte del genocidio israelí

La relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, acaba de publicar un nuevo informe sobre los ataques israelíes contra la prensa en Gaza y el papel del periodismo y de las plataformas digitales durante el genocidio. El título del mismo es “La verdad bajo los escombros: los medios de comunicación en tiempos de genocidio”. En él examina “cómo la destrucción de la verdad se ha convertido en parte integral de la destrucción de un pueblo”, e identifica tres patrones interconectados:

1.- La eliminación de trabajadores palestinos de medios de comunicación “mediante asesinatos, mutilaciones, detenciones arbitrarias, torturas, intimidación y su etiquetado sistemático como «terroristas»”, con el fin de impedir la documentación de los crímenes. Nunca en la historia del mundo se había registrado un número tan elevado de víctimas periodistas, con casi 300 trabajadores de medios de comunicación muertos y más de 400 heridos, en menos de tres años.

2.- La construcción en Israel “de un régimen de información mediante restricciones a los medios, censura, propaganda, discursos de odio, incitación al genocidio y negacionismo”.

La relatora de Naciones Unidas menciona algunas afirmaciones emitidas en medios israelíes desde octubre de 2023. Por ejemplo, los palestinos “deben ser erradicados”, son “caníbales”, “un tumor canceroso”, “no hay inocentes en Gaza”, “no son civiles” o “hay dos millones y medio de terroristas en Gaza”. También recoge llamamientos de presentadores o periodistas israelíes pidiendo que Gaza sea “borrada de la faz de la tierra” o defendiendo que hay que “destruir, matar y aniquilar”.

3.- La reproducción, por parte de influyentes medios occidentales y plataformas digitales, de “narrativas que ocultan, justifican o legitiman crímenes atroces, al tiempo que marginan las voces palestinas, las pruebas y el derecho internacional”. El informe señala el empleo de eufemismos como “órdenes de evacuación” para referirse al crimen internacional de desplazamiento forzado o el uso habitual de la voz pasiva para evitar nombrar a los responsables de los crímenes. Por ejemplo: “Hind Rajab, de 6 años, hallada muerta”.

Además de estos tres patrones, describe el bloqueo y las restricciones a la prensa extranjera impuestas por las autoridades israelíes como parte de ese “ataque sistemático contra la función pública del periodismo” y contra la documentación de los crímenes.

El informe ya puede consultarse en la web de la ONU. En él se destaca que estas prácticas mencionadas “no se han limitado a acompañar el genocidio”, sino que “han facilitado su comisión y obstaculizado la rendición de cuentas”. Por ello, la relatora de Naciones Unidas concluye que algunos aspectos de “este ataque contra la verdad” pueden describirse como “mediacidio” y solicita a la Corte Penal Internacional que investigue a algunos presentadores y periodistas por posible incitación directa y pública al genocidio.

Los vetos para entrar en Palestina impuestos por las autoridades israelíes son solo una de las manifestaciones de este ataque contra la libertad de información. En comparación con los asesinatos y las torturas de periodistas palestinos, el bloqueo a la prensa internacional podría parecer algo menor, pero no lo es. La ausencia de periodistas internacionales en Gaza tiene efectos muy concretos: contribuye a la invisibilización de lo que ocurre en la Franja, donde la población palestina está obligada a apelotonarse en menos del 30% del territorio, sin acceso a servicios y productos básicos y sometida por la ocupación militar israelí por tierra, mar y aire.

En comparación con los asesinatos y las torturas de periodistas palestinos, el bloqueo y los vetos israelíes a la prensa internacional podrían parecer algo menor, pero no lo son: tienen efectos muy concretos.

Esta semana Israel revocó el visado de la periodista de elDiario.es, Francesca Cicardi, cuando estaba a punto de viajar al país para cubrir las elecciones del próximo martes. Es la segunda reportera española vetada por las autoridades israelíes este año. En los últimos meses Israel ha prohibido la entrada a más de una decena de periodistas europeos y también a juristas y activistas internacionales, algunos de ellos judíos. Estas prohibiciones son solo la punta del iceberg del “régimen de información israelí” denunciado por la relatora de Naciones Unidas. A esos vetos, denunciados públicamente, se suman otros que no salen a la luz por decisión de los propios periodistas afectados o de los medios para los que trabajan.

Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Por eso la información de calidad es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas. Y por eso hay poderes que intentan controlarla, impedir la tarea periodística, vetar accesos, ocultar los hechos, tergiversarlos o falsearlos.

En Palestina se ha desarrollado un genocidio en el que los perpetradores se han jactado abiertamente de su campaña de segregación y destrucción. Las autoridades israelíes han contado para ello con un enorme respaldo militar de Estados Unidos y países europeos, con protección política y diplomática internacional y con medios y periodistas dispuestos a justificar o silenciar sus acciones.

Las guerras siempre comienzan antes del primer disparo: se inician con un cambio de vocabulario en los medios de comunicación, con la naturalización de la impunidad y la deshumanización en la conversación pública.

El periodismo es una de las primeras formas de escribir la Historia de nuestro tiempo: sienta las bases del relato de los hechos. Cuando se impide el acceso a los mismos, se están cerrando las vías para dar a conocer, prevenir y sancionar crímenes masivos. La matanza de periodistas, los relatos sesgados y los obstáculos al acceso a la información o a su divulgación no son consecuencias colaterales del genocidio, sino que forman parte de la maquinaria que lo ha hecho posible.

La vida fácil en el periodismo es reproducir las afirmaciones del poder en lugar de someterlas a escrutinio. Pero eso no es periodismo, porque no cumple con su función pública más básica: defender la verdad, es decir, contar los hechos y situarlos en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional. Por muy alto que sea el precio.

Ayúdanos a seguir informando frente a los vetos. Hazte socia, hazte socio de elDiario.es