Alza histórica de la gasolina, muros fronterizos y recortes en educación: el estreno del ultraderechista Kast en Chile
Solo han hecho falta dos semanas para que el presidente ultraderechista José Antonio Kast atraviese su primera crisis al frente de La Moneda. Los sondeos muestran cómo su popularidad se resiente tras una serie de anuncios económicos controvertidos que han sentado mal a la población chilena, y que han desencadenado las primeras protestas contra el recién nacido Gobierno.
Todo empezó el pasado lunes, cuando, a través de una modificación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), el Ejecutivo aprobó un alza histórica de los precios de la gasolina y el diésel, como consecuencia de la subida del petróleo por la guerra en Oriente Medio. La medida, que entró en vigor el jueves, repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos, pero Kast ha defendido su decisión de no intervenir para paliar el encarecimiento del combustible para no endeudar al Estado, pidiendo “responsabilidad” y “solidaridad” a los chilenos y la oposición.
Como consecuencia, el precio de la gasolina ha aumentado más de un 40% y el del diésel, por encima del 60%. Con el estallido social de 2019 en la memoria, el alza ha venido acompañada de un paquete de medidas paliativas aprobado por el Congreso que incluyen una congelación de las tarifas del transporte público y escolar en Santiago, ayudas para taxistas y algunos transportistas y una bajada, de cara al invierno, del precio de la parafina, uno de los combustibles más utilizados por las familias chilenas para calentar sus hogares.
Pero no ha sido la única medida polémica. Ya pocos días después de asumir como nuevo presidente de Chile el pasado 11 de marzo, Kast mandó una fuerte señal para dejar claro que cumplirá sus principales promesas de campaña enfocadas, además de en la economía, en el orden público y la migración, con la construcción de un muro en la frontera norte.
Desde la ciudad fronteriza de Arica, una de las vías de entradas irregulares que más ha crecido en los últimos años y ubicada 2.200 kilómetros al norte de la capital, Kast dio inicio el 16 de marzo a las obras para la construcción de un muro de cinco metros de altura en el confín de Chile con Perú y Bolivia y zanjas de tres metros de profundidad en los sectores “de alto tráfico migratorio”, para frenar el ingreso irregular de personas. “Esto no es solo una zanja, es mucho más, es un sistema”, dijo el mandatario, rodeado de varios de sus ministros.
La medida forma parte del llamado Plan Escudo Fronterizo, que busca un cierre total de la frontera a la migración irregular, con sanciones “severas” y un despliegue militar y policial “sin precedentes” que incluye tecnología militar, drones autónomos, alambres y torres de vigilancia en la zona.
La migración en Chile se ha duplicado desde 2017 y actualmente representa más del 8% de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que estima en más 330.000 las personas que están en situación irregular, la mayoría venezolanos.
La idea de levantar una zanja en el norte viene de lejos. Ya fue planteada en la campaña electoral de 2021, su segundo intento de llegar a La Moneda que fracasó tras perder la segunda vuelta contra Boric. En su tercer intento –y definitivo– prometió crear un “gobierno de emergencia” enfocado en la economía, la seguridad y la migración para revertir la situación que, según él, legó al país la Administración anterior, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano disminuyeron durante el mandato de su predecesor.
“Criminalización y estigma”
La noche de su investidura el 11 de marzo, en un gesto inusual en la tradición chilena, Kast firmó varios decretos, entre ellos uno para aumentar la dotación militar en las regiones fronterizas y otro para ordenar el inicio de las obras del llamado “escudo”. Además, el nuevo Gobierno de extrema derecha ha enviado varios proyectos de ley al Congreso en materia migratoria, como el que restringe los beneficios sociales a las personas sin papeles o el que califica de delito –no de falta administrativa– el “ingreso clandestino” al territorio chileno. De aprobarse, Chile regresaría a la situación previa a 2021, cuando la Ley de Migración y Extranjería actual reemplazó la anterior, instaurada durante la dictadura, y estableció, por primera vez que “la migración irregular no es constitutiva de delito”.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes alertan de que el anuncio del nuevo Ejecutivo es “un retroceso significativo en derechos, incluso en los que están resguardados en acuerdos y tratados internacionales”, dice a elDiario.es la directora de la organización Migrantas, Catalina Bosch, quién muestra “preocupación” por “la criminalización y estigmatización” sobre la población migrante, y recuerda que “la mayoría de las personas migrantes no cometen delitos”.
Las personas igual buscarán lugares por donde migrar porque necesitan buscar asilo
Para Juan Pablo Ramaciotti, director del Centro de Políticas Migratorias de Chile, “las barreras físicas, las deportaciones y el endurecimiento legal son insuficientes por sí solos” para mejorar el control migratorio y el desarrollo social y económico. Según él, es necesario establecer vías de migración regular “claras”, plazos “razonables” para tramitar visados y políticas de integración para quienes ya residen en el país.
Kast, que hace dos años visitó la valla en la frontera húngara y ha conversado y aplaudido en varias ocasiones a Víctor Orbán por su iniciativa, pretende crear un amplio dispositivo de muros y vallas de 500 kilómetros en distintos sectores de la frontera norte. “Este es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán”, ha dicho.
Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrantes Chile, una de las organizaciones de apoyo a esta comunidad, indica que a elDiario.es que, pese a las vallas, “las personas igual buscarán lugares por donde migrar porque necesitan buscar asilo, refugio” por las crisis que atraviesa el continente. “Habrá movilidad humana igual por espacios peligrosos, y así –añade– se va instalando el crimen organizado y la trata de personas en esas zonas”.
Tanto Bolivia como Perú evitaron criticar a Kast por su despliegue fronterizo y aseguraron que se trata de una medida “dentro del territorio chileno” que no afectará a las relaciones bilaterales con sus vecinos, en especial con Bolivia, donde por primera vez en dos décadas gobierna un presidente de centroderecha. Tanto Rodrigo Paz como Kast han expresado su voluntad de colaborar juntos.
Sin gratuidad después de los 30
Alineado con sus prioridades de Gobierno, el nuevo mandatario ha lanzado también, desde la sureña región del Biobío, su primer gran proyecto de ley, el llamado plan de “Reconstrucción Nacional”. Se trata de una batería de 40 medidas para, entre otras cosas, combatir el déficit fiscal que –asegura– fue heredado de la Administración del progresista Gabriel Boric, entre ellas, rebajar impuestos a las empresas, agilizar los permisos ambientales y limitar la gratuidad universitaria hasta los 30 años.
“El Gobierno busca condenar a la población por sobre de los 30 años y de clase media o baja, ya que el recorte de la gratuidad en este rango significa impedir que las familias se puedan profesionalizar o que quienes tuvieron que suspender sus estudios en su juventud por diversos motivos (maternidad, trabajo, etc.) puedan retomar su sueño de estudiar”, opina a elDiario.es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, Diego Torres.
Reivindicada en las calles por exlíderes estudiantiles como el propio Boric durante la primera Administración del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) e instaurada en el segundo mandato de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018), la gratuidad, que hoy reciben –según recoge la prensa local– casi 26.000 mayores de 30 años, cubre los cuatro o cinco años de duración de una carrera y no tiene un límite de edad máximo.
“Exigimos que se convoque a una movilización nacional”, publicó en redes sociales la presidenta de la Federación de la Universidad de Santiago (Usach), Andrea Abarca. “Ya es tiempo de rearticularnos como movimiento estudiantil, frente a los retrocesos anunciados por el Gobierno de Kast”.
Precisamente, los estudiantes han sido el primer grupo que ha salido a la calle contra el Gobierno de Kast. Este jueves, en un Santiago blindado, cientos de personas se concentraron fuera de la antigua sede del Congreso, en el centro de la capital, para protestar contra el alza del precio de los combustibles. Según los medios locales, se produjeron algunos disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y agentes de los Carabineros, la policía militarizada, que desplegó camiones con mangueras de agua a presión y blindados dotados de gas pimienta. La protesta se saldó con 14 detenidos.
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