La Fiscalía pide imputar a Zapatero por malversación y el juez solicita a Patrimonio una lista de los regalos recibidos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que le imputa un nuevo delito de malversación agravada por las joyas que fueron halladas en el registro de su despacho. Entiende que si fue un regalo de Arabia Saudí, como sostiene el expresidente, debió entregarlo a Patrimonio tal y como hizo con otros artículos, como dos relojes de sobremesa o una artesanía que representaba escenas del desierto fabricada en oro, plata, mármol y jade. En caso de que el magistrado haga suyo el criterio de la fiscal Elena Lorente, a los delitos de contrabando y fraude fiscal, se le sumaría el de malversación, que en este caso y dado el valor de los objetos prescribiría a los 15 años.

Por de pronto, el juez José Luis Calama, que investiga el conocido como 'caso Plus Ultra', se ha dirigido por escrito a la subdirección de Patrimonio para pedir información sobre los regalos y obsequios que recibió José Luis Rodríguez Zapatero durante sus dos legislaturas como presidente del Gobierno. Y eso antes de decidir si se dirige a Arabia Saudí como ha pedido el expresidente. Pide a Patrimonio del Estado “acta de aceptación de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno” de 2004 a 2011.

La fiscal, en el informe al que ha tenido acceso elDiario.es, en realidad no cree que el expresidente se haya dirigido a la embajada saudí para solicitar certificado que demuestre que ese juego de joyas fue un regalo personal del fallecido Abdullah Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007, cuando estuvo en España de visita oficial. “Sólo un ejercicio de puro voluntarismo permite dar por válidas siquiera las fechas de tales cartas al carecer de justificación documental de la recepción de las mismas en la Embajada de Madrid”, indica.

Para la fiscal del caso, la petición de la defensa de Zapatero de que se emita una Comisión Rogatoria desde el juzgado a Arabia Saudí busca dar “por buena su versión del origen de las joyas”, y por eso, entiende que es injustificado. Considera que el foco hay que ponerlo en investigar “la línea justificativa que ofrece el Sr Zapatero pero no con la emisión de una injustificada y dudosamente operante comisión rogatoria, sino con la comprobación de la comisión de un delito de malversación”.

Por otro lado, la fiscal indica que ha tenido conocimiento por fuentes abiertas (The Objective) de que los obsequios recibidos por Zapatero fueron donados por Presidencia del Gobierno para su incorporación al Patrimonio de la Administración General del Estado. Pero en la relación no figuran las joyas encontradas y sí aparece, en cambio, otros tres regalos realizados en el marco de esa visita. “Por tanto, Zapatero viene a reconocer que Siendo presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia”, recalca.

Suma a esto que durante su mandato, en 2005, se publicó el llamado Código de Buen Gobierno que en su artículo 6 incluía que “en el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado”. Y recalca que “en el presente caso, el elevado valor económico de las joyas no exige un especial esfuerzo argumental para concluir que su aceptación no puede en modo alguno inscribirse en el marco de la adecuación social”. Concluye así que Zapatero debió entregar las joyas a Patrimonio.

No hay prescripción de la malvesación

“Nos hallaríamos, por tanto, ante un presunto acto de sustracción de caudal público que, sin perjuicio de las cautelas de calificación jurídica de esta fase de instrucción, se insertaría dentro del delito de malversación”, indica Lorente, para añadir que “de alcanzar veracidad la versión del propio investigado, fue la recepción de las joyas en junio de 2007 en el Palacio de la Moncloa por quien era el Presidente del Gobierno, lo que convirtió esos efectos en caudal público”.

Considera así que Zapatero “se apropió con ánimo de lucro, al finalizar su mandato, al excluir y ocultar tales joyas de los efectos que sí declaró y entregó a Patrimonio del Estado el 1 de marzo de 2012”. Y entiende que el delito de malversación “no puede considerarse prescrito” porque el tipo agravado eleva esa prescripción a los 15 años y se debe contar desde la redacción de la orden por la que se entregaban los obsequios a patrimonio: 1 de marzo de 2012.

El magistrado de la Audiencia Nacional mantiene varias líneas de investigación abiertas en torno a José Luis Rodríguez Zapatero y sus negocios. La principal consiste en averiguar si cobró algún tipo de comisión por interceder a favor del rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Pero el juez Calama también tiene la lupa puesta sobre las joyas, valoradas por ahora en 1,3 millones de euros, que los investigadores encontraron en una caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz.

Después de varias semanas a la espera de las explicaciones del expresidente del Gobierno, la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero pidió al magistrado que se dirigiera a las autoridades de Arabia Saudí. Esas joyas, explicó, fueron un “obsequio” del monarca saudí cuando él era presidente. Zapatero ubica el regalo en 2007 y afirma en una carta que guardó esas joyas junto con otras de “origen familiar” y otros regalos. Poco después solicitó al juez que se dirigiera a ese país para poder certificar el origen de las joyas.

El magistado ha optado por dirigirse en primer lugar a la subdirección general de Patrimonio del Estado, dependiente en última instancia del Ministerio de Hacienda, para que aporte la lista de cuántos “obsequios institucionales” recibió Zapatero en sus dos legislaturas como presidente del Gobierno.