Aprender de la huella dejada por la dana de Valencia

La dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia se cobró 230 vidas y dejó un mapa de huellas sobre el que es obligado trabajar para minimizar los daños cuando se vuelva a producir. La anterior inundación en la región, la del 14 de octubre de 1957, llevó a que años después se construyera el desvío del Turia, un nuevo cauce de 12 kilómetros que sacó el río del centro de la ciudad, lo que ha evitado que ahora el desastre no haya sido aún mayor. Pero entonces, como ahora, la riada dejó toda una serie de lecciones que se ignoraron y que ahora deberían tomarse al pie de la letra para una reconstrucción que tiene que contar con una eventual futura dana. El Turia se ha desbordado provocando fuertes inundaciones en 25 ocasiones desde el año 1321, pero las consecuencias del cambio climático hacen suponer que la frecuencia y gravedad de las mismas puede ser aún mayor.

Es por eso que el Gobierno acaba de sacar a consulta pública un real decreto en el que “se endurecen las limitaciones de uso del suelo en las zonas inundables, se refuerza la integración de la cartografía de zonas inundables en el planeamiento territorial y urbanístico, se prevén programas municipales de adaptación al riesgo de inundación, se impulsan medidas de fomento de la cultura del riesgo (señal ética de inundaciones históricas, formación en la ESO y campañas de autoprotección) y nuevas obligaciones de transparencia registral sobre la afección de las fincas por zonas inundables, señala el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico.”

Que la nueva normativa se centre en cuestiones urbanísticas tiene todo el sentido. La zona afectada es una de las que ha registrado un mayor crecimiento de población en los últimos cincuenta años, sin que en ese desarrollo se prestara la atención debida a las zonas ya reconocidas como inundables. Además, casi un centenar de los fallecimientos se produjeron en casas y garajes, de manera que vivir en planta baja o pretender salvar el coche se convirtió en unas de las grandes trampas. Todo esto tiene que ver con que una parte importante de la población no tiene el recuerdo de la inundación de finales de los años 50 del siglo pasado.

La dana de 2024 afectó especialmente a 69 municipios que han triplicado su población desde la anterior gran inundación, que ya afectó a buena parte de ellos. Estos pueblos tenían censados 351.000 habitantes en 1950, cifra que se había ido hasta casi el millón (937.000) en 2023, lo que implica un crecimiento del 167%. Paiporta, el pueblo considerado como la zona cero de la catástrofe, por ser el que registró mayor número de fallecidos, multiplicó por siete su población, al pasar de 3.574 a 27.184 habitantes en ese período. Para hacerse idea de lo extraordinario de esa expansión, basta señalar que en esos años el censo de Valencia capital creció un 59% y el del conjunto de la provincia un 97%, que comparan con un 72% para España.

Como es fácil de suponer, crecimientos tan desaforados como el de Paiporta y de las comarcas afectadas por la inundación, suelen hacerse de forma desordenada. El satélite Copernicus del sistema europeo de emergencias, señaló en su momento que el área afectada por la riada en los diferentes municipios de la provincia de Valencia sumaba 15.633 hectáreas, en las que habitaban unas 190.000 personas, repartidas en 17.597 edificaciones residenciales a lo largo de 3.249 kilómetros de calles y carreteras que resultaron afectadas. La web Datadista realizó un cruce de datos de esta zona y el Catastro y concluyó que el número de viviendas afectadas ascendía a 75.000, de las que un tercio fueron levantadas a partir de 2003, cuando ya se había aprobado el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (Patricova). Por tanto, muchas viviendas se construyeron sobre la huella de la inundación de 1957 y sabiendo que era suelo inundable.

Con estos datos, parece evidente que hace falta una normativa que impida que la reconstrucción se vuelva a realizar ignorando la huella de las inundaciones previas, confiando en que no se vuelvan a repetir. Por eso, la educación también juega un papel clave para ser conscientes de donde se vive y, por ejemplo, no acabar muriendo por pretender salvar el coche. La señalización en las calles, advirtiendo de que se está en zona inundable, sin duda contribuiría a tener presente una realidad que la historia muestra que se repite más de lo deseable.

La nueva normativa también busca garantizar una “mejor coordinación entre la normativa de aguas, la ordenación del territorio y la protección civil”. Este punto es el que trae a la memoria la desastrosa gestión preventiva que realizó el Gobierno de la Comunidad Valenciana, con un presidente, Carlos Mazón, totalmente ausente. La Jueza de Catarroja ya dejó claro que un número importante de muertes se podrían haber evitado si la población hubiera recibido instrucciones en tiempo y forma. Pero mientras se van ventilando las responsabilidades penales de la última inundación es importante construir una norma que deje lo menos posible al arbitrio del político de turno y sus caprichos del día.