Los mensajes entre Plus Ultra y la SEPI documentan un proceso para el rescate ajeno a una posible 'vía Zapatero'
La documentación entregada por los antiguos responsables de Plus Ultra a la Audiencia Nacional incluye el intercambio de correos electrónicos entre la compañía y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que debía autorizar el rescate de la aerolínea en plena pandemia. Esos mensajes describen un intercambio fluido e intenso en el que la Sociedad Estatal requiere documentación, aclaraciones y precisiones y la compañía responde. El rescate terminó produciéndose y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está imputado por haber mediado para que se produjera en una vía que, de existir, habría resultado ajena al procedimiento que documentan los correos electrónicos.
En los más de 600 folios de documentación entregados por el exCEO de la aerolínea Roberto Roselli al instructor José Luis Calama se incluyen una veintena de actas elaboradas por la compañía para la SEPI y que tenían por objetivo dar cuenta del día a día de Plus Ultra después de haber recibido el rescate público de 53 millones en marzo de 2021. Pero también se pueden leer más de cien correos electrónicos cruzados entre la SEPI y la compañía que son previos al rescate aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.
Gran parte de esos correos tienen como protagonista a José Ángel Partearroyo, quien por entonces era director de Participadas de la SEPI y que fue quien llevó la voz cantante de la sociedad estatal para la preparación de la documentación que la aerolínea debía recabar y presentar para su posterior análisis en el órgano decisor del rescate público. Partearroyo ha sido citado por el juez el próximo 19 de noviembre.
Si el contacto telefónico que mantuvo Zapatero con el entonces presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola data de 30 abril de 2020 –según explicó el propio exdirectivo–, los correos que incluye Roselli en su documentación tienen como inicio noviembre de 2020. En ellos se puede seguir el día a día del proceso de preparación del rescate y cómo, por ejemplo, desde la SEPI se reclama detalles como “la lista de acreedores con los que Plus Ultra tiene deuda relevante que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal”.
La relevancia para la causa radica en que se investiga una trama que pudo utilizar el dinero del rescate público para el blanqueo de capitales de una presunta organización criminal. El vehículo para ese blanqueo habrían sido, supuestamente, esos créditos puente que la aerolínea tenía que devolver. De hecho, entre la documentación, Roselli incluye una lista de acreedores en las que aparecen las sociedades del prestamista neerlandés Simon Verhoeven.
Los correos incluidos abarcan un espacio temporal de meses y se extienden incluso a fechas posteriores al rescate, cuando la SEPI y Plus Ultra siguen conversando por mail sobre aclaraciones en la entrega de determinada documentación, o incluso sobre la necesidad de que la sociedad estatal nombre a un observador que asista a las reuniones de la compañía.
El papel de Zapatero
Los grandes interrogantes por despejar es qué participación concreta pudo tener Zapatero en el rescate –qué gestiones hizo y con quién– y cuánto cobró presuntamente por ello, si es que lo hizo. Pero también existe la hipótesis de que el expresidente no hiciera más gestión que ofrecerse a ayudar en una llamada con el entonces presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y después cobrara a través de Julio Martínez sin llegar a hacerla y por la utilización que de su nombre hubiera hecho su socio.
El Gobierno ha defendido insistentemente las garantías del rescate a Plus Ultra. Cuando estalló el caso Zapatero, el Ejecutivo defendió que Plus Ultra era, como compañía aérea, “parte de un sector estratégico” y que “cumplía con los requisitos en una empresa de este sector”. “Las compañías aéreas que lo necesitaron por el impacto COVID y cumplían los requisitos, recibieron los préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Un total de 890 millones de euros para Air Europa, Volotea, Air Nostrum, Plus Ultra, Wamos Air y Evelop Airlines. La adjudicación de los préstamos se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad, ni la discriminación. La normativa exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos”, sostiene el Gobierno.
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