El PP y Vox fijan el debate en las Corts de la ley del suelo que permite pelotazos urbanísticos el día de la huelga general

Les Corts Valencianes debatirán las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSPV y Compromís a la Ley del Suelo coincidiendo con la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre, una decisión tomada tras un cambio en el orden del día del pleno impulsado por el PP y por Vox a sabiendas de que Compromís se iba a ausentar del mismo para secundar la jornada reivindicativa.

Por su parte, el PSPV se ha mostrado crítico con la decisión por las “sospechosas prisas” de ambos partidos para sacar adelante esta trascendental ley, pero ha optado por acudir al pleno “para defender las preocupaciones de la ciudadanía en materia de vivienda o educación”.

Todo se fraguó este jueves tras la convocatoria de una junta de síndics celebrada a petición del PP, para modificar la propuesta del orden del día del próximo pleno, que ya estaba fijada y aprobada. El PSPV y Compromís se han negado a este cambio y han acusado a populares y a ultras, en el caso de los socialistas, de “retorcer” el reglamento de la cámara, y en el caso de la coalición valencianista, de “vulnerarlo”.

El PP, por su parte, ha afeado a las formaciones de izquierda, especialmente a Compromís, que utilice una “cortina de humo” y que practique “filibusterismo político” para “engañar a los ciudadanos”: “Quieren ir a la huelga y no saben cómo desmontar la historia”. Mientras, Vox ha negado tener “prisa” en aprobar la Ley del Suelo y ha considerado “normal” este tipo de ajustes en el calendario parlamentario: “No entro en urgencias o no urgencias”.

Lo cierto es que desde que empezó a tramitarse la normativa se ha evidenciado una inusitada prisa por aprobar una de los proyectos de ley más trascendentales para la Comunitat Valenciana, un texto en el que las patronales de los promotores reconocieron recientemente haber participado “activamente”. Sin ir más lejos, la mesa de las Corts, con mayoría del PP y de Vox, decidió tramitar la normativa por la vía de urgencia, por lo tanto con menos participación y transparencia.

La nueva ley del suelo sustituirá íntegramente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobada en junio de 2021 por el Gobierno del Botánico. El objetivo de populares y ultras es aprobarla antes de las fiestas navideñas.

Entre las cuestiones más relevantes de la normativa, el artículo 62 permite implantar en suelo no urbanizable común determinados usos industriales, productivos, terciarios, turísticos y de servicios mediante Declaración de Interés Comunitario (DIC) cuando no estén expresamente prohibidos por el planeamiento y concurran las condiciones legales.

Además, establece que “en suelo no urbanizable protegido solo podrán autorizarse los usos o los aprovechamientos de los señalados en los dos artículos anteriores [turísticos o industriales] que estén expresamente previstos en la legislación sectorial que haya motivado su protección o en el planeamiento urbanístico, que quedarán sujetos a licencia o a declaración de interés comunitario, según proceda”. Además, añade que “cuando la protección derive de la legislación sectorial, los usos y los aprovechamientos tendrán que ajustarse, en todo caso, al régimen establecido por esta y los actos de alteración del estado natural de los terrenos únicamente podrán autorizarse en los términos expresamente permitidos por esta legislación”.

Además, los propietarios de suelos rústicos no urbanizables pueden ser unos de los grandes beneficiados puesto que se abre de forma amplia el abanico de posibilidades por el que se puede explotar estos terrenos, revalorizando su potencial económico. El proyecto establece que en el suelo no urbanizable común, siempre que el planeamiento no prohíba expresamente el uso, pueden autorizarse los usos que contempla la propia ley. 

Entre los usos que se les podrá dar a estos terrenos destacan el de explotación agrícola; transformación y comercialización de productos agrícolas; determinadas actividades terciarias; alojamiento turístico; restauración; actividades deportivas; ecoturismo; determinadas actividades industriales; almacenamiento; determinadas instalaciones energéticas.

La posibilidad de habilitar vivienda aislada y familiar es otra de las opciones que se prevé en suelo rústico no urbanizable común. El artículo 61 permite excepcionalmente esta tipología en parcelas de al menos 10.000 m², con una ocupación máxima de la edificación del 2% del total de la parcela.

El PP y Vox han presentado enmiendas para favorecer la concesión de licencias de obras con un mayor protagonismo de los informes y declaraciones responsables de las entidades colaboradoras urbanísticas valencianas (ECUV) en detrimento de la supervisión de los ayuntamientos.