El fondo privado que adquirió las 107 viviendas de Hermanos Calderón priva a los inquilinos de bonificación en el consumo de agua

Mosaic Propco, el fondo privado propietario de las 107 viviendas de Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo (Santander), ha cambiado la titularidad del contrato de arrendamiento de los tres bloques de alquiler asequible que adquirió en 2025 a Fundación La Caixa y que quiere vender, conforme concluyan los contratos de arrendamiento. Además, ahora aparece como pagador en el contrato.

Como consecuencia, los vecinos que hasta ahora han percibido bonificaciones en el servicio municipal de aguas y alcantarillado de Santander, externalizado y gestionado por la empresa Aqualia, ya no pueden tener la deducción.

Desde 2015, los vecinos que entraban a vivir como inquilinos en los bloques de Hermanos Calderón, InmoCaixa -inmobiliaria de Fundación La Caixa- figuraba como titular del contrato y el inquilino, como pagador. Por lo tanto, si tenía una situación especial, podía presentar la documentación en Aqualia para obtener la bonificación.

Ahora, al aparecer Mosaic Propco como pagador, las bonificaciones en Aqualia “se han perdido” porque ya no figuran los nombres de los inquilinos y, como resultado, sus condiciones para poder obtenerlas. Así lo denuncia la plataforma vecinal creada tras la venta de las 107 viviendas, en las que viven más de ochenta familias.

Los primeros vecinos que han perdido la bonificación “de forma unilateral” acaban de ser notificados. En un caso, la vecina que transmitido a Aqualia su situación para tratar de recuperar la ayuda. Y ha recibido respuesta de la empresa externalizada de aguas y alcantarillado: “La dirección de referencia corresponde a la persona jurídica propietaria del inmueble desde 2025, según consta en la nota simple”, además, agregan, “también constan los datos bancarios de dicha entidad para la domiciliación de dichos recibos”. Y concluyen: “Al no constar sus datos en el contrato, no podemos facilitarle más información al respecto si no aporta una autorización de la empresa titular del contrato”.

Los vecinos afectados perciben una estrategia por parte del fondo. “Estamos seguros de que se trata de otra medida de presión del fondo buitre para hacer perder ventajas” que corresponden a las familias numerosas, familias monoparentales con dos o más hijos, desempleados, personas con ingresos bajos, casos de vulnerabilidad social y económica...“, cuestionan los vecinos afectados.

A su juicio, “atacan a los más 'débiles' para tratar de hacerles daño complicándoles más aún la vida. Saben que el asunto económico hace daño y están tirando a perjudicar aún más a los vecinos. Es un nuevo mecanismo de presión para que abandonemos nuestros hogares”, cuestionan los inquilinos.

Los vecinos llevan desde marzo de 2026 denunciando públicamente su situación y han pedido, sin éxito, al Ayuntamiento de Santander y a la alcaldesa Gema Igual (PP) que compre las viviendas para que sean vivienda pública o que les ofrezcan alternativas habitaciones específicas, ante una situación en la cual algunos contratos empiezan a vencer en noviembre de este año.