La Fiscalía de Valencia abre diligencias por falsedad documental y prevaricación en la tramitación de tres plantas fotovoltaicas

La Fiscalía Provincial de Valencia investiga un posible delito de falsedad documental y un “eventual” delito de prevaricación administrativa en la tramitación de tres plantas fotovoltaicas en la comarca de Los Serranos. El Ministerio Fiscal acordó el 21 de octubre abrir diligencias de investigación preprocesal y designar fiscal instructor, con delegación en el responsable de Medio Ambiente, tras la denuncia de una plataforma ciudadana sobre supuestas irregularidades en los expedientes de grandes proyectos fotovoltaicos en Godelleta.

Ni la Fiscalía ni la denuncia señalan a un responsable concreto en esta fase, aunque la documentación apunta a la dirección general competente en Energía. Las plantas son proyectos de la mercantil Renovalia, ya investigada por un posible fraccionamiento de un macroproyecto en la misma comarca. En concreto, se apunta a los expedientes de las plantas Godelleta 7, Godelleta 8 y Godelleta 12. La firma impulsa 19 proyectos fotovoltaicos de 50 megawatios en esta zona del interior de Valencia.

La Asociación Defiende Tu Pueblo (Serranía - Camp de Túria), que forma parte de la plataforma por la Ubicación Racional de las Renovables, respaldada por Ecologistas en Acción, puso en conocimiento de Fiscalía “discordancias” en la documentación de estos expedientes. Al colectivo le costó un gran esfuerzo obtener acceso a los datos y tuvo que acudir a Transparencia y al Síndic de Greuges, en un proceso que ha durado varios años.

La entidad presentó alegaciones a los proyectos, que empezaron a tramitarse en el año 2020 y obtuvieron el 'ok' de Medio Ambiente en 2023, pero, según exponen en la denuncia, las declaraciones de impacto ambiental de dos de ellos no recogen una respuesta del promotor a las alegaciones. La entidad pidió acceso a los expedientes y tras varias resoluciones del Consell de Transparencia y del Síndic de Greuges, la conselleria les facilitó la consulta de la información, año y medio después, ya en 2025. En estos expedientes, apuntan, sí se recogía documentos que se identificaban como “respuesta a las alegaciones”, por lo que, o bien no se les facilitaron, o bien se realizaron a posteriori, consideran fuentes cercanas.

En la denuncia, se exponen también otras incongruencias entre informes de impacto ambiental y de patrimonio cultural, con informes referenciados que no coinciden. Asimismo, se relatan una serie de cambios en los proyectos y en la titularidad de los terrenos en los que se pretenden las instalaciones, con anotaciones realizadas a mano. Se dieron numerosas variaciones que, según la denuncia, no estarían del todo acreditadas.

Los expedientes se realizaron en un momento de cambio administrativo. A principios de 2023 todavía regía la llamada 'política de hitos', que obligaba a dar determinados pasos administrativos en mantenimiento y conexión para asegurar la viabilidad de los proyectos. Las declaraciones de impacto ambiental de estas plantas se firmaron el 24 de enero de 2023, un día antes de que venciera uno de esos plazos vinculados a los hitos. En ese momento todavía gobernaba la Generalitat Valenciana la alianza de PSPV, Compromís y Unides Podem, que pedería el Ejecutivo en favor de PP y Vox. En la última etapa del Botànic el responsable de Transición Ecológica, con competencias en energía, fue Enric Juan, mientras que el responsable de Calidad Ambiental era Joan Piquer.

Las competencias para evaluar los proyectos de renovables han ido variando de departamentos, a caballo entre la conselleria de Industria y la de Medio Ambiente, competente en Territorio. Desde hace unos meses, el Ejecutivo del PP unificó todos los procesos en la Conselleria de Medio Ambiente. Fiscalía analiza otras denuncias como la falta de ejecución de los avales de los proyectos que no se han desarrollado, que ascienden a 280 millones de euros. El director general del ramo, Manuel Argüelles, en el cargo desde 2023 dejó el puesto para volver al sector privado el pasado julio y fue sustituido en el cargo por Antonio Miranda Bonet. La salida de tres altos cargos por irregularidades e incompatibilidades en las fotovoltaicas está entre las dudas que el PP tiene sobre la gestión del presidente valenciano Juanfran Pérez Llorca. Como ya informó elDiario.es, Argüelles admitió ser accionista o tener intereses en dos proyectos autorizados por su departamento; su número dos, José Miguel López Cortés, fue cesado por no firmar planes de dudosa legalidad y un alto cargo de Urbanismo se negó a prorrogar una memoria caducada.