El PP debate rebajar las sanciones del Mar Menor: “¿Quién va a querer cumplir la ley si no tiene ninguna repercusión?”

La reforma de la Ley del Mar Menor aterriza este miércoles en la Asamblea Regional. Tras el parón estival, el debate sobre la polémica ley abre el nuevo periodo de sesiones con tres propuestas sobre la mesa: la del PP, la de Vox y la registrada por Podemos desde el Grupo Mixto. El Pleno abordará su toma en consideración, el primer trámite parlamentario para que los textos continúen, o no, su recorrido en la Cámara. La iniciativa de los populares parte con ventaja al contar con el apoyo anunciado de José Ángel Antelo y Virginia Martínez, los dos exdiputados de Vox que ahora forman, junto a los parlamentarios de Podemos, parte del Grupo Mixto.

La modificación abarca, tal y como define el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, “un punto de un artículo y una disposición adicional”. Aunque el portavoz insiste en que “lo que estaba prohibido va a seguir estando prohibido y lo que estaba permitido va a seguir estando permitido”, de aprobarse la modificación de la normativa vigente se rebajarán sanciones y condicionarán castigos a los infractores que contaminen la laguna salada: sustituye el régimen autonómico de sanciones sobre nitratos por el estatal, lo que en la práctica rebaja las horquillas de las multas; la comisión de infracciones graves o muy graves pasan de conllevar la pérdida automática del derecho a subvenciones públicas durante dos años a que esto solo sea una posibilidad; y elimina la obligación de que las explotaciones agrícolas y ganaderas contraten las Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria (Ecarm) para las inspecciones.

Junto a la iniciativa de los populares, el Pleno someterá también a toma en consideración las propuestas registradas por Vox y por Podemos en el Grupo Mixto. La formación de Santiago Abascal plantea una reforma que, además de revisar las restricciones a la actividad agraria, excluye al municipio de Fuente Álamo de determinadas restricciones, “al no existir conexión entre su acuífero y el acuífero Cuaternario”. El Grupo Mixto, por su parte, ha registrado su propia propuesta de modificación de la ley para restringir la expansión de las macroplantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente.

Contaminar sin perder la subvención

Uno de los cambios más controvertidos se ha logrado modificando una sola conjugación verbal. La reforma toca el artículo 83.4, que restringe el derecho a acceder a subvenciones públicas a los infractores. En el nuevo texto, se sustituye “conllevarán”, por “podrán conllevar”, lo que supone que la pérdida del derecho a subvenciones públicas durante dos años pase a ser tan solo una posibilidad, en lugar de una consecuencia automática. “Los infractores y no infractores van a competir en igualdad de condiciones para acceder a una subvención, ¿quién va a querer cumplir la ley si no tiene ninguna repercusión?”, plantea Carmina Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia.

Para Podemos, el cambio deja esa decisión en manos de la Administración. “Dependerá del criterio de la Consejería”, sostiene su portavoz, María Marín. “Rebajan el régimen sancionador, que lo aplican los jueces, para así poder suavizar todo aquello que escapa del control del Gobierno regional y el Partido Popular”, abunda Fernández.

Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rubén Martínez Alpañez, cuestiona que la reforma no vaya más allá en la revisión de las consecuencias de las sanciones. A su juicio, que una infracción grave o muy grave tenga aparejadas restricciones sobre las ayudas es razonable, pero reclama que las mismas reglas se apliquen a todos los agricultores.

Rebaja de la horquilla sancionadora

En el año 2022, dos años después de que saliera adelante la Ley del Mar Menor, se aprobó la ley estatal 30/2022, por la que se regula el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. En el texto, se establece un régimen sancionador en materia del uso sostenible de nutrientes en la agricultura. De aprobarse la modificación, se aplicará este marco general, pensado para la generalidad nacional y que no tiene en cuenta la vulnerabilidad de la laguna.

Se trata de otro de los puntos que cuestionan desde la oposición. Marín sostiene que la Ley 30/2022 no obliga a eliminar los regímenes específicos de las comunidades autónomas y cita el artículo 27.1 de la norma, que establece que el régimen estatal se aplicará “salvo en las comunidades autónomas que dispongan de régimen sancionador específico, en las que se aplicará dicho régimen”. La diputada considera que este precepto permite mantener el régimen sancionador específico de la Región de Murcia y cuestiona el argumento utilizado por el PP para modificarlo.

“Una situación de contaminación y de desequilibrio excepcional como tiene el Mar Menor, necesita una legislación excepcional, que es la Ley de Protección del Mar Menor. La laguna salada es el espacio más degradado que hay en todo el Mediterráneo y no podemos aplicarle las mismas sanciones que a otros sitios”, reclama Fernández.

“Existe el principio legal de no regresión ambiental, que indica que no se pueden dar pasos atrás en la protección de espacios naturales si no están justificados. Y en este caso está claro y a la vista está que no están en absoluto justificados”, recuerda la portavoz socialista.

Por otro lado, Alpañez coincide con los populares en que se debe equiparar el régimen sancionador de la laguna al estatal, argumentando que la normativa específica del Mar Menor se diseñó en un contexto de mayor deterioro de la laguna y que mantenerla para los agricultores del Campo de Cartagena supone un trato discriminatorio respecto al resto de productores de la Región. “Se está dando el mismo trato a todos los agricultores salvo a los del Campo de Cartagena”, afirma Alpañez, que califica esta situación de “apartheid”.

Eliminación de las Ecarm

Con la modificación el control de las explotaciones agrícolas y ganaderas a través de las Ecarm pasará de ser una obligación a una sugerencia, dado que el nuevo texto cambia “tendrán la obligación” por “podrán contratar”.

“Si ya era complicado la participación de las Ecarm en la gestión del Mar Menor, ahora las van a hacer absolutamente innecesarias”, lamenta Fernández.

Marín cuestiona igualmente la eliminación de la obligación de contratar las Ecarm y considera que supone perder una vía de control en un contexto en el que, a su juicio, los medios de inspección de la Administración son ya insuficientes.

Sobre las Ecarm, Vox respalda la eliminación de su obligatoriedad, aunque defiende que sea la propia Comunidad Autónoma la que asuma las labores de control. Alpañez califica de “disparate” que los agricultores tengan que contratar obligatoriamente a una empresa para verificar el cumplimiento de la normativa y considera que no deberían tener que “estar defendiendo permanentemente su inocencia”, por lo que, a su juicio, que dejen de ser obligatorias es “un paso importante”.

Vox: la modificación avanza sin el partido que la exigió

La iniciativa del PP tiene además un recorrido político particular. La reforma de la Ley del Mar Menor fue una de las exigencias que Vox incluyó en el acuerdo presupuestario alcanzado con el PP para 2025, una proposición que los populares presentaron en diciembre de ese año. Se concibió al dictado de los de Abascal, llegando a modificarse en febrero para incluir la eliminación de la obligatoriedad de las Ecarm y así contentarlos cuando Antelo aún estaba al frente de este partido.

Sin embargo, la propuesta que ahora impulsa el Gobierno regional no cuenta con el respaldo de Vox, sino con el de Antelo y Virginia Martínez, que abandonaron la formación poco después y se integraron al Grupo Mixto.

Casualmente, el día antes de que se presentase la proposición para modificar la Ley del Mar Menor, Antelo y Martínez se reunieron con la Fundación Ingenio, colectivo civil que asegura aglutinar al 85% de los agricultores del Campo de Cartagena. El pasado martes, vísperas del debate, se reunieron con más representantes del sector agroalimentario: “No estamos aquí para bloquear por bloquear ni para hacer ruido. Estamos para conseguir resultados. Mañana tenemos la oportunidad de empezar a corregir una injusticia histórica con el campo murciano y vamos a aprovecharla”, aseguraron.

Los cambios ya generaron una fuerte contestación cuando el PP registró su propuesta a finales de 2025. Organizaciones ecologistas y expertos en derecho ambiental alertaron entonces de que la rebaja del régimen sancionador podía vulnerar el principio de no regresión ambiental, que impide a las administraciones reducir sin una justificación suficiente el nivel de protección alcanzado para un espacio natural.

La reforma también encuentra una oposición frontal en la oposición parlamentaria. Marín considera que el Gobierno regional pretende rebajar las exigencias de una ley cuyos instrumentos fundamentales, a su juicio, todavía no se han desarrollado plenamente. “

“El Gobierno regional no la está cumpliendo [la Ley del Mar Menor] desde su aprobación”, afea la portavoz de los socialistas, que recuerda que el Ejecutivo regional todavía no ha elaborado un Plan de ordenación territorial de la cuenca vertiente, aprobado el programa de actuación de la contaminación por nitratos en el campo de Cartagena o un estudio de los puertos de la laguna salada.

La portavoz de Podemos acusa además al PP de actuar “al servicio de sus amos, el agro y la construcción” y sostiene que pretende “cargarse la protección, el mantenimiento, la restauración y el deber que tienen como Administración de conservación del medio ambiente”.

La diputada también endurece sus críticas al PP por el modo en que, según sostiene, está defendiendo la modificación. “Estoy muy cansada de que el PP intente usar la falta de conocimiento de todas estas cuestiones para hacer lo que le da la gana”.

La posición de Podemos choca también con la de los dos diputados cuyo apoyo permite al PP sacar adelante su iniciativa. Marín resta importancia a la postura de Antelo y Virginia Martínez y sostiene que habrían respaldado la reforma aunque el PP hubiera presentado otro tipo de modificación. “A mí la postura de Antelo y Martínez me trae sin cuidado”, afirma. La portavoz asegura que su partido ya advirtió en abril de una operación de transfuguismo vinculada a la aprobación de otras iniciativas del Gobierno regional. “Lo dijimos hace cuatro meses y se ha cumplido todo, desgraciadamente, todo al dedillo”, afirma. Marín acusa a ambos diputados de estar “vendidos al PP”.

La posición de Vox marca también una distancia clara con la de Antelo y Virginia Martínez, a quienes Alpañez acusa de tránsfugas: “Se han entregado a los brazos del PP y han dado carta blanca” al Gobierno regional.