Ayuso financiará el Bachillerato y FP privados incluso a familias que ingresan más de 100.000 euros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Educación, Enrique Ossorio.

Las ayudas públicas a los centros privados se disparan en Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado esta semana dos paquetes de “financiación” de estudios postobligatorios –una destinada a la Formación Profesional de Grado Superior y la otra al Bachillerato– por un valor conjunto de 73 millones de euros para el próximo curso, que irán destinados a que casi 27.000 alumnos en “situación socioeconómica desfavorecida”, según argumenta la Comunidad la necesidad de este programa, puedan acudir a institutos privados.

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Sin embargo, pese a que el Gobierno regional vende que las becas son para familias que normalmente no podrían costearse un centro privado, ha subido notablemente la renta máxima para poder acceder a las ayudas: ha pasado de los 10.000 euros anuales per cápita de este curso a los 35.913 que se establecen para el próximo. Dicho de otro modo, una familia de dos progenitores y un hijo tendría que ingresar más de 107.739 euros anuales para no poder optar a las ayudas. Una de cuatro miembros (dos hijos) que gane menos de 143.652 euros al año es “renta baja” para la Comunidad y puede pedir una ayuda. Por no seguir: cuantos más hijos se tienen, más sube la renta máxima familiar con la que se puede pedir una ayuda a la Comunidad.

Según datos de Hacienda, el 70% de las personas que trabajan en la Comunidad declaró haber ganado menos de 30.000 euros anuales en 2019. Todos ellos –y muchos del siguiente tramo, de 30.000 a 60.000 euros anuales, en función de los hijos– podrían pedir estas ayudas.

Estas becas, que ya existían en cursos anteriores pero en este se expanden, se suman a los cheques guardería y a los de nueva creación para la Formación Profesional de Grado Medio, que se estrenan el curso que viene. Otro cheque a la lista.

Lo privado prospera en Madrid. Desde el curso 2018-19, el Bachillerato privado ha crecido cinco veces más que el público en la región, mientras en la FP superior los llamados centros de iniciativa social se multiplicaron hace años: en una década han pasado de tener 3.000 alumnos a sumar 22.000 este curso, una subida del 704%.

A lo público no le va tan bien: ha crecido un 60% en el mismo periodo y no pudo acoger a unas 20.000 personas que quisieron cursar FP el pasado verano. En conjunto, las personas que van a recibir un cheque para gastar en estudios no obligatorios ofrecidos por centros privados van a subir un 68% este curso respecto al anterior. A los algo más de 25.000 beneficiarios actuales se sumarán un mínimo de 18.000 más con la ampliación de los programas ya existentes (Educación Infantil, Bachillerato y FP Superior) y la creación de uno nuevo (FP de Grado Medio).

La dotación de este programa de becas para 2022/23 crecerá un total de 62,5 millones de euros, lo que supondrá un incremento de más del 29%, hasta alcanzar la cifra de 212 millones de euros, según datos de la Comunidad de Madrid.

43 millones el lunes, 30 el martes

“La Comunidad de Madrid viene impulsando una serie de medidas para la mejora y modernización de la educación y de la formación, entre las que se encuentra la política de ayudas y becas al estudio que tienen por objeto promover una formación de calidad que facilite el acceso de los jóvenes a la vida profesional o a estudios de grado superior”, justifica las ayudas la Orden 789/2022, que se publicó este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para otorgar, calcula, 11.813 becas por valor de 30,5 millones de euros durante el curso 2022-2023. La partida crece un 65% desde el pasado curso.

Su equivalente del lunes, en este caso para alrededor de 15.130 becas para cursar el Bachillerato en centros privados y dotada con 43 millones de euros, añadía al anterior argumento que “el cumplimiento del deber constitucional de garantizar que el derecho a la educación se extiende a la enseñanza postobligatoria requiere que las actuaciones de los poderes públicos vayan encaminadas a tratar de evitar que las desventajas socioeconómicas u otras circunstancias especiales puedan impedir o dificultar este derecho a las familias”. Los 15.130 agraciados suponen un 40% del total de estudiantes de Bachillerato en centros privados en toda la comunidad.

Estas explicaciones obvian –o incluso confrontan– la idea de que “el acceso de los jóvenes a la vida profesional o estudios de grado superior” mediante “una formación de calidad” pueda darse en el sistema público, más allá de que, cuentan las órdenes, “desde el Gobierno se viene apoyando la libertad de elección de centro escolar por las familias entre una pluralidad de centros y proyectos educativos de calidad”. Según este razonamiento, esta libertad de elección “podría verse limitada si los alumnos no pueden completar sus estudios postobligatorios en el centro donde han venido realizando la enseñanza obligatoria, debido a razones socioeconómicas”.

Estos programas no son novedosos, pero crecen. Los puso en marcha el Gobierno del entonces popular Ángel Garrido (que luego cambiaría de partido y sería degradado, de presidente a consejero de Transportes), pero era solo para cursar el Bachillerato en centros que tuvieran concierto hasta la ESO bajo la idea de que serviría para que el alumnado de estos institutos pudiera seguir en el mismo centro una vez pasasen al Bachillerato, que es de pago. Estaba dotado ese primer año, en 2019, de nueve millones de euros y pensado para 1.500 alumnos. Hoy va por 43 millones de euros y una previsión de 15.000 beneficiarios.

Evitar la “discriminación” a los privados

Pero ahora el Gobierno regional abre en esta convocatoria las becas a los centros privados sin concertar después de que los servicios jurídicos de la comunidad alertaran de que se podía estar discriminando a los centros privados sin concierto. Cicae, la asociación que agrupa a varios de ellos, protestó. Y la Comunidad reacciona abriendo el programa a todos los centros y multiplicándolo.

Pero como nunca llueve a gusto de todos, ahora son los centros que tienen un concierto en la ESO los que protestan. Escuelas Católicas de Madrid, la firma que agrupa los centros de la iglesia, la mayoría de los que tienen un concierto en Madrid, publicó ayer una nota en la que advierte de que la figura del cheque escolar “se aleja de la gratuidad de las enseñanzas y, en consecuencia, de la igualdad de oportunidades”, lamenta el “notabilísimo incremento del presupuesto”, “expresa su temor de que esta medida pueda ser un obstáculo para que el Gobierno cumpla su compromiso electoral de generalizar los conciertos educativos en estas enseñanzas” y “reitera que la extensión de los conciertos al Bachillerato es la fórmula legalmente prevista para alcanzar su gratuidad y, con ello, la libertad de elección de las familias y la igualdad con la oferta desde la escuela pública.

Estos 43 millones dejan muy claro el modelo de educación que defiende la Comunidad de Madrid: una educación que usa el sistema público de becas para reforzar el negocio educativo privado, y por el camino acabar con la igualdad de oportunidades

Isabel Galvín responsable de Educación de CCOO Madrid

Isabel Galvín, responsable de Educación de CCOO Madrid, lamenta la “vuelta de tuerca” que le han dado al sistema y explica que la Comunidad de Madrid “lo que hace es que los que menos tienen financien a los que más tienen”, poniendo estímulos para que las familias se matriculen en la privada sin concertar, explica en relación a la subida de la renta máxima para pedir las becas, que abre estas ayudas a familias acomodadas. CCOO recuerda que con la cantidad que está dedicando a becas para estudios privados se podrían construir en la Comunidad de Madrid cinco institutos de 600 plazas cada uno.

“Estos 43 millones”, subraya Galvín, “es una cantidad muy superior a la que se destina en el Presupuesto de 2022 para inversiones de obra nueva o reposición en educación secundaria, y deja muy claro el modelo de educación que defiende la Comunidad de Madrid: una educación que usa el sistema público de becas para reforzar el negocio educativo privado, y por el camino acabar con la igualdad de oportunidades”. Y reflexiona: “Esto es posible porque hay una nueva Ley de Educación, recién aprobada, que lo permite”, señala mirando al Ministerio de Educación.

También CSIF se ha mostrado en contra de la medida. “Es una muesca más de esta Administración en detrimento de la educación pública”, lamenta el sindicato. “De nuevo, nuestra Comunidad vuelve a destinar dinero público a becar estudios no obligatorios, en este caso de Bachillerato, en centros privados”.

Las cuantías de las ayudas suben respecto al curso pasado, pero siguen resultando insuficientes para cubrir el coste de los estudios a los que están dirigidas. Las ayudas destinadas a Educación Infantil en centros privados subirán, de media, 378 euros al año, de 1.146 a 1.524 anuales. En las de FP de Grado Superior, las cantidades anuales a percibir pasarán de 1.770 a 2.212, mientras que en las de Bachillerato, llegarán a sumar 750 euros más al año, pasando de 3.000 a 3.750. Todas ellas están por debajo del coste de esos estudios.

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