Isabel Rodríguez: “Me hubiera gustado ir más lejos con el decreto de vivienda que negociamos en el Congreso”

La entrevista con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981) tiene lugar en un piso amplio y luminoso de tres habitaciones en la avenida Concha Espina, a pocos metros del Santiago Bernabéu. Es una de las viviendas que saldrá al portal Casa 47 en Madrid antes de que acabe el año. Aun sin cocina y sin la luz dada de alta, asoma a un gran olivo desde la ventana. Costará poco más de 740 euros. A las críticas por las escasas viviendas publicadas en la primera tanda (638), la ministra responde que el proceso de absorción de la Sareb y de otros órganos estatales es lento y asegura que en 10 años Casa 47 habrá puesto 100.000 pisos en alquiler. Culpa a los partidos de la oposición por no apoyar las leyes que mejorarían el acceso a la vivienda, como el decreto que sigue encallado, y a las comunidades del PP de no aplicar la ley y los topes al alquiler. Reivindica, en cambio, el esfuerzo de su ministerio, con tres años de vida, en crear vivienda protegida y blindarla de por vida.

En julio, el decreto de vivienda que regula el alquiler de habitaciones, entre otras cosas, fue rechazado por Podemos y Junts y el Gobierno dijo que lo votaría en septiembre. ¿Cuándo va a estar?

Lo antes posible.

¿Pero podría decir una fecha, octubre, noviembre?

En aras a que el acuerdo sea posible, tengo que ser prudente.

¿Cómo respiran los grupos políticos que se oponían, Junts y Podemos?

Este es el momento de la legislatura en que he sentido mayor generosidad por algunos grupos políticos que han renunciado a muchos de sus planteamientos.

¿Están Junts y Podemos en ese grupo de partidos generosos?

Podemos y Junts no, están poniendo palos en las ruedas.

Uno de los puntos del decreto es dotar de derechos al alquiler de habitaciones. Pero no se impide que sigan siendo legales casos como el de un casero que alquila la vivienda a un empresario que a su vez lo realquila por habitaciones, eliminando el comedor y haciendo que pasen de costar 800 a más de 2.000 euros. ¿Cómo se explica que eso pueda ser legal?

Es que no es legal. Existen normas de habitabilidad que recaen en las comunidades autónomas. Desde el punto de vista de la inspección, los ayuntamientos deben preservar la habitabilidad de la vivienda. En España la infravivienda no está legalizada.

Pero si se cumplen las normas de habitabilidad, esos precios siguen siendo legales.

Porque se niegan a aprobar las normas y leyes que lo evitan.

Los alquileres de temporada y de habitaciones copan cada vez más la oferta, incluso en Catalunya donde están restringidos por una norma que avanza que el decreto de vivienda no será suficiente. ¿Se podría evitar por ley por ejemplo que en suelo residencial se haga vivienda turística, de temporada o realquiler por habitaciones que infla los precios?

Sí, habría que modificar la ley de suelo con una ley estatal.

Pero eso no está en el decreto de vivienda.

Sin ninguna duda, me hubiera gustado ir mucho más lejos que el decreto que está en el Congreso. He llegado a decir que hay que prohibir los pisos turísticos, como ha hecho el alcalde de Barcelona. Pero quiero mejorar la vida de la gente y bajarles el precio del alquiler y congelarlo y que tengan prórrogas, que no haya desahucios y que los estudiantes no estén sometidos a un mercado de temporada que les impide acceder a sus estudios. Si para eso tengo que renunciar a máximos ideológicos, es lo que he hecho y ahora le pido a los otros grupos políticos que también lo hagan. Para llegar a un acuerdo, hay que hacer renuncias.

Podemos y Junts están poniendo palos en las ruedas al decreto de vivienda

¿Ha habido cambios con respecto al texto del mes de julio?

El texto del mes de julio es un texto ponderado.

Pero Podemos se mantiene en su postura contra la ley de suelo, que aseguran que permitirá pelotazos urbanísticos.

Construir viviendas en España y en Europa exige unos estándares de sostenibilidad que no están contemplados en las leyes actuales, que son de los años 80, cuando no se hablaba de sostenibilidad ni de inundaciones, y eso es lo que buscamos, modernizar las normas urbanísticas y atender a la producción de suelo con seguridad jurídica, con su protección también. Mientras decimos si nos gusta o no la reforma, en España hay gobiernos del PP que están habilitando suelos rústicos para construir o que permiten construir en zonas inundables. Esta normativa es para evitar que eso ocurra. Entiendo que Podemos quiere acabar con los desahucios y con el fraude de temporada y que, por tanto, estaría dispuesto a ceder.

Tres años después de la creación de su ministerio y ocho después de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, se siguen ejecutando desahucios de personas mayores como el de Maricarmen, esperado para el próximo 23 de septiembre. ¿Se producirá este desahucio?

Vamos a intentar evitarlo hasta el último momento, pero debemos conducir esa presión social a la señora del ático. ¿Cuántas Maricármenes se hubieran salvado con los 6 millones del ático que se ha comprado?

Pero si la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento no lo hacen, ¿el Ministerio de Vivienda no debería intervenir o bien dando una alternativa residencial o comprando el piso mediante Casa 47?

El ministerio ha mantenido contacto con Maricarmen y a través de Casa 47 ha mediado con los propietarios y no hay manera, hacen oídos sordos. No hay manera porque en Madrid estamos en la ley de la selva. Ella quiere seguir viviendo en su casa y yo defiendo que ella pueda seguir viviendo en su casa. Casa 47 no puede comprar viviendas a dedo como hace la señora Ayuso. Ha lanzado una oferta pública de 100 millones y los propietarios no se han acogido a ella. Además, la Ley de Vivienda prevé mecanismos de tanteo y retracto para las Comunidades Autónomas. El drama de Maricarmen, además del personal, es vivir en un territorio donde impera la ley de la selva. Y yo no puedo poner una pistola a Ayuso para que ejerza su competencia.

No puedo poner una pistola a Ayuso para que cumpla con su competencia

Yo entiendo que las competencias son autonómicas, pero vamos a intentar que la entrevista no sea sobre Ayuso, sino sobre adónde puede llegar el Ministerio.

Yo sé que es complejo, el dilema de las competencias, pero es que hay una imposibilidad. Cuando quise identificar los pisos turísticos ilegales en España y prohibirles que fueran comercializados en plataformas, una sentencia del Supremo a instancias de una Comunidad Autónoma me impide seguir haciéndolo. Entonces, no es que no quiera hacerlo, es que en democracia la ley nos vincula a todos. En el decreto de vivienda, hay un sistema estructural para que no vuelva a ocurrir ni un solo desahucio en nuestro país, pero está parado en el Congreso.

Se ha criticado que Casa 47 haya puesto poca vivienda pública y que no haya ofertas en Madrid o Barcelona.

A mí me parece muy bien que se critique, pero en este caso la crítica no parte del conocimiento y no hace justicia al esfuerzo de Casa 47. No sé dónde estaban los que criticaban en este momento Casa 47 cuando en lugar de poner portales públicos con vivienda asequible desahuciaban familias y salvaban a la banca con la venta de estas viviendas. Por eso Madrid no tiene viviendas de la Sareb, porque el negocio del PP era el pelotazo de Aznar, la venta de viviendas públicas de Ana Botella. Y muchos de los fondos que compraron esa vivienda son ahora los que desahucian para convertir la vivienda en otro negocio. Y ese esfuerzo lo hemos tenido que revertir.

¿Y puede decirme cuántas viviendas sumará Casa 47 y cuántas en las principales capitales?

El barrio más importante en Madrid será el mayor barrio que se está construyendo, Campamento, donde habrá 10.000 viviendas. Y en total en toda España, contamos con haber entregado 100.000 viviendas en los próximos 10 años.

Casa 47 podrá entregar 100.000 viviendas en los próximos 10 años

¿No teme que un posible futuro gobierno del PP lo frene?

Voy a trabajar y a dejarme la piel para que eso no ocurra y espero que nos acompañe la sociedad española.

En los tres años que lleva el ministerio y los 8 del Gobierno, el acceso a la vivienda solo ha empeorado y se ha convertido en el principal problema de los ciudadanos. ¿No asume responsabilidades por ello?

La responsabilidad la asumimos al crear el ministerio, cuando las competencias en materia de vivienda, según la Constitución, recaen en otras administraciones. Lo hacemos porque somos conscientes de que es una crisis de gran envergadura, por eso la Comisión Europea ha lanzado un paquete normativo importante esta semana. Pero me habla del año 2018 al año 2026 y puedo decirle que hemos creado casa 47 con pisos de la Sareb y que en 2018 en la Sareb quien tomaba las decisiones no era el Gobierno, era la banca. En 2026, la construcción de vivienda pública ha mejorado y alcanzamos un 20% de VPO con el mayor incremento de licitaciones desde hace 20 años. Recordemos que la vivienda pública tocó mínimos en 2017, con el gobierno del señor Rajoy. ¿Ha sido ese incremento casualidad? No, tiene una razón, que el presidente del Gobierno fue a Bruselas y peleó unos fondos de recuperación que otros tomaron a cachondeo.

¿Su valoración entonces de estos años es positiva?

Queda muchísimo por hacer e iríamos más rápido si todos colaboramos, pero sin duda hay cosas que han cambiado. En estos momentos, las viviendas de la Sareb no se venden y están a disposición de la gente y la vivienda protegida financiada por el estado no se descalifica, será protegida para siempre. Estamos en la dirección correcta.

Todo el tiempo señala a las comunidades autónomas y al Congreso como responsables de las políticas que no se aplican. ¿Cómo se siente con ello? ¿No le hace pensar en dimitir por no poder cumplir con las políticas que intenta aplicar?

A la política se viene llorado de casa. Y la actitud tiene que ser proactiva y de trabajo. El reto es enorme, pero también esto es política para mejorar la vida de la gente. Y eso no se puede hacer sin un techo. Confío en la ciudadanía española y en que sepan el esfuerzo que ha hecho este gobierno y que lo mucho que queda por hacer solo lo podrá seguir hacer un gobierno progresista.