José Bautista, investigador: “La frontera española se ha convertido en un negocio para empresas vinculadas a Israel”

¿Qué ocurre cuando una máquina participa en las decisiones sobre el control de una frontera? ¿Quién responde si esas decisiones provocan vulneraciones de derechos? ¿Qué empresas gestionan los datos biométricos que entregamos al cruzar un aeropuerto? ¿De qué manera nos puede afectar que haya empresas vinculadas a Israel controlando nuestras fronteras? El periodista de investigación José Bautista, de porCausa, analiza el creciente negocio de la vigilancia fronteriza en esta entrevista para el podcast Donde Callan las Armas y elDiario.es, en el que también participan la abogada Patricia Fernández y la antropóloga y periodista Sarah Babiker.

Bautista es uno de los autores del informe que porCausa y el Centre Delàs de Estudios por la Paz realizaron a principios de año sobre estas cuestiones y advierte de que las personas migrantes están siendo utilizadas como sujetos de experimentación de tecnologías que después pueden extenderse al resto de la sociedad.

¿A qué se llama tecnología de frontera y por qué debe preocuparnos?

Se llama tecnología de frontera al conjunto de técnicas y dispositivos que utiliza el Estado en sus fronteras por tierra, mar y aire. Y esto nos debería preocupar y ocupar porque nos afecta. No es algo que solamente padezcan personas de otros países a las que podamos percibir como seres lejanos. Está presente en nuestra vida cotidiana.

Cada vez que viajamos o nos desplazamos, nos encontramos con estas tecnologías. Y, sin embargo, sabemos muy poco de quiénes las operan, de cómo se manejan o de cómo funcionan. Deberíamos conocerlas, de la misma forma que sabemos, o intentamos saber, qué es lo que nos estamos llevando a la boca o cualquier otro aspecto de nuestra rutina.

Estamos poniendo en manos de empresas de armamento datos tan sensibles como nuestras huellas dactilares, nuestros rostros, nuestros pasaportes y nuestros movimientos.

Usted señala que estas tecnologías pueden ser una especie de caballo de Troya. ¿Por qué?

Todos conocemos la historia del caballo de Troya: parece que te están haciendo un regalo y, de pronto, se abre y ya es demasiado tarde. Pasa igual con la tecnología de frontera. La frontera es un campo de experimentación, un laboratorio. Y en ese laboratorio los conejillos de Indias de hoy en día son, a menudo, las personas migrantes, contra quienes toleramos muchas cosas porque nos parecen lejanas.

Las tecnologías que se están probando en las fronteras contra personas de otros países pueden terminar utilizándose contra nosotros. De hecho, ya está ocurriendo. Hay un ejemplo que me gusta mencionar para explicarlo. Hay un software israelí que se llama Cellebrite. Se utiliza para acceder al contenido de un teléfono móvil sin el consentimiento de su propietario. Si tú no quieres desbloquear el móvil y la Policía conecta este dispositivo, que se parece a una pequeña videoconsola, puede acceder a su contenido.

Para acceder por la fuerza a nuestros teléfonos, la Policía necesita autorización judicial. Tenemos derecho a la intimidad y a la privacidad de nuestras comunicaciones, derechos reconocidos en la Constitución. Pero hay una excepción en la práctica: cuando llega una persona migrante a Canarias en cayuco, baja de la embarcación y la Policía Nacional utiliza Cellebrite sin autorización judicial para acceder al contenido de su teléfono. Lo hace con el pretexto de la lucha contra el yihadismo, el terrorismo y otras amenazas de seguridad.

Estamos permitiendo que se vulnere un derecho fundamental de personas que se encuentran en nuestro país. Ahora está pasando contra migrantes y parece que no nos afecta. Pero ¿quién nos asegura que mañana no llegue un Gobierno de extrema derecha y utilice estas mismas prácticas contra quienes piensan de una determinada manera o protestan contra alguna política? Por eso hablo de un caballo de Troya. Estamos viendo cómo entra y lo estamos permitiendo. Puede que algún día terminemos sufriendo sus consecuencias.

Las fronteras son un laboratorio donde se vulneran derechos y se prueban tecnologías contra las personas migrantes que después pueden utilizarse contra el resto de la población, contra quienes protestan o piensan de forma diferente

Sabemos por la historia que eso ha ocurrido en el pasado. Una vulneración de derechos que comienza afectando a un sector de la población puede terminar normalizándose y extendiéndose a otros sectores.

Los derechos son universales o no son, son otra cosa.

También han subrayado desde porCausa el uso creciente de la inteligencia artificial, que ya se está utilizando en las guerras. Lo hemos visto también en el genocidio en Gaza. Y se está utilizando en las fronteras, donde se impulsa una especie de guerra contra las personas migrantes. En Ceuta y Melilla ya se emplea. ¿Qué consecuencias tiene delegar determinadas decisiones en sistemas de inteligencia artificial?

Hay muchos problemas. De hecho, mucha gente desconoce que, desde febrero del año pasado, Ceuta y Melilla tienen sistemas de inteligencia artificial incorporados a todo su perímetro fronterizo.

Lo que hace esta inteligencia artificial, básicamente, es recibir toda la información de los sensores que tienen esas vallas. Hay sensores de paso y de movimiento, cámaras nocturnas y cámaras de larga distancia. Toda esa información se transmite a un sistema de inteligencia artificial que, a partir de los datos recibidos, determina dónde considera probable que se produzca un salto de la valla y transmite indicaciones a la Guardia Civil para que actúe.

Dicho de otra forma, un sistema cuyo algoritmo desconocemos y que no podemos auditar ni como periodistas ni como ciudadanos está participando en decisiones que deberían corresponder a seres humanos. Cuando las decisiones las toma una máquina y se produce un problema, incluso la muerte de personas, ¿a quién se le exigen responsabilidades? ¿Al desarrollador que hizo el algoritmo? ¿Al técnico que lo instaló en la valla? ¿O al guardia civil que siguió las indicaciones del algoritmo?

Hay muchos problemas. Y uno de los más graves, como bien sabes por tu trabajo periodístico, es la opacidad. Otro es el papel de las empresas que desarrollan estas tecnologías. La inteligencia artificial desplegada en Ceuta y Melilla la desarrolla una empresa española llamada TRC, que trabaja mucho con la Guardia Civil, la Policía y el CNI. Esa misma empresa también está incorporando inteligencia artificial a los sistemas del Ministerio de Justicia para determinar a quién se concede la nacionalidad española y a quién no.

¿Qué mecanismo o qué criterio utiliza esa inteligencia artificial para decidir quién merece la nacionalidad y quién no? No lo sabemos. Tampoco podemos acceder a esa información. Ojalá algún día podamos, porque hay una sentencia del Supremo, gracias a Civio, que se supone que nos abre la puerta a examinar estos sistemas. Pero todavía no está ocurriendo.

En los puertos, aeropuertos y fronteras del Estado español hay numerosas empresas que comercializan tecnología israelí –y participan en procesos críticos– y el Gobierno de España continúa comprándola.

Además de todo esto, tenemos empresas tecnológicas y armamentísticas que pueden acceder a nuestros datos personales, nuestras huellas dactilares o nuestros datos biométricos faciales. ¿Por qué es preocupante?

Es preocupante, para empezar, porque son empresas muy opacas. Algunas son empresas armamentísticas que participan en el genocidio en Gaza o en conflictos en otras partes del mundo. Otras están dirigidas por personas muy cercanas a la extrema derecha, tanto en Europa como en Estados Unidos.

En el caso de España, algunas presentan numerosas puertas giratorias vinculadas a los grandes partidos políticos, lo que plantea dudas sobre la separación entre el poder político y los intereses empresariales. Todo esto nos tiene que preocupar por varias razones. Primero, porque se está haciendo con dinero público. Segundo, porque estas tecnologías pueden utilizarse para vulnerar derechos. Y tercero, porque estamos poniendo en manos de empresas armamentísticas información extremadamente sensible: nuestros datos biométricos faciales, nuestro rostro, nuestras huellas dactilares, la información de nuestro pasaporte o los registros de nuestros movimientos por los aeropuertos.

Volvamos al caballo de Troya. Podemos pensar que esto solo afecta a las personas migrantes, pero no es así. Cada vez que pasamos por un aeropuerto para coger un vuelo, ya sea por trabajo o para irnos de vacaciones, estas empresas pueden acceder a datos e información muy sensible sobre nuestra vida cotidiana. Y también a los datos de nuestros hijos o de cualquier persona que utiliza estas infraestructuras.

Son infraestructuras que consideramos públicas, pero cuya gestión se está confiando a empresas privadas, en muchos casos con actividades y relaciones que deberían examinarse con especial atención.

La empresa fundada por un antiguo alto cargo del Mossad que comercializó Pegasus en España también suministra tecnología para puertos y aeropuertos.

Desde porCausa también han señalado que la frontera española es un negocio israelí.

Esto fue una sorpresa. En septiembre y octubre del año pasado, el Gobierno anunció un embargo y afirmó que España dejaría de comprar productos de defensa israelíes y de venderlos a Israel, en el contexto del genocidio en Gaza.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Hay muchas empresas españolas que comercializan tecnología israelí y el Gobierno de España continúa comprándola. ¿Qué hemos descubierto? Por tierra, mar y aire, en los puertos, los aeropuertos y las distintas fronteras del Estado español, encontramos numerosas empresas que comercializan tecnología israelí y participan en procesos críticos.

Una de ellas es DARS Telecom. Esta empresa fue creada por un antiguo alto cargo del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Es la misma empresa que vendía Pegasus al Gobierno de España, utilizado para espiar en Cataluña. Ahora está instalando sistemas de inteligencia artificial cognitiva en aeropuertos y puertos.

Hay otra empresa muy interesante, ETEL88, que es prácticamente desconocida. A través de la externalización de fronteras, España y Europa entregan dinero y equipamiento a Marruecos y al régimen de Mauritania. Una de las empresas contratadas para suministrar visores nocturnos, cámaras y lectores biométricos es precisamente ETEL88, que está muy vinculada a Israel.

Otra es One Recovery. Antes hablábamos de Cellebrite, el programa que se utiliza para acceder por la fuerza a los teléfonos de las personas migrantes. Esta empresa es israelí y también está presente en las fronteras, en el contexto de la llegada de cayucos.

La Policía utiliza un programa israelí para acceder sin autorización judicial a los móviles de las personas migrantes que llegan a Canarias.

También mencionan Excem.

Es una de las que más preocupa. La creó David Hatchwell, que vive en Madrid. Por ejemplo, cuando entregas tu pasaporte y la Policía lo introduce en una máquina, según nuestra investigación, esa tecnología la proporciona Excem. También está presente en los sistemas de escaneo de equipajes. Son tecnologías que permiten tratar información muy sensible sobre las personas que cruzan las fronteras.

Y no es cualquier empresa. Su fundador, David Hatchwell, es uno de los financiadores de las campañas electorales de Netanyahu. También es cofundador de ACOM. ACOM es uno de los principales grupos de presión del sionismo más radical en Madrid, con el que muchos periodistas han tenido problemas en alguna ocasión. Es, además, muy cercano a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Estas empresas, que a menudo prueban sus tecnologías contra la población palestina, están participando en la gestión de información tan sensible como nuestros movimientos, nuestros rostros y nuestras huellas dactilares. ¿Qué puede salir mal?

Estamos dejando que algoritmos que no podemos auditar tomen decisiones que deberían corresponder a seres humanos. Si alguien muere, ¿quién asume la responsabilidad?

Y hay más casos...

Hay otro ejemplo que me preocupa especialmente: una empresa japonesa, NTT Data, que mucha gente no conoce. Todos hemos oído hablar de los graves problemas con los cribados de cáncer de mama en Andalucía. No sabemos cuántas mujeres han podido morir porque no se detectó a tiempo su enfermedad y no recibieron tratamiento.

Esa misma empresa trabaja con Aena y con el Ministerio de Transportes para gestionar datos de las personas que pasan por los aeropuertos. Si se han producido problemas tan graves en la gestión de los cribados de cáncer de mama, ¿qué podría ocurrir con los datos extremadamente sensibles de millones de personas que entran y salen de España? Estamos confiando información tan delicada como nuestras huellas dactilares a estas empresas.