Sobre los mal llamados 'perros potencialmente peligrosos' (PPP) he escrito en otras ocasiones, pero hoy quiero compartir con los lectores un caso real que me ha hecho llegar mi compañera y querida amiga Ana Casadiego.

Antes te voy a presentar a  Ana. Es una jurista y, a día de hoy, salvo algún error por mi parte, es la única mediadora homologada especializada en Derecho Animal. 

Tuve la suerte de conocerla hace varios años en El Vergel, un municipio de Alicante, cuando coincidimos en una visita a la protectora de animales S.C.A.N.  justo cuando fui a llevarles una american stadffordshire que acababa de rescatar de un cruel caso de delito de maltrato animal.

Hoy hablo de Rainfer porque hace unos días me apené muchísimo cuando me enteré de que habían robado a Marta y Eider, dos ancianitas primates del interior de las instalaciones de Rainfer.  Afortunadamente ya han aparecido.

El responsable es autor de un delito de robo con fuerza y de un delito de contrabando ilegal de especies. Me enteré de este caso por casualidad cuando me llamaron para hacerme una entrevista en Onda Cero en el programa de Como el Perro y el Gato, precisamente por el post que escribí en este blog sobre la jurisprudencia a favor de alimentar colonias felinass por entidades de protección animal durante el confinamiento.

Afortunadamente, justo cuando iba a contactar con mis queridos amigos de Rainfer para ver si podía escribir algo que les sirviera de ayuda para localizar a sus queridísimas Marta y Eider, he visto que han aparecido y que ya están a salvo. Me he alegrado tanto, que he pensado en compartir esta buena energía.

En este artículo quiero hacer visibles y darles mi gran aplauso a unos héroes invisibles hasta ahora: me refiero a los voluntarios de las protectoras que cuidan de los seres más indefensos, aún poniendo en riesgo sus vidas, al enfrentarse al coronavirus saliendo de sus casas en pleno confinamiento para salvar y atender vidas de animales indefensos. ¡¡Gracias!!

Pero antes de todo, empecemos por el principio.

1 ¿Qué es una protectora de animales?

En España en muy pocas ocasiones han llegado casos de gatos ferales o de colonias felinas a los juzgados. Hay casos contados, como el de la  sentencia histórica de 2014 en la que el Ayuntamiento de Madrid fue condenado a devolver las multas impuestas a gestores de colonias felinas, así como a pagar las costas judiciales.

O la sentencia del juzgado de Cartagena en la que se tildó de grosera la actitud del Ayuntamiento de Cartagena en la tramitación de un expediente administrativo en el que se acordó la captura de varios gatos ferales controlados, esterilizados y atendidos por una protectora de animales sin darle el trámite de audiencia previa a la entidad que  los cuidaba. El juez declaró nulo el citado expediente y, por ende, la captura de los pobres gatos ferales citados.

Hoy, para fortuna de muchas personas que amamos y respetamos a los animales y por supuesto también a los gatos ferales, estamos de celebración por la rápida justicia que se ha hecho durante el estado de alarma en esta materia.

Durante el estado de alarma hemos oído en diferentes medios de comunicación que los plazos administrativos estaban suspendidos, con carácter general, salvo determinadas excepciones. Pues bien, para mi sorpresa y para la de muchos ciudadanos, resulta que el plazo administrativo para tramitar las denuncias que han puesto los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el estado de alarma se están tramitando a una velocidad de vértigo. Vamos, que llegan volando las multas, 8 días exactamente es lo que tardó en llegarle a una persona una multa de 601 euros a su casa, por saltarse el confinamiento y presunta desobediencia a la autoridad, artículo 36.6 de la L.O. 4/2015, conocida como la Ley Mordaza.

Sinceramente, creo que hay un número muy elevado de estas multas que son muy injustas para muchos buenos ciudadanos que han salido de sus casas, no por gusto, sino para evitar que  miles de animales distribuidos por toda España, mueran de hambre, sed y/o sufriendo por falta de asistencia veterinaria.

Estas personas  no son delincuentes, no son infractores, pero se sienten como  tales cuando salen de sus casas durante el estado de alarma para atender animales, según me comentan cuando me contactan.

Hoy lo tengo claro: no me voy a callar más. Voy a contar todo lo que sé que está pasando con los animales y con las buenas personas que se preocupan por atenderlos en España. Lo voy a hacer bajo el amparo de mi derecho a la libertad de expresión regulado como derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución Española.

Estoy muy mosqueada porque estoy recibiendo cientos de emails de buenas personas que me cuentan angustiados sus historias. A continuación, te comparto algunas de ellas:

No existe ni una sola norma que prohiba el desplazamiento para atender a animales en situación de necesidad  durante el estado de alarma, en base al artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020.

Los diez desplazamientos individuales más frecuentes por razón de necesidad,  para atender animales y evitar que mueran por inanición, deshidratación y/o de asistencia veterinaria, durante el estado de alarma son los siguientes:

Para estos 10 supuestos de desplazamientos para atender animales, con carácter general no hace falta un certificado OFICIAL de la Delegación de Gobierno ni de otra autoridad de inferior rango (Ayuntamiento), que le permita hacer este trayecto.

Una de las preguntas más frecuentes que me están haciendo durante el COVID-19 es si se contempla la protección de los animales durante el estado de alarma. La respuesta, la tengo clara, es sí, rotundamente sí. Al menos legalmente.

Otra cosa distinta es lo que ocurre en la práctica, de ahí que se vea en algunos medios digitales de comunicación y en redes sociales, la falta de protección de gatos ferales y de otros animales abandonados y/o extraviados, por parte de algunos de los 8.124 Ayuntamientos de toda España.

Es lógico que no dejemos de estar todos angustiados durante el estado de alarma por el COVID-19, máxime cuando las cifras de personas fallecidas y de personas infectadas no paran de subir.

En España hemos sido literalmente invadidos por un maléfico virus, conocido ya a día de hoy por todos como coronavirus o COVID-19, que está cobrándose, no solo la vida de muchas personas, sino también la economía de muchas otras y por tanto, también la salud emocional de éstas.

La virulencia de este malvado virus dio lugar a que el pasado día 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevase la situación sanitaria a la categoría de pandemia internacional.

Ante esta situación, el Gobierno español se puso las pilas, al menos en parte, publicando pocos días después, el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta norma entró en vigor, es decir, es de aplicación desde el mismo día de su publicación, el sábado 14 de marzo.

En el día a día de mi trabajo he detectado cómo la mayoría de concejales que tienen competencias en materia de protección animal se encuentran con problemas administrativos heredados en esta materia. Por ejemplo:

Ante este panorama desolador en materia de protección animal en la mayoría de los 8.214 Ayuntamientos que existen en España me encuentro a veces con concejales que no dejan de sorprenderme en positivo.

Como, por ejemplo, me ha ocurrido con la concejala Nerea Murcia, cuya historia me parece muy bonita y positiva.