El PSOE pide tiempo a Pedraz para entregarle los contratos con sus abogados porque puede afectar al secreto profesional

El PSOE ha enviado un escrito al juez del caso Leire Díez en el que le explica que no puede entregarle la documentación que le solicitó -relación de todos los despachos de abogados que han trabajado para el partido desde 2021 y hasta 2025 y las hojas de encargo- porque esa información no está centralizada y, como el partido está volcado en la precampaña electoral, “la capacidad de respuesta inmediata se ve obviamente mermada”. Suma a esto que lo solicitado por el magistrado Santiago Pedraz afecta “a muchas personas distintas y ajenas al partido, cuyos concretos derechos e intereses pueden quedar lesionados si se conocieran públicamente los datos solicitados”.

La asesoría jurídica del PSOE, que dirige el letrado Alberto Cachinero, indica al juez que, en realidad, entre el primer mandamiento de Pedraz del día 6 de octubre al apremio del 21 de octubre sólo han pasado siete días hábiles, “tiempo absolutamente insuficiente para cumplir un requerimiento que abarca cinco años y a todo el ámbito territorial de I PSOE. Advierte, además, de que ”una parte sustancial de la información requerida se encuentra sometida al deber de secreto profesional“. Y recuerda que el artículo 22.1 del Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE) extiende ese deber y derecho a ”todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas“ conocidos, emitidos o recibidos en el ejercicio profesional.

En este sentido, advierte al juez de que ya el mero hecho de establecer una relación completa de letrados o despachos profesionales que han sido contratados “no solo revela la existencia de actuaciones profesionales, sino que también, con frecuencia permite inferir su objeto”. Añade que esos datos afectan a terceros (abogados externos) y que, por tanto, debería tener autorización de cada uno para levantar ese secreto profesional.

Cachinero indica, además, que las hojas de encargo, los contratos y los expedientes de contratación solicitados, “no solo describen el objeto del encargo, los asuntos encomendados y las partes sino que frecuentemente anuncian la estrategia de defensa o permiten inferirla sobre la base de las actuaciones e intervenciones minutadas o a minutar”.

De hecho, advierte de que ha solicitado al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional en relación con la información requerida pero no con la finalidad de “dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado” sino solo por “dotarlo de las garantías” que se exigen. Por eso, insiste, necesita que Pedraz “conceda a este Partido un plazo adicional para el cumplimiento del requerimiento” desde que se pronuncie el CGAE.

En el escrito remitido al colegio, que anexan para conocimiento del juez, Cachinero señala que la información requerida por Pedraz “desborda” su ámbito individual porque “compromete el secreto de numerosos compañeros y compañeras incorporados a distintos Colegios, así como la confidencialidad de las encomiendas de terceros. Por eso, pide al CGAE que traslade al juez su criterio sobre el alcance del secreto profesional en referencia a los datos que pide el magistrado. Y recuerda que el reglamento tilda de ”inquietante o perturbadora toda actuación de autoridades judiciales o del personal de las oficinas judiciales que suponen una limitación o menoscabo de la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional.