El activista 'Fergie' Chambers afirma que EEUU alteró la traducción al español de las acusaciones contra él para elevar su gravedad

El equipo legal del filántropo millonario James 'Fergie' Cox Chambers, reclamado por EEUU a España acusado de colaborar financieramente con Hamás, ha denunciado ante la Audiencia Nacional que las autoridades estadounidenses alteraron de “mala fe” las traducciones que fueron aportadas ante este tribunal especial del soporte documental del caso contra él con el objetivo de elevar la gravedad de los hechos que se le atribuían.

En un escrito presentado por la defensa ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso elDiario.es, se indica que esa traducción elaborada por EEUU tiene “errores y alteraciones de sentido” que inciden en la calificación de los hechos que se le imputan a Chambers. Por eso, interesa al juzgado una comprobación independiente antes de resolver sobre la entrega del activista. Se da la circunstancia de que este escrito se presenta días antes de la celebración de la vista de extradición, que está fijada para el 13 de noviembre. Chambers se ha negado a ser extraditado y afirma que sufre una persecución política del presidente de EEUU, Donald Trump.

La representación legal de Chambers coteja las versiones en inglés y en español facilitadas por EEUU y recalca que se detectan discordancias que provocan que “se hayan añadido hechos incriminatorios ficticiamente y en presunta mala fe”. Como ejemplos, destaca que se ha traducido la expresión 'acción directa' como 'actos de violencia directa'; se han incorporado a los hechos relacionados con las protestas contra Elbit Sistems 'tres incendios' que no aparecían en el original en inglés; o se ha cambiado la expresión 'activación' de botes de humo por la de 'detonación'. Y lamenta que todas esas traducciones incorporadas al procedimiento español no estaban en la documentación original.

También menciona que, por ejemplo, el uso de la expresión 'violentas' tiene una incidencia clara en el principio de la doble incriminación —que un hecho sea delito en ambos países— porque el artículo 557 del Código Penal indica que debe existir violencia o intimidación.Y resalta que, de hecho, esa traducción afectó al informe del fiscal del caso. “Por lo tanto (...), la traducción al español remitida por Estados Unidos, donde introduce términos maliciosos, ha conseguido ya inducir a error a nuestras autoridades”, subraya.

La defensa señala que esto es relevante porque incluyen presupuestos de violencia, peligrosidad, finalidad y autoría y considera que existen motivos para sospechar que las alteraciones pueden responder a un ejercicio de mala fe de EEUU dirigido a inducir a error a las autoridades españolas al calificar los hechos y decidir sobre la extradición.

Añade que esas modificaciones han llevado a que las autoridades españolas hayan vinculado a Chambers con la “promoción de actividades terroristas”, algo que, en realidad, no estaba entre las imputaciones de EEUU. Indica así que en hasta cuatro ocasiones se recogen conversaciones de terceros relacionados con Chambers en las que se habla (en la traducción al español) de 'actividades de terrorismo global' cuando la expresión original tenía un sentido figurativo y en tono especulativo porque se hablaba del 'juego del terrorismo global'. “Llamativamente, se incorpora en forma ficticia en la traducción al español”, lamenta la defensa.

Por todo esto, la defensa considera que la Audiencia Nacional “no puede resolver la libertad o la entrega de una persona sobre hechos nacidos de una traducción viciada que adiciona ficticiamente violencia, incendios y demás elementos que no son reales”. Por eso, interesa que se depure inmediatamente la documental preservando los originales para así asegurar una eventual resolución “utilice como hechos las palabras añadidas o las inferencias indebidamente atribuidas al reclamado”.

Los delitos imputados a Chambers

La defensa recuerda que EEUU acusa al activista de delitos de blanqueo, desórdenes y de conspiración para causar desórdenes. Sobre estos dos últimos delitos, indica, hacen referencia a protestas contra una empresa fabricante de armamento israelí en EEUU. Recuerda que esos hechos ya fueron juzgados, y que hubo condenas de 60 días a otros activistas, mientras que ahora se solicitan 5 años de prisión para Chambers. Además, sostienen que el delito de conspiración para cometer estos desórdenes en España no es un elemento punible.

Sobre el blanqueo de capitales, explica que EEUU no reprocha el origen de los fondos, sino la afinidad ideológica de su destino. La solicitud de extradición habla en concreto de una cantidad de 7,5 millones de dólares transferidos a Túnez. Su defensa sostiene que esa transferencia de dinero “transparente y justificada” se utilizó para proporcionar ayuda económica al club tunecino Africain en un acto de filantropía. Por contra, Estados Unidos entiende que esa transferencia de fondos al extranjero se realizó con la intención de prestar apoyo a grupos terroristas.