La Riera de Gaià, el pueblo sacudido por los desahucios y un conflicto con la Sareb: “Nos han estafado”

“¿Art. 47 [de la Constitución]? ¡¡No existe, dejando a las familias en la calle!! Basta especulación”. Pintado en letras mayúsculas y negras, este grafiti se lee en la esquina de la avenida Francesc Macià con la calle Sant Jordi de La Riera de Gaià. En este pueblo de 1.800 habitantes de Tarragona, un intento de desahucio de varias familias ha sacudido la vida cotidiana y ha llamado la atención de las autoridades y la prensa catalana.

Los vecinos que viven en estas dos calles, una isla de 20 casas pareadas, mantienen un pulso con la Sareb para no perder sus viviendas. Algunos llevan más de diez años viviendo allí. Los residentes las alquilaron a la promotora de la urbanización, Park Gaià Residencial, con sede en Terrassa, y le pagaban las mensualidades con normalidad, según relatan.

Pero la empresa acumuló una deuda hipotecaria y las viviendas acabaron en manos de la Sareb. Los inquilinos, que desconocían los impagos de la compañía, siguieron abonando la renta a la promotora, sin saber que el dinero nunca llegó a la nueva propiedad, que inició un proceso judicial para desahuciar a las familias por impago. Finalmente, se programó el desalojo de siete de estas familias para el pasado 20 de octubre, pero la expulsión fue aplazada gracias a la presión vecinal.

Los vecinos denuncian haber sido “estafados” por la promotora, a la que acusan haber seguido cobrando las mensualidades mientras las casas acumulaban una deuda hipotecaria.

Un pueblo en el foco

El conflicto ha saltado de las dos calles afectadas al resto del municipio. La noticia, que la mayoría de vecinos conocieron por redes sociales y medios de comunicación, ha generado reacciones diferentes en el vecindario y ha llevado al alcalde, Joan Casas Torras, a implicarse para intentar frenar los desahucios.

Los afectados coinciden en que les ha apoyado desde el inicio. Según explicó él mismo a la prensa local (no ha atendido las llamadas de elDiario.es), envió una carta a la Sareb para pedir que se frenaran los desahucios, al considerar que se trata de “familias arraigadas al municipio desde hace años y que han cumplido con sus obligaciones”.

“El día del desahucio había mucha gente del pueblo aquí y también de los pueblos vecinos, de Altafulla y de Torredembarra. También estaban el alcalde y otras autoridades locales”, explica a elDiario.es Esther Palma, de 46 años, una de las inquilinas afectadas. Buena parte de la repercusión se dio por el mensaje que el cantante de la banda catalana Els Pets, Lluís Gavaldà, difundió en sus redes para denunciar el desahucio que enfrentaba su hermana, Annabel Gavaldà.

“Ha venido mucha prensa y el tema se ha comentado estos días, pero hay opiniones de todo tipo. Nosotros conocemos a las familias afectadas, así que empatizamos con ellas”, cuenta Cristina, la farmacéutica del pueblo.

Noe, trabajadora del Casal, situado a pocos metros de las casas afectadas, conoce a varias de las familias en riesgo de desahucio y mantiene una relación de amistad con algunas de ellas. Por eso, dice, esta situación “se vive mal”. Hay vecinos, añade, que “llevaban más de diez años pagando a una promotora que no cumplió”.

En el centro del pueblo, algo más alejado de las casas perjudicadas, la reacción es distinta. Maria Teresa, Pepita y Paquita, tres amigas octogenarias que conversan en la terraza de un bar, no se enteraron de la movilización hasta que la vieron por televisión. Joan, otro vecino, considera que entre los afectados “hay de todo” y que “no se puede meter a todos en el mismo saco”. Según él, “a unos se los puede ayudar, pero a otros no necesariamente”.

Un laberinto administrativo

Entre los afectados por los impagos de la promotora hay casuísticas muy distintas. Algunas familias han podido acreditar su situación de vulnerabilidad y han accedido a un contrato asequible de 677 euros o a un alquiler social ajustado a sus ingresos. Otras han quedado excluidas de estas opciones por tener otra propiedad a su nombre (alquilada a un tercero). Y algunas siguen atrapadas en un laberinto administrativo entre la Sareb, la gestora inmobiliaria y la Administración. Es el caso de Esther Palma, así como de Judith Palmar y David González.

Esther Palma llegó a la avenida Francesc Macià de La Riera de Gaià en 2018, cuando su hija tenía poco más de un año. Firmó un contrato de 600 euros con Park Gaià Residencial, cuyo representante legal es, hasta hoy, Pablo L. G., según consta en el Registro Mercantil de Barcelona. Sin embargo, Palma explica que quien se ocupaba de las gestiones y de las reparaciones era un hombre llamado Félix, un administrador de las fincas que, según relata, “terminó desapareciendo”.

“No depositaron el dinero de la fianza al Institut Català del Sòl, como dice la ley, y el dinero de nuestro alquiler se lo quedaban”, denuncia Palma. Las primeras señales de alarma llegaron en noviembre de 2025. Los vecinos recibieron entonces un aviso para que dejaran de pagar el alquiler a la promotora y empezaran a transferir las mensualidades a BASE-Gestión de Ingresos, el organismo que gestiona la recaudación de ingresos de la Diputación de Tarragona y de los entes locales.

Poco después, empezaron a ver a personas que se acercaban a las casas interesadas en comprarlas. Según les explicaban, las viviendas “eran del banco” y “estaban embargadas”.

“Empezamos a ver nuestras casas en portales inmobiliarios y descubrimos que salían a subasta y se las quedaba la Sareb. Mientras nosotros pagábamos el alquiler, nuestras casas se subastaban”, cuenta Francesc Ramon Anglada, pareja de Annabel Gavaldà. Ambos llevan más de doce años viviendo en una de las viviendas afectadas.

Después de recibir una primera notificación de la Sareb en la que se les pedía que se identificaran, los vecinos recibieron en julio una orden judicial de desahucio para el 20 de octubre, que afectaba a veinte de las viviendas.

Desde entonces, algunos lograron acreditar su situación de vulnerabilidad y tramitar nuevos contratos, pero varios aún no lo han conseguido y siguen insistiendo en esta salida. Otros incluso se han ofrecido a comprar la vivienda, pero por ahora la Sareb rechaza esta opción y la amenaza del desahucio sigue en pie para dentro de dos meses.

“Toda la documentación sobre mi situación de vulnerabilidad no le llegaba a la Sareb, que no tenía constancia de mi estado”, lamenta Esther Palma. Judith Palmar y David González llegaron a la urbanización en junio de 2025, después de que un vecino les ofreciera alquilar una de las casas durante una conversación en un bar.

“Nos enseñaron la casa, nos encajó muy bien y un hombre llamado Félix nos hizo un precontrato. Nos cobró la fianza y el primer mes de alquiler, y después fuimos pagando mes a mes”, explica David González. La pareja abonaba 650 euros mensuales por una casa de dos plantas y cuatro habitaciones.

Nunca llegaron a firmar el contrato definitivo, pero cada mes Félix acudía a la vivienda para cobrarles el alquiler en efectivo, hasta que dejó de hacerlo y, según González, “desapareció”. Comenzaron a sospechar que “algo no funcionaba” cuando fallaron los servicios de la comunidad: “Se estropeó la piscina comunitaria, no sabíamos qué hacer, nadie se hacía cargo”, recuerda.

Poco después, recibieron una carta de la Sareb en la que se les informaba de que las viviendas habían pasado a su propiedad por la deuda hipotecaria de la promotora. Más tarde llegó la notificación judicial de desahucio. “Todos los vecinos afectados queremos llegar a un acuerdo con la Sareb, firmar un contrato y poder vivir aquí tranquilos”, insiste David González.

Negociaciones con la Sareb las próximas semanas

La suspensión de los desahucios da ahora a las familias un margen de 60 días para intentar negociar con la Sareb, aunque la amenaza de perder sus viviendas sigue presente. El decreto de medidas urgentes por la vivienda aprobado por el Gobierno el 6 de octubre podría evitar su desahucio en caso de que logren acreditar una situación de vulnerabilidad.

Ahora bien, las razones por las cuales les han dado este tiempo extra son diferentes dependiendo de cada familia. Según Rebeca Fábregas, abogada de Esther Palma, algunos afectados tienen pendiente una vista judicial para determinar si los ocupantes tienen derecho a permanecer en las viviendas y durante cuánto tiempo. En otros, asegura Francesc Ramon, la suspensión se habría producido por la presión social.

La prensa local informó de que la Generalitat “intervino” en la suspensión del desalojo y el presidente catalán, Salvador Illa, aludió en sus redes sociales a los decretos de vivienda para explicar el aplazamiento de los lanzamientos.

Por ahora, la Sareb ha dicho que analizará individualmente la situación de las familias para determinar si pueden acceder a un contrato de alquiler social o asequible y ha fijado negociaciones con algunas familias para las próximas semanas.

“Esto ahora es un problema mío, pero cuando se resuelva habrá otra gente afectada y hay que seguir luchando por todos ellos”, dice Esther Palma, que estos meses ha contado con el apoyo del Sindicato de Vivienda. La vecina tiene claro que no quiere marcharse y que cumplirá la promesa que le hizo a su hija cuando la niña, ajena a la amenaza de desahucio, le preguntó si podrían quedarse en el pueblo para siempre. “No nos vamos a ir nunca”, le respondió.