Patricia Fernández, abogada: “En Ceuta se ha usado el hambre como arma de disuasión ante las personas migrantes”

La abogada Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, explica que en Ceuta se ha utilizado el hambre, la falta de acogida y la violencia contra las personas migrantes como instrumentos de disuasión. En esta entrevista para el podcast Donde Callan las Armas y elDiario.es, advierte de que la externalización de las fronteras ha permitido a otros Estados utilizar los movimientos migratorios como herramienta de presión política y denuncia la vulneración de derechos fundamentales.

Tras documentar testimonios de agresiones y torturas, Fernández señala la militarización de las calles en Ceuta, la desprotección de miles de menores y las devoluciones a Marruecos por pasos no habilitados.

¿De qué manera las políticas migratorias europeas y españolas son leídas y entendidas por países a los que se cede soberanía para gestionar fronteras y políticas migratorias?

La actual política de externalización de fronteras, que ha sido fomentada por la Unión Europea y asumida por los distintos gobiernos en España, es utilizada por parte de los países que están llamados a gestionar nuestra frontera. Se ha dado la llave de nuestra casa a un vecino o a una vecina, que es quien ahora mismo tiene la responsabilidad y la encomienda de hacerlo a través de una serie de fondos de difícil seguimiento y de escasa transparencia.

Por lo tanto, tenemos un déficit democrático porque no podemos monitorear adecuadamente los fondos, pero también tenemos un déficit de soberanía porque, en realidad, algo que debería ser responsabilidad única del Estado español o de los Estados europeos, si pensamos en el marco de las fronteras europeas, se lo estamos transfiriendo a un tercero.

¿Qué hacen estos terceros, esos países?

En el marco de las relaciones bilaterales con el Estado español o con la Unión Europea, lo utilizan para su propio beneficio. Lo hemos visto muy recientemente con las declaraciones del rey de Marruecos en la apertura del año legislativo en la asamblea de Marruecos: esto forma parte de su propio ejercicio de soberanía.

Cuando esto se hace, además, no sobre una frontera cualquiera, sino sobre la frontera hispano-marroquí –donde hay territorios en disputa y en litigio– la actual política de externalización de fronteras constituye una grieta de seguridad que, lógicamente, es aprovechada por los Estados del sur global en sus relaciones con Europa. No olvidemos que Marruecos no ha cesado en reclamar soberanía sobre Ceuta, sobre Melilla y sobre parte de las aguas jurisdiccionales canarias.

Con Ceuta hemos normalizado el Ejército en las calles, con soldados de infantería y vehículos blindados

En este marco hemos visto cómo se han dado casos de malos tratos y agresiones muy graves por parte de militares a personas migrantes. Usted misma ha estado muchas veces en Ceuta y Melilla.

Hay una consecuencia muy visible, que parece que no tiene trascendencia, pero que la tendrá en el futuro: se ha normalizado el Ejército en las calles. A las puertas de un comercio o de un supermercado de barrio en Ceuta no hay un vigilante de seguridad, ni un agente de la Policía Local, ni de la Policía Nacional, sino dos soldados de infantería con un vehículo blindado en la puerta.

Ese marco ahonda en la idea de la invasión y penetra de una manera muy importante en el imaginario colectivo de la sociedad ceutí. Se perpetúa un daño real que ha sufrido la sociedad ceutí, que ha vivido con miedo toda esta situación. En ningún caso el Ejército puede tener labores de seguridad ciudadana: no lo permite nuestra legislación ni, desde luego, la Constitución; pero es que además, otra de las variables que nos encontramos es que se otorga una responsabilidad a una institución del Estado que no ha sido formada para ello.

El Ejército no actúa bajo los principios de congruencia y oportunidad, y tiene material de combate. Esto ha llevado a un incremento de la conflictividad y de las vulneraciones de derechos humanos, si atendemos al testimonio de las víctimas, que nos hablan de agresiones muy graves y muy severas, de una manera muy notoria contra las personas que han llegado recientemente a la ciudad de Ceuta. Hemos visto lesiones gravísimas y hemos visto testimonios que no nos hablan de una mera agresión, sino de torturas, porque se les castiga por el hecho de haber accedido a territorio europeo o a territorio español.

Se ha otorgado al Ejército una responsabilidad para la que no ha sido formado. No actúa bajo los principios de congruencia y oportunidad y tiene material de combate. Esto ha aumentado la conflictividad y las vulneraciones de derechos humanos.

Hay fotografías, pruebas gráficas y testimonios que, sin embargo, por el hecho de tratarse de personas migrantes, han pasado demasiado desapercibidos en algunos ámbitos. También hay otra cuestión: ¿Por qué desde el primer día no se aplicaron medidas para acoger a menores y construir espacios adecuados para todas las personas migrantes que llegaron?

Hemos visto imágenes que nos podrían recordar al campo de Argelès-sur-Mer. Hemos visto una playa con gente literalmente abandonada. Esto ha sido una estrategia de disuasión. En este conflicto que hemos vivido en la ciudad de Ceuta, en esta grave crisis de los derechos humanos, hemos visto cómo se ha jugado con el hambre como un arma.

Se han dado menos de 4.000 comidas diarias cuando teníamos aproximadamente 14.000 o 15.000 personas en situación de dependencia. Las raciones ni siquiera alcanzaban el mínimo diario que establece el Manual Esfera, un manual de estándares mínimos de atención en situaciones de crisis humanitaria. Ni siquiera se cumplía con el mínimo de calorías. Se ha jugado con la falta de atención para desesperar a la gente. Hemos visto gente pasando hambre, gente muy desesperada, porque la pretensión era la disuasión.

Hace años que venimos denunciando, a otros niveles, que los programas de acogida a personas migrantes forman parte también de la política migratoria del Estado y que se utilizan como manera de disuadir y de cortar rutas. Cuando la población siria empieza a llegar a Ceuta y Melilla en 2015 —no olvidemos que en el primer trimestre de ese año llegaron más personas sirias por Melilla que por la frontera este de Europa—, se dejaba a la gente hacinada en Melilla. No se le permitía transitar hacia el territorio europeo, hacia la península. Era una manera de cortar la ruta, de que les dijeran a sus vecinos o a sus compatriotas: «Por aquí no vengáis, que se pasa muy mal».

Esto se viene utilizando sistemáticamente. Lo que ha ocurrido en Ceuta es el paradigma de cómo se usa el hambre como estrategia de guerra y la violencia física como estrategia de guerra, en esta dialéctica de la guerra que se establece. Se ha utilizado para evitar la atención. El caso más dramático es el de las niñas, los niños y las mujeres víctimas de violencia sexual.

Se han dado menos de 4.000 comidas al día cuando teníamos 14.000 personas en dependencia. Las raciones ni siquiera alcanzaban el mínimo que establece el Manual Esfera. Hemos visto gente pasando hambre; la pretensión era la disuasión.

¿Cuál es la situación ahora?

A fecha de hoy, transcurridos más de 76 días desde las primeras entradas, tenemos 2.000 niños y niñas de entre 16 y 17 años que no han sido acogidos y que no esperan serlo. Ya han acudido a todos los dispositivos, han hecho colas, se han presentado y, sencillamente, hemos decidido que, como eran prioritarios los niños un poco más pequeños, los de 16 y 17 pueden esperar. Hemos visto cómo se abrían dispositivos para personas adultas y se sacaban a los niños y a las niñas. Hemos visto cómo se abrían dispositivos para hombres y se dejaban fuera a las mujeres.

Se han alterado todas las lógicas de la intervención social y de la intervención humanitaria. Parecía que había una lógica que forma parte del imaginario de cualquier crisis: las mujeres y los niños primero. Esa lógica se ha roto en Ceuta. ¿Cuál era el planteamiento? No vamos a acoger, no vamos a acompañar, no vamos a garantizar derechos; vamos a agotar a las personas para que regresen voluntariamente. Cuando han visto que esto no ha ocurrido es cuando se han inventado estos retornos voluntarios.

Esa gente que está volviendo, ¿de qué manera lo está haciendo?

Hay gente que se acerca tranquilamente por la carretera del Tarajal y llega a la zona de la playa. Allí hay una puerta que da acceso a la parte trasera de las dependencias de aduanas, donde hay una escalerita que baja a la playa del Tarajal, a la zona de seguridad. Por allí caminan hasta la valla, no al puesto fronterizo. En la valla hay una puerta de servicio para gestionarla, y la gente cruza esa puerta, que ahora mismo permanece abierta.

Esa gente retorna de modo voluntario, en el sentido de que nadie la ha llevado hasta la frontera y ha decidido regresar porque no se han cumplido sus expectativas, porque está agotada. Luego tenemos muchas personas, demasiadas, que son trasladadas. Una sola ya era mucho, pero estamos viendo contingentes de personas que llegan en coches policiales o, últimamente, en autobuses.

Los desalojados de las playas del Trampolín, del Guano y de Benítez han llegado hasta allí. Vemos cómo los autobuses paran en el puesto fronterizo, pero no se les devuelve por él: se les introduce en su interior y se les saca por otra puerta a un paso que hay en el polígono industrial del Tarajal. Se abre otra puerta de la valla y se les entrega a las autoridades marroquíes, o se les deja transitar hacia donde están las personas marroquíes.

Estamos viendo personas desalojadas de las playas que son trasladadas en coches de policía o en autobuses hasta el puesto fronterizo marroquí y se les devuelve por la puerta de atrás, custodiadas por policías. Eso no es un retorno voluntario.

Van custodiadas por policías...

Esas personas acuden custodiadas: hemos visto a dos policías nacionales delante, tres detrás y un coche policial. Eso no es un retorno voluntario. Sobre todo, queremos llamar la atención por el hecho de que no se está haciendo por el puesto fronterizo: no es un tránsito regular de fronteras bajo custodia. Cuando una persona es expulsada de España o regresa a su país voluntariamente porque tiene un permiso de residencia en España y transita hacia Marruecos o hacia Argelia, lo hace siempre por un puesto fronterizo. Entonces España sabe quién entra y quién sale.

Lo que no podemos hacer es abrir la puerta de atrás para echar a las personas, ni siquiera para consentir que se vayan voluntariamente, si es que tal cosa fuera real, porque esto es hacernos trampas al solitario. No podemos penalizar a la gente porque cruza la frontera irregularmente y luego nosotros —me refiero al Estado español— habilitar un paso fronterizo irregular. Esto lo hacemos única y exclusivamente porque, entre otras muchas causas, en el origen de esta crisis está que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta.

Esta es una de las muchas causas de la crisis. Llevamos años gestionando la frontera por la puerta de atrás, gestionando la frontera de facto, y estamos solucionando la crisis con la misma medicina que nos ha causado la infección. Por lo tanto, esto es un cierre en falso de la crisis.

Lo que ha ocurrido en Ceuta es el paradigma de cómo se usan el hambre y la violencia física como estrategia de guerra. El caso más dramático es el de las niñas, los niños y las mujeres víctimas de violencia sexual.

Desde la Coordinadora de Barrios ustedes han señalado que la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta tiene también razones geopolíticas, pero que eso, evidentemente, no despoja de derechos a las personas migrantes ni las convierte en proyectiles o armas, como algunos han dicho.

Tenemos que ser conscientes de que, tanto cuando hablamos de crisis geopolíticas como cuando hablamos de mafias, las víctimas de esta historia son las personas migrantes, las personas en movilidad. De una crisis se sale siempre con más derechos y con más Estado de derecho. Esa es la receta para una crisis de estas características. Pero, al haber atropellado los derechos de las personas migrantes, las estamos tratando exactamente de la misma manera que las ha tratado Marruecos o como las tratan las mafias: como pura mercancía. Por lo tanto, si queremos acabar con las mafias que se aprovechan de las personas y con esos tránsitos irregulares de personas utilizados por los Estados con sus intereses geopolíticos, lo que tenemos que hacer es dotar de derechos a estas personas y protegerlas.

No podemos olvidarnos de que, entre las personas que han cruzado, hay aproximadamente 5.000 en necesidad de protección internacional, y estas 5.000 personas no tienen hoy por hoy garantizado el acceso a la protección internacional en España. Por lo tanto, un Gobierno que se erige en baluarte del multilateralismo ha cometido atropellos contra el sistema internacional de derechos humanos como no los habíamos visto en mucho tiempo.