El Congreso se convierte en territorio hostil para Sánchez

Todas las críticas recibidas en las últimas semanas hicieron que al final Pedro Sánchez variara un poco, no demasiado, su postura sobre las relaciones con Marruecos. En su comparecencia del jueves en el Congreso, el presidente no se movió de una posición que le ha supuesto un fuerte desgaste político y que ha tenido el rechazo no ya de la oposición, sino de sus socios en el Gobierno y el Parlamento. Con un matiz sobre el futuro. Su Gobierno mantiene la necesidad de tener buenas relaciones con Marruecos, “pero es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”.

Sánchez dio por probado que la Gendarmería marroquí “permitió el cruce de la frontera” durante diez horas del 30 de julio. Contra lo que ha aparecido en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), de la Policía, aún desconoce los motivos de esa actitud: “Si hubo incapacidad o inacción, tiene que aclararse”. En su réplica final, incidió en la misma idea. “Lo sucedido estos días tendrá consecuencias”. ¿Cuáles? No concretó nada.

Por primera vez, Sánchez aceptó que el Gobierno marroquí tiene muchas respuestas que dar sobre su conducta durante esos días. Hasta ahora, se había limitado a elogiar la colaboración prestada a partir de la mañana del 31 de julio al permitir sin problemas el regreso del 90% de los que habían entrado en Ceuta. Sorprendió al anunciar que el 21 de agosto se convocó en Exteriores al encargado de negocios de la embajada marroquí para comunicarle la protesta por unas declaraciones de su ministro de Justicia sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla. En una decisión que podría incluirse entre los errores cometidos por el Gobierno en esta crisis, la reunión se había mantenido en secreto.

Mientras Sánchez pretendía destacar la obligación del Gobierno de no hacer nada que ponga en peligro la resolución de la crisis, ni el PP ni Vox ni los socios del PSOE alteraron su discurso. Sus ataques a Marruecos, a su rey y a su Gobierno fueron constantes y hasta brutales. Alberto Núñez Feijóo reiteró lo dicho el día anterior. “La operación salió de Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y que el Gobierno (español) lo sabía”.

Sumar compartió ese análisis, excepto el último punto. “Marruecos, en coordinación con EEUU e Israel, ha organizado la entrada masiva”, dijo Enrique Santiago. “Cualquier otra hipótesis no es creíble”. Gabriel Rufián, que llamó “asesino” a Mohamed VI, llegó al extremo de afirmar que Marruecos había enviado a 80.000 personas con la intención de “cargarse al Gobierno de España con la colaboración de EEUU e Israel”, aunque es poco probable que las autoridades del país vecino deseen un Gobierno del PP y Vox en España.

En términos retóricos, nadie podía superar a Feijóo y Abascal. El líder del PP hizo una incursión directa en el terreno de la conspiración al referirse en varias ocasiones al caso Pegasus y a la supuesta información secreta sobre Sánchez que tendrían los servicios de inteligencia marroquíes: “¿Qué conversación e indicio había en su teléfono? ¿Qué sabía Marruecos de usted?”. Algunos sectores de la izquierda prosaharaui, enfurecidos por la adhesión del Gobierno a las tesis de Rabat sobre el Sahara, han difundido esas sospechas sobre las que no hay pruebas, más allá del hecho conocido de que los marroquíes han utilizado la tecnología israelí para espiar a políticos y activistas europeos.

En la línea que ha caracterizado a la oposición en esta legislatura, lo que es posible o ha aparecido en algún medio se convierte en seguro. “España no puede tener a su presidente bajo chantaje”, dijo Feijóo, dando por hecho que eso está pasando.

Al PP ya no le parece suficiente con exigir la dimisión de Sánchez o denunciar que su permanencia en el poder es una tragedia para España. También quiere meterlo en la cárcel. Feijóo sugirió que el tema puede llegar al Tribunal Supremo y advirtió al presidente que tendrá que pagar “ante la justicia”.

Sánchez descartó que cualquier informe policial o del CNI alertara días antes sobre el peligro inminente de una entrada masiva. Su versión es que todo ocurrió muy rápido. Entre el 10 y el 25 de julio, hubo una media de 37 entradas diarias desde el mar. Fue aumentando con el paso de los días, como ya había ocurrido el año anterior. En la noche del día 29, se produjeron 194 entradas, una cifra significativa, pero que no puede calificarse de masiva. La explosión se produjo en la mañana del día 30 cuando todo cambió “de forma radical y repentina”. Cuatro de cada cinco migrantes llegaron a nado por el espigón de El Tarajal.

En esos momentos, las fuerzas de seguridad españolas se vieron desbordadas ante una situación desencadenada en pocas horas. “Supieron responder con humanidad” y no provocar una tragedia mayor, dijo Sánchez. Como mínimo, 141 personas murieron ahogadas al intentar llegar a Ceuta. “¿Qué habría hecho usted diferente?”, preguntó a Feijóo. “¿Habría ordenado a la policía que disparara a la población civil? ¿Matar a cientos, quizá miles de jóvenes, para gestionar la frontera?”.

Feijóo se lo tomó como un ataque a las fuerzas de seguridad: “La Guardia Civil y la Policía nunca han disparado a inmigrantes en la frontera”. En 2014, quince inmigrantes murieron ahogados cuando guardias civiles utilizaron material antidisturbios contra los que intentaban llegar nadando a Ceuta.

El debate contribuyó a acentuar la imagen de soledad del Gobierno en esta crisis y su división interna, porque la relación con Marruecos separa radicalmente al PSOE y a Sumar. Sánchez anunció que se van a hacer públicos todos los informes policiales que el Gobierno recibió, lo que no ocurrirá probablemente hasta la próxima semana en el caso de que el Consejo de Ministros quiera desclasificar los informes del CNI. Eso contribuirá a precisar qué sabía el Gobierno en cada momento y con qué grado de fiabilidad. También puede ocurrir, como ya es habitual en la política española, que cada uno solo vea lo que quiere ver.