Lo que no se nombra, no se combate

El PP ha vuelto a decir no a la reciente propuesta del Gobierno para alcanzar un acuerdo de país contra la emergencia climática. La respuesta es idéntica a la que ya dieron sus dirigentes en septiembre de 2025 cuando tras los incendios del pasado verano, La Moncloa puso sobre la mesa un documento con diez compromisos prioritarios, que luego se ampliaron a 15, tras recabar información de más de 4.000 aportaciones de la comunidad científica, organizaciones empresariales, sindicatos y ONG.

Según los datos de Copernicus (sistema europeo EFFIS), más de un millón de hectáreas ardieron en la Unión Europea en 2025 –la cifra más alta desde que hay registros (2006)–, y España estaba entonces a la cabeza con 403.000 hectáreas quemadas. Fue el peor año del siglo XXI en cuanto superficie arrasada por el fuego, ya que en solo dos semanas, se declararon unos 20 grandes incendios forestales que arrasaron más de 300.000 hectáreas –una superficie equivalente a toda la isla de Gran Canaria– y varias provincias sufrieron incendios de magnitud sin precedentes. Fue el caso de Castilla y León, donde el fuego consumió alrededor del 15% de la superficie de la provincia de León y un 7% de la de Ourense (Galicia). Solo el incendio de Uña de Quintana (Zamora) calcinó cerca de 40.000 hectáreas, y el de A Rúa (Ourense) arrasó más de 38.000 hectáreas. Las cifras ya ilustraban entonces un escenario excepcional que puso en jaque a los servicios de emergencia y supuso un reto mayúsculo para los profesionales de la extinción y la gestión forestal.

Y este año, sin que haya acabado todavía el verano la situación es peor porque la superficie calcinada en lo que va de 2026 supera en 143.834,46 hectáreas a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 29.817 hectáreas. Dicho de otro modo: el fuego se ha multiplicado casi por seis de un año a otro y se han contabilizado unos 366 incendios, lo que representa un incremento del 301% desde que comenzó la época estival.

Y todo mientras el partido de Feijóo rechaza un acuerdo para luchar contra la “emergencia climática” porque, al parecer, es un trampantojo del Gobierno para desviar la atención. En realidad, nadie esperaba una respuesta distinta al portazo, ya que de los siete grandes pactos de Estado firmados entre PP y PSOE, 5 se suscribieron con la izquierda en la oposición y la derecha en el Gobierno.

Contando los Pactos de la Moncloa de 1977 solamente ha habido siete grandes acuerdos de país, de los cuales dos fueron ampliaciones de otros ya vigentes como el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016. Sólo en dos ocasiones, el PP se avino a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa.

Hoy, con el país en llamas, el PP acredita su propia historia de oposición destructiva. Resulta que los populares quieren un pacto contra los incendios, pero en ningún caso contra las causas que los provocan porque consideran que hablar de “emergencia climática” es una trampa de Pedro Sánchez, como se han encargado de emitir sus habituales intérpretes. Si la propuesta fuera un ardid de Sánchez, lo sería también del Parlamento Europeo, de las Naciones Unidas, de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 200 organizaciones que impulsaron en 2019 el manifiesto “World Scientists' Warning of a Climate Emergency”, firmado por 11.000 científicos de 150 países, y de más de 2.000 gobiernos locales y nacionales de todo el mundo.

Porque más allá de los bulos que escupen las redes sociales y de los programas y los políticos que los difunden, la “emergencia climática” no es un rótulo del progresismo, sino una expresión acuñada por el organismo científico de referencia de la ONU y por sus agencias ambientales que, a tenor de lo escuchado estos días, el PP o no reconoce legitimidad o no está al tanto de sus resoluciones. Tan grave sería lo primero como lo segundo en un partido que aspira a conquistar el Gobierno de España.

El consenso institucional hace inexplicable el uso del lenguaje alternativo que los de Alberto Núñez Feijóo han elegido estos trágicos días para negar la evidencia científica y, en consecuencia, rechazar un pacto de Estado contra la emergencia climática. En realidad, a la dinámica seguida desde que en La Moncloa habita un socialista. Da igual que la propuesta hable de derechos laborales, de pensiones, de vivienda, de ayudas al transporte, de salarios, del Estado del Bienestar… Todo es no y todo es un trampantojo del perverso Pedro Sánchez. También los efectos del calentamiento global.

Así que, con casi 200.000 hectáreas de terreno forestal arrasadas, 100.000 personas evacuadas de sus casas, decenas de municipios confinados y los servicios de emergencia y de bomberos trabajando a destajo, los populares ha decidido jugar a no llamar a las cosas por su nombre y no pronunciar la expresión “cambio climático” o “emergencia climática”.

Aquí va su repertorio:

“Anomalía climática excepcional” es la expresión que ha utilizado Alfonso Fernández Mañueco durante los incendios de su región que, según sus palabras, está sometida tanto “al estrés por fenómenos naturales” como a “la mano del hombre”, que es quien está detrás del fuego.

“Terrorismo incendiario” es otra variante habitual entre los dirigentes del PP que también hablan de supuestas “mafias”, tramas organizadas o de “terrorismo incendiario” como causa de los incendios, algo que la Fiscalía ha descartado repetidamente.

“La brocha gorda”. Isabel Díaz Ayuso, que niega la existencia de la crisis climática, defiende que hablar de emergencia es una treta para “dar soluciones de brocha gorda”. Las suyas, como la de poner una planta en la ventana y que los escolares se vistan con camisetas de tirantes para combatir el calor de las aulas, deben ser de pincel muy fino.

El mantra. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, no iba a ser menos que sus colegas, pero ha añadido al debate una variante delatora al acusar al Gobierno de recurrir al “mantra del cambio climático” para “eludir su gestión”. Justo lo contrario a lo que ha pasado con la declaración de emergencia nacional solicitada por Ayuso a través de X para quitarse de encima la responsabilidad y pasársela al Gobierno de España. La estrategia es tan vieja como la política misma y pasa por invertir la carga de la prueba para presentar el problema climático no como una realidad científica, sino como una coartada del adversario.

Desde el “no es momento para el Apocalipsis climático” que pronunció antaño el mismísimo José María Aznar hasta el “ahora se llama emergencia climática a que en julio haga calor” que pronunció el consejero de Ayuso, Alfonso Serrano, hay todo un patrón. Y no solo para ridiculizar los efectos del cambio climático, sino también para no contrariar a la ultraderecha con la que el PP gobierna en Valencia, en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón y en Andalucía, donde ha sucumbido a sus postulados negacionistas.

Fanatismo climático. El líder de Vox, Santiago Abascal, habla directamente de “fanatismo climático” para desvincular los incendios del calentamiento global, y el PP poco a poco ha ido adoptando el mismo discurso. De hecho el propio Feijóo en una reciente entrevista ha declarado sin ningún sonrojo que el cambio climático es algo que aún está por consolidar.

Lejos de ser un envoltorio inocente, el lenguaje empleado por los dirigentes del PP además de importar, delata intenciones poco confesables. A saber: si, para el PP, un incendio se explica por las “mafias”, y no por la sequía, el abandono rural o las altas temperaturas, lo que subyace es una propuesta para aumentar la vigilancia o la persecución penal, pero no un refuerzo de la prevención o de la transición energética.

Si, además, todo se resume en un “mantra” del adversario, para qué invertir en gestión forestal, en alertas o en urbanismo antiincendios. Lo que denota todo ello es una justificación de la inacción y, probablemente, no porque los populares no sepan cuál es la causa, sino porque nombrar el origen obliga a actuar y priorizar, y eso es algo que las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias en materia forestal, no han hecho.

Todo indica, pues, que no estamos ante un simple intento de atraer al electorado más escéptico del PP. Y tampoco solo ante una estrategia con la que evitar el enfrentamiento con la ultraderecha. En realidad, lo que implícitamente apunta el PP son las políticas que no desea que estén en la conversación pública. Lo grave es que las consecuencias ya sabemos todos cuáles son porque este verano las han padecido ya en Almería, en Ávila, en Madrid, en Guadalajara, en Castellón, en Segovia…