El Gobierno de Kast hace aguas por un escándalo de rebajas de condenas a agresores sexuales de menores
Mientras el presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, encabezaba la semana pasada su gira europea y era condecorado por Isabel Díaz Ayuso con la medalla de la Comunidad de Madrid, en Chile su Gobierno afrontaba la crisis más profunda de sus ocho meses de mandato. El motivo: la rebaja de condenas a 56 agresores sexuales de menores firmada por su ministro de Justicia, Fernando Rabat, entre marzo y septiembre.
La controvertida decisión, que trascendió hace dos semanas y ha levantado críticas dentro de su propio sector político, contradice uno de los principales pilares del discurso con el que Kast llegó al poder: la promesa de mano dura contra la delincuencia y de una política de seguridad sin concesiones.
“Kast fue muy claro, muy enérgico y muy enfático en materia de seguridad, no solo en la campaña del 2025, también en todo su periplo presidencial desde el 2017 en adelante”, dice a elDiario.es Cristóbal Bellolio, analista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. “Siempre dijo que no iba a tener ningún miramiento con los delincuentes –añade–, que jamás iba a conceder indultos ni beneficios carcelarios, menos a abusadores de menores. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir”.
Octavio Avendaño, sociólogo y politólogo de la Universidad de Chile, coincide: “Hay una incoherencia, una inconsistencia con lo que se había planteado originalmente”.
Kast siempre dijo que no iba a tener ningún miramiento con los delincuentes, que jamás iba a conceder indultos ni beneficios carcelarios, y menos a abusadores de menores. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir
Kast calificó la semana pasada la medida de “error” y dijo que “no hay explicación técnica, criterio jurídico ni procedimiento administrativo” que justifique que un agresor salga antes de la cárcel. Sin embargo, ha mantenido a Rabat en el cargo. “La responsabilidad política la asumí yo, porque soy el presidente de la República”, reiteró el mandatario el martes desde Roma.
Quien sí fue cesado de su cargo la semana pasada fue el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, después de publicar en sus redes un vídeo no autorizado exculpándose y responsabilizando a su superior.
El escándalo de las rebajas de condenas ha llevado la popularidad de Kast a mínimos. Según las últimas encuestas, su aprobación ha caído hasta el 25%, mientras que su desaprobación alcanza el 65%, las peores cifras desde que llegó al poder, en marzo.
“El Gobierno está por debajo de los 30 puntos de aprobación y ha traspasado una barrera simbólica. Boric, su predecesor, con un gobierno muy complicado, nunca bajó de esa cifra”, apunta Bellolio.
Entre los beneficiados también figuran tres condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, de la que Kast ha sido defensor; y tres ciudadanos venezolanos que decían pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.
Abogado de profesión, Rabat defendió a Pinochet en 1998, durante su detención en Londres, y en 2004, en una causa por presunta malversación de fondos públicos durante la dictadura que fue archivada tras la muerte del general.
Flancos abiertos en seguridad y economía
La crisis por las rebajas de condenas se suma a los problemas económicos, que Kast tampoco ha conseguido resolver. La economía chilena sigue en retroceso, con el desempleo en su nivel más alto desde 2021, los precios de los combustibles cerca de máximos históricos y el coste de la vida al alza. El Banco Central chileno estima que la economía del país terminará 2026 con un crecimiento de entre el 0,25 % y el 0,75 %, frente al 2,5 % de 2025. La semana pasada, el propio presidente calificó la falta de empleo como “el dolor más grande” que enfrenta Chile.
También ha quedado en entredicho la estrategia económica del presidente, que prometió reactivar la economía mediante un ajuste fiscal y una rebaja de impuestos incluida en una reforma tributaria, aprobada en tiempo récord y en vigor desde octubre.
El aumento de los precios de los combustibles, sumado al fuerte ajuste fiscal, ha desincentivado la demanda y el gasto, y ha presionado el crecimiento económico hasta situarlo en torno al cero
La ciudadanía, que hoy ya está más preocupada por la situación económica que por la inseguridad, tuvo que hacer frente al llamado bencinazo, una subida histórica del precio de los combustibles provocada por la decisión de Kast de no intervenir el mercado de los carburantes y traspasar a los consumidores el encarecimiento derivado de la guerra en Oriente Medio.
“El aumento de los precios de los combustibles, sumado al fuerte ajuste fiscal, ha desincentivado la demanda y el gasto, y ha presionado el crecimiento económico hasta situarlo en torno al cero”, explica a elDiario.es el economista de la Universidad Central de Chile Francisco Castañeda. A ello se suman, según indica, la baja productividad laboral y la falta de inversión, otros dos factores que explican las dificultades económicas del país.
“Este Gobierno prometió seguridad y economía, pero todavía no ha sido capaz de mostrar resultados en ninguno de los dos frentes”, resume Bellolio.
Los tropiezos de Kast comenzaron prácticamente desde el inicio de su mandato. Tras la subida de los combustibles, aplicada apenas asumió el poder, llegó el primer cambio de gabinete, el más rápido desde el retorno de la democracia en 1990: el presidente llevaba entonces apenas dos meses en el cargo.
Kast destituyó a Trinidad Steinert, su principal apuesta para el Ministerio de Seguridad, después de que la ministra reconociera que no esperaba que el Congreso le exigiera un plan estructurado para su cartera. También salió del Ejecutivo la portavoz, Mara Sedini, cuestionada por su gestión.
“Se adoptaron medidas impopulares y surgieron problemas de mala gestión en algunos ministerios que perjudicaron la imagen del Gobierno y transmitieron la impresión de un Ejecutivo débil, que improvisaba con frecuencia”, señala Avendaño.
Otro revés llegó cuando Kast debió retirar del Congreso, por falta de apoyos incluso dentro de sus propias filas, su polémica reforma de seguridad, que contemplaba un nuevo estado de excepción constitucional, con fuertes restricciones a las libertades personales, y otorgaba más atribuciones al presidente.
Las rebajas de condenas, añade Avendaño, “culminan una serie de problemas y desaciertos que han marcado la trayectoria del Gobierno desde marzo”.
¿Futuro sin Rabat?
La crisis del Gobierno ultraderechista ha escalado a tal punto que no solo la oposición cuestiona la continuidad de Rabat en el cargo. También han surgido voces contrarias a su permanencia entre los sectores más moderados de la derecha tradicional, algunos de cuyos representantes forman parte del gabinete de Kast.
“Existe mucha disidencia y muchas discrepancias en el oficialismo”, apunta Avendaño. Según él, existe una mayoría de ministros independientes en el gabinete frente a una minoría de militantes, lo que “produce una pérdida de apoyo político de los partidos”.
En los próximos días, la oposición, que sigue debilitada, impulsará un juicio político en el Congreso que cuenta con el apoyo de varios parlamentarios de la derecha tradicional. Para ellos, la salida del abogado, que no tiene experiencia política previa, podría contribuir a desactivar la crisis.
Si prospera el juicio político, Rabat será destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Los expertos coinciden en que será difícil reconducir la crisis mientras Rabat permanezca en el cargo. En las últimas semanas, se han convocado varias protestas para exigir su renuncia. La última, el martes, cuando varias organizaciones feministas reunieron a cientos de mujeres frente al Palacio de La Moneda para entonar el himno Un violador en tu camino, la conocida performance contra la violencia machista nacida en 2019 en Chile.
“Se hace insostenible que mantenga al ministro”, dice Claudia Heiss, de la Red de Politólogas. Los costos que está pagando el Gobierno por defenderlo “son muy altos”, según ella, que cree “probable” que finalmente tenga que ceder a la presión y pedirle la renuncia a Rabat.
Si no hay cambios, concluye Avendaño, el de Kast Podría convertirse en un “gobierno de administración”, en el que resultaría difícil avanzar en la agenda del Ejecutivo y acabaría primando “la lógica de asegurar la permanencia”.
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