El 86% de los centros concertados de Madrid exige una cuota obligatoria o amenaza con excluir al alumno

El 85% de los colegios privados con concierto en la Comunidad de Madrid exige una cuota obligatoria o, si la familia rechaza pagarla, excluyen al alumnado de ciertas actividades, según el XI estudio Radiografía de las cuotas de los centros concertados de la Comunidad de Madrid, que elabora la asociación de centros privados Cicae junto a la federación de AMPAS de la escuela pública Giner de los Ríos. Son 20 puntos porcentuales más que el 65% que realizaba esta práctica a nivel nacional, según reveló el informe de 2024, y es una práctica que va contra la normativa, aseguran las asociaciones.

“La investigación documenta cobros ilegales y prácticas contrarias a las garantías de gratuidad: conceptos de cobro no contemplados en la ley, aportaciones comunicadas como obligatorias y actividades complementarias estables dentro del horario escolar”, sostiene el informe. Para elaborarlo, la consultora GarlicB2B ha solicitado información a uno de cada tres centros concertados en la Comunidad de Madrid bajo la técnica del “cliente misterioso” (alguien se hace pasar por potencial cliente para obtener información fidedigna).

La investigación, que este año se ha centrado en la Comunidad de Madrid mientras otros ha sido nacional, desvela que “el 96,7% de los centros solicita una cuota o aportación educativa”, aunque solo un 71% (del total) la presenta como obligatoria. Otro 15% admite que se puede no pagar, pero advierte de que el estudiante será excluido de determinados servicios del colegio. Los importes que se exigen van de cero euros a 2.450 euros anuales, con una media de 1.032 euros que no incluye comedor, transporte ni otros servicios.

Acorde a los estudios de años anteriores, la forma jurídica del colegio determina con bastante precisión su política de cobros: las sociedades mercantiles, más habituales a partir del año 2000 y que conforman lo que se llama la nueva concertada (que, por cierto, utilizó el exvicepresidente Francisco Granados para cobrar mordidas a cambio de concesiones), cobran el doble de cuota (140 euros mensuales de media) que los centros que operan como fundaciones (70 euros).

Los cinco colegios que mayores cuotas exigen son Casvi-Boadilla, Las Tablas-Valverde, Los Olmos, Punta Galea y el Colegio Internacional Kolbe, según el informe, con cuotas entre 245 y 230 euros mensuales. En el otro extremo, Virgen de la Milagrosa, Enrique Aymer, Vedruna, Divino Corazón y la Ciudad Escuela Muchachos están entre 10 y 22 euros. Más en el extremo todavía, no cobran nada, están el Colegio Nebrija-Rosales, Cervantes, San Jaime Apóstol, López de Vicuña y Luis Feito.

Elena Cid, directora de Cicae, ha explicado que esta edición se han centrado solo en la Comunidad de Madrid para dar solidez al estudio y atajar las críticas que han recibido otros años de algunas organizaciones ligadas a la escuela concertada por ser, argumentaban, poco representativo. Este XI estudio se ha realizado con una muestra de casi un tercio del total de los colegios concertados de la región. “Centrarnos en Madrid nos permite aumentar la muestra y que esta sea más representativa”, ha explicado Cid, que ha subrayado que no todos los centros realizan la misma práctica.

Según ha contado la responsable, año tras año se le traslada este informe al Gobierno regional, que sin embargo duda de lo que en él se dice y que no hace nada al respecto, según ha denunciado.

Cuatro modelos

El informe identifica cuatro tipos de colegios, según su comportamiento respecto a las cuotas y su forma jurídica. El grupo 1 pide pagos altos (175 euros mensuales) y ejerce una elevada presión para el cobro. En él se encuadra la llamada “nueva concertada”: son sociedades mercantiles y colegios constituidos después del año 2000. Uno de cada cuatro centros analizados entran en este grupo, que en general tiene sus centros en las zonas donde viven familias acomodadas. “Son centros que explican y documentan bien el cobro, pero lo presentan como parte estructural del modelo educativo, generando una expectativa implícita de pago”, describe el informe.

En los tres restantes las cuotas suelen ser más bajas. El grupo 2 se caracteriza por la “alta presión comercial” y un cierto oscurantismo en los conceptos y la explicación de las cuotas, que son de 86,5 euros mensuales de media. Está formado por sociedades en “equilibrio mercantil” y sin ánimo de lucro, normalmente anteriores al año 2000 (fuera de esa nueva concertada, por tanto). “Normalizan el pago en la conversación comercial sin aclarar suficientemente su carácter voluntario”, sostiene el informe.

El grupo 3 ofrece un fuerte soporte documental que justifica los pagos (74 euros al mes) y son colegios históricos, anteriores a 1980. “Son centros tradicionales no lucrativos que operan con una lógica de cumplimiento documental robusto y baja verbalización de aspectos sensibles. La voluntariedad se documenta, pero no se enfatiza en la interacción comercial”, describe el texto. Por último, en el 4 los centros también son tradicionales, tienen la cuota más baja, admiten la voluntariedad de las cuotas y algunos de sus centros (no todos) se ubican en barrios donde viven familias de menos recursos. “La relación económica con las familias se articula desde: claridad documental, baja presión, y explicitación del carácter voluntario del pago”.

“Eso implica recoger al alumno a las 12.30”

La ley educativa (Lomloe) prohíbe imponer cuotas obligatorias por la educación básica cuando está sostenida por fondos públicos, como es el caso de la escuela concertada. También impide que las actividades complementarias (actividades vinculadas al currículo, pero que no forman parte de él, por ejemplo las excursiones escolares) discriminen por motivos económicos o que formen parte del horario escolar, deben desarrollarse fuera de él.

No es óbice para que algunos colegios las introduzcan en medio de la jornada, sostienen Cicae y la Giner de los Ríos. Eso les permite presionar a las familias bajo el argumento de que si no pagan las cuotas, que teóricamente sostienen estas actividades, el niño o niña será excluido a mitad del día y se quedará solo o, en casos extremos, el padre o la madre deberá ir a buscarlo, según explicaron desde algunos centros a los clientes misteriosos.

“No hay pegas con no pagar, pero eso implica recoger al alumno a las 12.30 horas en el centro”, informó un colegio. “Si no se paga la cuota el alumno no completará la formación esperada en el centro. Además, deberá marcharse a casa en el horario de las actividades o pagar el servicio de custodia, que tiene el mismo precio que los Proyectos Educare e incluye menos cosas”, sostuvo otro. “La elección de este centro implica también su proyecto educativo. Si no, hay opciones públicas”, explicó un tercero.

Madrid y la escuela concertada, una historia de amor

Madrid es la sexta comunidad autónoma con más alumnado en la escuela concertada en términos relativos, con un 27,8% de sus estudiantes matriculado en uno de estos centros, por detrás de Euskadi (47%), La Rioja (31,1%), Navarra (31%), Castilla y León (30,5%) e Islas Baleares (29%).

Pese a no figurar en el top 5, Madrid es una comunidad que lleva años fomentando la presencia de la escuela concertada siguiendo los postulados educativos del PP, que gobierna la región hace casi 30 años de manera ininterrumpida. Los diferentes ejecutivos populares se han llegado a saltar la ley para favorecer la expansión de los centros privados sostenidos con fondos públicos y, cuando han podido, han legislado para ajustar la normativa a sus prácticas.

Hay diferentes ejemplos. Durante años, el Gobierno de Esperanza Aguirre se dedicó a ceder de manera gratuita o casi suelo público para que diferentes empresas o fundaciones levantaran centros que ya tenían el concierto garantizado pese a que estaba prohibido por ley (los conciertos se conceden a centros que ya existen). Así que el partido cambió la ley nacional en cuanto pudo (aprobó la Lomce en 2013) para regularizar este modus operandi. Poco le importó que la Lomloe, en 2020, la volviera a prohibir: como el artículo quedó redactado de manera ambigua, el actual Ejecutivo, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha seguido haciéndolo.

Bajo el mantra de garantizar la libre elección de centro educativo, Ayuso ha apoyado a la concertada de diversas maneras. Es habitual por ejemplo que cuando hace falta un centro en un nuevo desarrollo urbano la Comunidad de Madrid decida que hay una “demanda social” de que este sea concertado, aunque para ello haya que retorcer los argumentos hasta que pidan clemencia. También ha ampliado la duración de los conciertos, que normalmente es de seis años (el periplo de un alumno en Primaria o en Secundaria), hasta los 14 años, e instauró las becas para estudiar el Bachillerato en centros privados, becas que concede a familias que ganan hasta 140.000 euros al año.

Todas estas políticas han desarrollado la llamada “nueva concertada” en la región, centros que se caracterizan por haber nacido después del año 2000, tener la forma de sociedades mercantiles y presentar beneficios empresariales y repartir dividendos, todo ello con subvenciones públicas.

“Este fenómeno solo ocurre en la Comunidad de Madrid”, ha cerrado Cid. “La cesión de suelo público no ocurre en otra comunidad. La mercantilización no ocurre en otra comunidad”.