24 horas con el mando único en Ceuta: “Vamos a aliviar El Trampolín, El Príncipe y Loma Colmenar en cuestión de días”

Un blindado del Ejército que patrulla las calles de Ceuta frena en seco a la altura de la Glorieta del Teniente Reinoso, en pleno centro de la ciudad. Cuatro soldados armados con fusiles de asalto se bajan del vehículo y se adentran a toda prisa en el suelo acolchado de un pequeño parque de juegos infantil, completamente vacío a esa hora de la mañana del primer día de curso escolar. Se dirigen a un banquito situado frente al tobogán, donde hay tres adolescentes marroquíes sentados. Los tres llevan pantalón corto, camiseta oscura y chanclas. Y en cuestión de segundos se ven rodeados por los cuatro militares. La conversación dura poco. Les preguntan cuándo entraron, si han ido a registrarse ya y qué hacen ahí. Y los echan del parque. Así que los tres chavales se levantan del banco y empiezan a andar calle abajo, sin rumbo.

Las escenas que provoca el despliegue del Ejército, visible casi en cada esquina de la ciudad, rompen enseguida la falsa sensación de normalidad que proyecta la actividad de las tiendas de ropa o las bulliciosas cafeterías del centro, todas abiertas. El trasiego de ceutíes que van o vuelven de trabajar y que se sientan en una terraza a tomar algo es constante en esta zona, donde apenas hacen acto de presencia las miles de personas migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio y que aún permanecen en Ceuta. Pero normalidad ni hay, ni tampoco se la espera a corto plazo en una ciudad en la que ha cambiado todo en apenas mes y medio y en la que nadie habla de otra cosa. Una ciudad atravesada por la ira, por el miedo y por una crisis humanitaria desbordante, cuyas dimensiones nadie es todavía capaz de calcular pero que mantiene hacinados, cuarenta días después, a varios miles de hombres, mujeres, niños y niñas en campamentos de acogida o abandonados aún en la calle. Una realidad que cae a plomo, sobre todo, en los barrios de la periferia.

En esa ciudad, en esos estados de ánimo y en esas circunstancias aterriza el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este pasado martes 8 de septiembre. Su presencia no despierta entre los ceutíes tantas pasiones como la de Fernando Grande-Marlaska u otros miembros muy señalados del Gobierno central, a quien reprochan masivamente inacción con Marruecos y no haberse tomado la situación lo suficientemente en serio desde el principio. Desde que fue designado mando único operativo el 25 de agosto, Torres pasa más tiempo en Ceuta que en Madrid. Y, por supuesto, mucho más que en su casa de Gran Canaria, donde los médicos lo reclaman de vez en cuando para que no deje de lado las revisiones del cáncer que padeció hace unos meses.

Su obsesión ahora es la carrera contrarreloj por sacar a la gente de la calle. “Es la urgencia absoluta. Cuanto más tardemos en habilitar los espacios, más tardaremos en filiarlos y, por tanto, en devolver a todos los que no tengan derecho a asilo”, cuenta el ministro al que han encargado una misión muy cercana a lo imposible: recuperar a marchas forzadas el tiempo de gestión que el Gobierno perdió en agosto para resolver una crisis migratoria inédita por su dimensión, agravada por un clima de crispación irrespirable y con procedimientos administrativos que lo atan de pies y manos porque pueden demorarse muchos meses. Y todo, en un territorio acotado de 18 kilómetros cuadrados al que, por ahora, no se permite compartir la presión con otras zonas del país.

Con esos condicionantes, Ángel Víctor Torres se afana en mantener a salvo de la estruendosa refriega política su relación con Juan Jesús Vivas y el gobierno ceutí del Partido Popular, con quienes pasa horas al teléfono y encerrado en reuniones para pactar nuevos emplazamientos o el desbloqueo de la situación de los menores. Aunque el panorama está lejos de dejar de ser crítico, el balance de la primera jornada del calendario escolar, una prueba de fuego para Ceuta, otorga un pequeño respiro al Gobierno. Y se nota ese alivio en el rostro de Ángel Víctor Torres a primera hora del miércoles.

“Era un día muy importante y los datos nos permiten hablar de un pequeño éxito. Han acudido el cien por cien de los profesores y del personal no docente, se ha alcanzado una asistencia del 75% de los alumnos y no se ha registrado ni un solo incidente. Y va a ir a mejor”, valora el ministro. Son las ocho y media de la mañana y tiene por delante una gymkhana de reuniones y visitas a instalaciones de acogida. Y una meta para el final del día: sacarle partido a su fama de buen negociador para desbloquear rápido nuevas ubicaciones y pactar soluciones para los menores con la administración local, en manos de un PP que aprieta cada vez más, convencido de estar ante el filón definitivo que acabará con el Gobierno y les devolverá al poder. “Yo creo que podemos conseguir 2.600 plazas más cuestión de muy pocos días. Y con eso podemos aliviar la zona de El Príncipe, de Loma Colmenar y, sobre todo, de El Trampolín. Eso es fundamental”.

Los puntos críticos de Ceuta

Torres nombra los tres puntos críticos de Ceuta en los que, a día de hoy, la situación migratoria es de verdadero colapso. El símbolo por excelencia de esta crisis es la playa de El Trampolín, donde la fotografía aún es impactante un mes y medio después: varios miles de personas hacinadas en 2.000 metros cuadrados de un arenal indistinguible a un campo de refugiados. Quienes aquí sobreviven a la intemperie desde finales de julio, en su inmensa mayoría marroquíes, han levantado chozas, han organizado pequeños tenderetes de ropa, de huevos, de fruta y de galletas. Y hasta han improvisado peluquerías ambulantes con hombres que ofrecen su maquinilla eléctrica para cortar el pelo o la barba.

Cada noche, la Cruz Roja lleva a cabo aquí un imponente despliegue para repartir comida. Y hace unas semanas fue instalada una gran carpa de duchas al aire libre que visualmente se asemeja más a un lavadero de coches que a una zona para el aseo humano. La mayor parte de delitos, aseguran policías y guardias civiles, se producen también contra migrantes. “Hay de todo, como en todos sitios. Y claro que hay gente que delinque. Pero la mayoría de los robos o de las agresiones violentas de todo tipo, que las hay, estamos viendo que las sufren los y las inmigrantes de parte de otros inmigrantes”, afirma un agente del cuerpo armado ante la sensación generalizada de inseguridad que reina en la ciudad y que lleva a algunos ceutíes a admitir abiertamente que llevan armas blanca cada día al trabajo. Esta semana, varios ciudadanos de ceuta y varios inmigrantes han sido detenidos por robar o agredir a otros inmigrantes.

Fuera de El Trampolín, en el Príncipe, hay muchos otros que han encontrado algo parecido a un refugio y se han resguardado o escondido en viviendas de familiares o amigos. Aunque muchos siguen en la calle, con la asociación de vecinos del barrio volcada estas semanas en darles lo que no les dio la administración: agua, comida, aseo y al menos un toldo bajo el que dormir. En Loma Colmenar la situación es parecida, con cientos de personas también durmiendo todavía al raso en las aceras, en los bordes de las carreteras, bajo los coches. Y muchos de ellos son niños de ocho, diez, doce años. Y más pequeños.

“Algunos nos critican duramente con respecto a los migrantes que están en las calles y que duermen al raso. Entiendo esa crítica, pero supongo que la harán extensiva al Gobierno de Ceuta. Porque hay muchos menores, e incluso bebés, que están durmiendo en la calle. Y esa tutela y esa responsabilidad es del Gobierno de Ceuta. De verdad, creo sinceramente que todos estamos haciendo el máximo de los esfuerzos”, señala el ministro, que apura el café y pone rumbo a la primera reunión de la mañana.

En la sede oficial del Ejecutivo central en Ceuta, Ángel Víctor Torres se reúne junto al delegado del Gobierno con los responsables de Infancia de la ciudad autónoma. Sobre la mesa está el desbloqueo del traslado temporal de niñas no acompañadas a la Península, la propuesta que el Ministerio de Sira Rego reclama sin éxito desde principios de agosto para aliviar la saturación de la acogida y para dar un trato digno a las menores. Aunque el Gobierno de Juan Jesús Vivas sigue sin dar el visto bueno definitivo, esta semana sí se produjo un avance significativo: un pacto bilateral con el ejecutivo autonómico de Navarra para el traslado de cinco niñas. Un paso ínfimo respecto a la magnitud de la crisis, pero que hay quien interpreta en el Gobierno que puede abrir la puerta a nuevos acuerdos.

Lo que sí se consiguió en esa reunión del mando único con la ciudad autónoma es sortear un llamativo choque jurídico entre administraciones, hasta ahora desconocido, y que en la práctica mantenía bloqueada la situación de los miles de menores no acompañados que están en Ceuta. Se trata de la figura jurídica del representante legal del menor, algo parecido a una tutela judicial a la que tienen derecho los niños y las niñas durante su procedimiento y sin la cual la ley de asilo les impide salir del territorio, ni para ser reagrupados en Marruecos, ni tampoco para ser redistribuidos a la Península. Durante todas estas semanas, Gobierno central y local han mantenido una disputa sobre cuál de las dos administraciones debía hacerse cargo de la contratación de los abogados necesarios para ello. Una discusión ahora resuelta con un pacto: los contrata la ciudad autónoma, pero los paga el Ejecutivo central.

Ya pasado el mediodía, Ángel Víctor Torres se desplaza hacia el Polígono Industrial del Tarajal, donde aún se apuran los últimos retoques para el acondicionamiento de un espacio que sirve de Centro de Acogida Temporal de Migrantes (CATE). En los últimos quince días se han logrado convertir dos naves semiabandonadas en un lugar en el que acoger temporalmente hasta a 400 personas en literas. Y en el que también se ha improvisado una oficina policial para el triaje y el registro de los adultos. Una instalación fundamental para poder avanzar en las filiaciones y en los procedimientos de solicitudes de asilo.

Durante la visita del ministro, al que reciben altos cargos de la Policía que le ponen al día de los avances y del trabajo pendiente, 55 mujeres mayores de edad son atendidas en las líneas de triaje. Hay alguna argelina, pero la práctica totalidad de las que cruzaron a nado los días finales de julio viene de Tánger. En el dorso de sus manos llama la atención un número, muy grande, pintado sobre la piel con rotulador azul y que las ordena para sus turnos de atención con los funcionarios.

“Han estado semanas en la calle, algunas con niños pequeños, asistidas muchas de ellas por asociaciones de vecinos. Ahora las atendemos nosotros en un centro por un convenio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, cuenta a las puertas del CATE Elvira Pérez de Madrid, coordinadora del equipo jurídico de Sur Acoge, que narra que la inmensa mayoría de mujeres que son entrevistadas en ese momento huyen de violencias extremas.

“Hay víctimas de violencia de género, de violencias intrafamiliares de padres, víctimas de trata o hasta matrimonios forzosos con sus proxenetas... una auténtica brutalidad”, cuenta visiblemente afectada. “A muchas les dicen que si tienen denuncias interpuestas en Marruecos eso puede ayudarlas, pero lo que cuentan es que la policía marroquí no les hace caso. Muchas intentaron denunciar y pasaron de ellas”. Lo que reclaman desde Sur Acoge es que los recursos del Estado se pongan a disposición de la emergencia para garantizar una acogida digna y equitativa que, hoy por hoy, resulta utópica. “No entendemos que ni siquiera los perfiles más vulnerables no puedan ser acogidas en la Península para ponerlas a salvo y darles un trato digno”, dice la coordinadora.

Aunque nadie del Gobierno quiere pronunciarse sobre procesos de protección internacional que por ley han de ser tramitados de manera individualizada, la presión política nacional e internacional sobre la inmigración hace temer a las organizaciones de derechos humanos que al final del largo camino burocrático pueda esperar una orden de expulsión generalizada para todos y todas los que entraron en Ceuta a finales de julio. Algo así como una respuesta contundente de la administración que suene a aviso para el futuro y de la que solo se libren los casos más flagrantes de víctimas de conflictos bélicos o de violencias explícitas. Y siempre y cuando puedan acreditarlas, algo a menudo imposible. En cualquier caso, una mínima parte de quienes cruzaron a nado o a pie la frontera del Tarajal.

A primera hora de la tarde del miércoles, la crisis política en la Delegación del Gobierno en Ceuta desatada tras la publicación de los mensajes del CNI pilla a Ángel Víctor Torres en mitad de una agenda frenética en la ciudad. Justo después de comer participa en una nueva reunión del comité de situación que cuenta con la presencia de varios ministros implicados en la gestión de la crisis y de representantes de las autoridades locales. Y el balance del segundo día de curso escolar mejora al del martes.

“Ya han acudido más del 80% de los estudiantes a las aulas. Es para felicitar a la comunidad educativa, a las madres, a los padres y al alumnado. Esto es difícil, pero tenemos que volcarnos en garantizar el derecho básico a la enseñanza”, hace balance el ministro, que se sacude las preguntas sobre la polémica en torno al delegado del Gobierno y su jefe de gabinete. “Yo vengo aquí a gestionar, a mejorar las cosas. Y lo que puedo decir es que el resultado del trabajo de hoy va a hacer que en muy pocos días vuelva a verse un cambio grande en las calles de Ceuta. Están a punto de habilitarse muchos espacios nuevos. Y van a llegar más funcionarios para reforzar los triajes del CATE. Esto no es sencillo, y por eso Feijóo es irresponsable cuando habla de soluciones en 24 horas que son ilegales. De verdad, estamos dando todos los pasos para acelerar la resolución de esta crisis”.

Después del comité de situación la tarde le cunde a Ángel Víctor Torres para acudir a una reunión de seguimiento de esos espacios habilitados, especialmente los nuevos emplazamientos del Puerto que también se espera que estén listos en cuestión de días. Y por la noche, de vuelta al hotel, no oculta su frustración porque se haya impuesto el mensaje de que el Gobierno abandonó a Ceuta. “Yo entiendo que todo es muy difícil y respeto todas las críticas, pero es profundamente injusta la caricatura de que tenemos abandonada a Ceuta y que aquí no hacemos nada. Nunca jamás se había llevado a cabo un despliegue y una movilización de recursos como esta para una crisis migratoria”.

La gran duda ahora es si ese despliegue será suficiente para aplacar la peor crisis fronteriza, migratoria y humanitaria documentada en España en su historia reciente. Y si Ceuta, donde el discurso del odio hacia el migrante hace su agosto, podrá aguantarla sola mucho más tiempo.