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Irene Castro

Periodista. Antes en la web de la Cadena SER, Informativos Telecinco y la Agencia EFE. También pasé por la dirección de comunicación del Consejo de Europa. Ahora en eldiario.es.

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Sánchez, sobre el ingreso mínimo vital: "No vamos a permitir más infancias rotas ni más generaciones perdidas"

"No vamos a permitir más infancias rotas ni más generaciones perdidas". Con esta frase el presidente del Gobierno se refería por primera vez a la aprobación del ingreso mínimo vital aprobado el viernes por el Consejo de Ministros para paliar los efectos de una crisis económica que se prolongará, como consecuencia de los efectos de la pandemia, durante los dos próximos años, si bien auguró que cuando acabe la actual legislatura "estaremos mejor que antes de la pandemia".

Mientras llega, el presidente cree que estamos obligados a socorrer a las familias que antes ya sufrían una pobreza extrema porque "erradicar la pobreza infantil es una prioridad de este Gobierno". La tasa de pobreza duplica, según recordó, la media europea y triplica la de Alemania y que por eso lo que persigue con la nuevas prestación "es lo justo: garantizar una vida digna a los que nos devuelven las sonrisas. Desde este viernes nuestro país ha ganado en justicia social y en decencia".

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Sánchez cede la "gobernanza absoluta" a las autonomías para garantizarse la sexta y última prórroga de la alarma

Negociar es ceder y Pedro Sánchez ha cedido ante la presión de las Comunidades autónomas.  Amarrada la abstención de ERC y el voto favorable del PNV para la sexta y última prórroga del estado de alarma, confirmó a todos los presidentes autonómicos que en la fase 3 serán ellos la autoridad delegada del mando único y que les corresponderá dirigir la última parte de la desescalada. El ministro de Sanidad cederá por tanto sus actuales atribuciones a los territorios más avanzados, si bien todas las Comunidades recuperarán su plena autonomía a las doce de la noche del 21 de junio, una vez decaiga el estado de alarma. El Gobierno se reserva, no obstante, hasta esa fecha la capacidad de limitar la circulación entre territorios para impedir que el virus pase de una provincia a otra. 

La única excepción será Euskadi, donde la unidad territorial será la Comunidad Autónoma, de tal modo que se podrá circular con absoluta libertad entre Guipuzcoa, Bizcaia y Álava, lo que ha despertado no pocas suspicacias entre algunos presidentes autonómicos que quieren para sus territorios la misma libertad que el PNV ha arrancado al Gobierno durante su negociación para la sexta prórroga y así venían pidiéndolo desde hace semanas, como en el caso de Galicia.

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De prolongar los ERTE a la gestión de Euskadi del ingreso mínimo: las cesiones del Gobierno en el estado de alarma

Prorrogar el estado de alarma se le ha ido poniendo cuesta arriba a Pedro Sánchez al tiempo que la curva de la COVID-19 se iba doblegando en España. El camino prácticamente expedito que tuvo en la primera ampliación de la medida de excepcionalidad se ha ido complicando paulatinamente. Primero fue Vox el que se fue al no y después el PP, previo paso por la abstención, al tiempo que los aliados parlamentarios del Gobierno se fueron desmarcando obligando a la coalición a pagar cada vez un precio más caro. A eso atribuye el Ejecutivo el pacto con EH Bildu que causó la enésima polémica y un gran malestar en la patronal, que forzó una rectificación tras una llamada a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

La complejidad para lograr los apoyos en una sexta prórroga del estado de alarma llevó al Gobierno a ponerlo en duda, a pesar de que el plan de desescalada lo hace obligatorio —según los argumentos que hasta ahora había dado el Ejecutivo— a mantenerlo al menos hasta el 5 de julio, que es la primera fecha en la que regiones como la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona o la práctica totalidad de Castilla y León podrían alcanzar la "nueva normalidad" en la que ya se prevé la movilidad interprovincial. El gabinete de Sánchez siempre ha sostenido que la alarma es el único instrumento jurídico que le permite restringir la movilidad dentro de España.

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La Abogacía del Estado acusa a la Guardia Civil de "deslizar sospechas" y "generar suspicacias" en su informe del 8M

Un escrito de la Abogacía del Estado, incorporado a la investigación del delegado del Gobierno de Madrid por no prohibir el 8M, acusa a la Guardia Civil de "deslizar continuas sospechas" y "generar suspicacias" en el informe que le reclamó la jueza en el marco de esa causa. La Abogacía del Estado ejerce la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación por haber permitido la celebración de eventos multitudinarios como la manifestación feminista del 8 de marzo cuando se supone que había constancia oficial del riesgo de propagación del virus. 

"La Policía Judicial desliza continuas sospechas y comentarios suspicaces por los complementos de documentación, perjudicial para la investigación y para el investigado, ya que genera aclaraciones posteriores, sucesivas, que hacen más complejo el análisis global de toda la información cuando no generan suspicacias, que son de todo punto innecesarias  y podrían evitarse dando el tiempo necesario para cumplir adecuadamente esos requerimientos", dice el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, en alusión a su crítica a la jueza Carmen Rodríguez-Medel de ejercer una instrucción apresurada pese a la situación generada por la pandemia. 

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Errores, bulos y mentiras en el informe de la Guardia Civil sobre la marcha del 8M

El informe de la Guardia Civil que apunta a la comisión de delitos en el ámbito penal por parte del Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus y que ha resultado clave para que la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, haya imputado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, concluye literalmente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "conocía desde el mes de enero la gravedad real de epidemia del coronavirus". 

La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid llega a ese diagnóstico a través de 81 páginas que componen un atestado repleto de errores estrepitosos, bulos sobradamente desmentidos, amputaciones de documentos públicos –cortados exactamente por los párrafos que interesan para sostener la tesis de que el Ejecutivo sabía de los riesgos de permitir la manifestación del 8 de marzo– e incluso la manipulación del testimonio de un testigo citado en la Comandancia de Tres Cantos (Madrid).

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Antonio O'Connor: "Las preguntas de la Guardia Civil iban a intentar ligar artificialmente nuestra desconvocatoria con la teoría del 8M y el coronavirus"

El sindicalista de CGT Antonio O'Connor se ha convertido en uno de los protagonistas involuntarios de la investigación abierta por prevaricación en un juzgado de Madrid contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8M. La manipulación de su declaración en el informe de la Guardia Civil enviado a la jueza que instruye la causa es un ejemplo más de las imprecisiones de ese documento, que defiende la tesis de que el Gobierno autorizó la marcha del 8M y trató de desconvocar otras por la puerta de atrás con criterios arbitrarios consciente del riesgo que corría la población pero sin avisar de él.

O'Connor insiste en que su organización canceló el 6 de marzo una manifestación prevista para el 10 de marzo "para no malgastar horas sindicales a lo tonto", no por razones sanitarias, que es lo que refleja el informe de la Guardia Civil a partir del análisis de su expediente y de la declaración que hizo el pasado 7 de mayo.

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La Comunidad de Madrid no envió ninguna alerta sanitaria a la Delegación del Gobierno relacionada con el 8M

La Comunidad de Madrid no expresó a la Delegación del Gobierno su preocupación por la celebración de la manifestación del 8M ni sobre la posible incidencia que esas concentraciones pudieran tener en la expansión del coronavirus. No hubo avisos de ningún tipo, en contra de lo sugerido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se limitó a informar de medidas a adoptar en centros de mayores y de Salud, pero sin referencia alguna a las marchas por el Día Internacional de la Mujer.

Es lo que consta en el informe que la Guardia Civil elaboró a instancia de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, quien ha imputado por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Es el mismo atestado policial que incluye declaraciones que han negado testigos interrogados y que tiene como tesis que el Ejecutivo autorizó la marcha del 8M y trató de desconvocar otras por la puerta de atrás con criterios arbitrarios. En su batería de diligencias, la titular del juzgado número 51 de Madrid ordenó también a los agentes que se hicieran con las recomendaciones sanitarias emitidas o recibidas en la Consejería de Salud madrileña en el marco de la crisis del coronavirus.

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Otra testigo niega las injerencias del Gobierno que recoge el informe de la Guardia Civil para cancelar manifestaciones: "No me presionó nadie"

El informe que la Guardia Civil ha entregado a la jueza que investiga la autorización para la movilización del 8M sostiene que la Delegación del Gobierno presionó a algunos convocantes de manifestaciones para que anularan sus convocatorias. La protagonista de uno de esos testimonios que sirven para apuntalar la imputación del delegado del Gobierno José Manuel Franco niega la versión del informe

"A mí nadie me presionó en ningún momento. Es de sentido común que si no se puede salir y no están permitidas las agrupaciones, esto no se podía llevar a cabo" dice Diana Chnaiker, que pidió autorización a la Delegación del Gobierno para tres movilizaciones de la Asociación de Personas Aptas sin Ayudas de Alquiler (APASAA). La idea era protestar en la calle los días 5, 12 y 19 de marzo, coincidiendo con los plenos celebrados en la Asamblea de Madrid.

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La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M

 La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo en el marco de la investigación judicial contra el Gobierno por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer. El informe elaborado por el instituto armado en calidad de policía judicial y que ha resultado clave para la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atribuye a la COVID-19 la causa de la desconvocatoria que llevó a cabo el sindicato CGT de una concentración en Collado Villalba (Madrid) dos días antes del 8M, pese a que no es cierto.

La tesis que sostiene el atestado policial señala que el Gobierno permitió ciertas convocatorias como la marcha de las mujeres el 8 marzo mientras prohibía o trataba de impedir otras con criterios arbitrarios. Esa es la base de la investigación por prevaricación administrativa, que se sigue en el juzgado de instrucción número 51 de la capital contra el delegado del Gobierno.

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El Gobierno pide a los grupos que circunscriban a la salud la negociación de una eventual prórroga de la alarma

El Gobierno no aclara aún si prevé solicitar una sexta prórroga del estado de alarma para mantener la restricción de la movilidad a partir del 7 de junio, que es cuando concluye la aprobada por el Congreso la semana pasada. Pedro Sánchez tuvo dificultades para amarrar los apoyos y el Ejecutivo culpa al PP de haber "dimitido de su responsabilidad" al rechazarlo y de haberle obligado a buscar el respaldo de EH Bildu. Por eso ahora reclama al conjunto de fuerzas políticas que planteen solo cuestiones sanitarias en la negociación de esa hipotética prórroga que vincula a la evolución epidemiológica, a pesar de que es una condición indispensable para mantener la restricción de la movilidad de los ciudadanos, tal y como establece el plan de desescalada aprobado. 

Tras el acuerdo con EH Bildu para su abstención en la votación del pasado miércoles, que provocó una gran polémica y enfado por parte de la patronal por la referencia a la derogación íntegra de la reforma laboral, el Gobierno quiere que, en esta ocasión, los grupos solo negocien en base a cuestiones que tengan que ver con la situación sanitaria y no con compromisos de investidura o legislatura. 

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