Las hostilidades entre progresistas y conservadores amenazan con llevar al Poder Judicial a la parálisis

El nuevo curso en los tribunales ha arrancado con las espadas en alto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La publicación de un comunicado en el que nueve vocales progresistas pedían “autocrítica” a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha causado un enorme malestar en el resto de miembros del órgano. Tanto es así, que los consejeros del bloque conservador han anunciado que rompen relaciones con el otro grupo, cuyos votos son necesarios para sacar adelante cuestiones clave, como los relevantes nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo. 

A su juicio, ese comunicado en el que nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar pedían que el solemne acto de apertura de los tribunales no se redujera a una mera presentación estadística o un cruce de reproches supone una “deslealtad tremenda”. “Pretendían condicionar el discurso de la presidenta con un escrito a la prensa que ni nos habían comunicado. Afortunadamente, no lo consiguieron”, sostiene una fuente del grupo conservador. 

Por contra, la sensación en el bloque progresista es que ese comunicado que trasladaron de forma previa a la presidenta, aunque no al resto de sus compañeros, era un necesario “golpe en la mesa”. Consideran que era inevitable actuar con firmeza tras dos años de cierta subordinación a la presidenta y a los vocales de la derecha, que han “impuesto su rodillo” en cuestiones muy relevantes, como el reparto de poder dentro del órgano. “Estamos donde queremos estar: abiertos a hacer un programa de gobierno discutido y asumiendo que hay cosas en las que no hay acuerdo, pero no dispuestos asumir por asentimiento todo lo que ellos proponen”, apuntan en el bloque progresista. 

El nuevo escenario proyecta una sombra de bloqueo sobre el órgano en caso de que los conservadores mantengan su órdago. No obstante, algunas voces de este bloque consideran que aunque la situación será muy tensa en los próximos meses “no es insalvable”: “Ya hemos demostrado que podemos superar estas cuestiones y que, aunque discrepemos, tenemos capacidad de encapsular los conflictos”.

Los nombramientos en la cúpula judicial requieren una mayoría reforzada de 13 de los 21 votos, lo que obliga al acuerdo entre miembros de ambos bloques. Para otras decisiones, sin embargo, se necesita solo una mayoría simple de 11 votos que el grupo conservador podría lograr gracias a la presidenta y al vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado, con quienes ya se han aliado en otras ocasiones. La más relevante, en octubre del año pasado, cuando se pusieron de acuerdo para imponer una mayoría conservadora en ocho de las once comisiones en la que se organiza el trabajo de la institución.

Por mandato legal, esas comisiones tienen que volver a renovarse de nuevo en unas semanas, lo que también explica que se hayan desatado las hostilidades entre ambos grupos, de acuerdo a las fuentes consultadas. La más relevante es la Comisión Permanente, el núcleo duro formado por siete vocales y la presidenta y donde se toman muchas decisiones. Entre ellas, por ejemplo, si se abren expedientes disciplinarios a magistrados. Y ahí, los conservadores defienden que tanto Perelló como Preciado forman parte de la “cuota” progresista, lo que reserva solo dos puestos para los otros nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar.

Los nombramientos

De puertas afueras, sin embargo, la competencia más relevante del CGPJ es la de realizar designaciones en las cúpulas de los principales tribunales. En estos dos años, la política de nombramientos ha evidenciado que las cesiones del grupo progresista han blindado el enorme peso de la principal asociación de la derecha judicial, que ha copado casi el 40% de los ascensos del mandato, más que las otras tres asociaciones juntas.

Entre tanto, la presidenta se ha puesto de perfil en otros asuntos de calado, como en las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha tras el veto a las dos aspirantes mujeres propuestas por el grupo progresista. 

“Lo que ha pasado esta semana evidencia un cierto hartazgo con la presidenta y con el Tribunal Supremo”, dice un miembro del grupo de la izquierda. Este jueves, mientras se celebraba el tradicional cóctel con autoridades posterior al acto de apertura judicial, el Alto Tribunal difundió los autos que sustentan la decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo y en los que una mayoría de magistrados alienta la teoría de Vox —autor de uno de los recursos— sobre un supuesto pucherazo. 

El ponente de esa resolución es Antonio Narváez, uno de los juristas que en un encuentro privado de fiscales con Alberto Núñez Feijóo llegó a expresar su deseo de que el líder del PP llegara al Gobierno, según informó El País. Narváez ascendió al Supremo hace poco más de un año, con el respaldo de todos los vocales del órgano salvo Preciado. Este último respaldó a Pedro Moreno Brenes, que fue candidato de Izquierda Unida y ejerce como letrado en el Supremo. 

Preciado, que actúa como una suerte de verso suelto aunque se ha alineado con la presidenta y la derecha en cuestiones clave, también ha sido muy crítico con el texto difundido por los vocales progresistas. En otro comunicado, Preciado alude a la “instrumentalización” del órgano y acusa a sus compañeros de convertirse en “correa de transmisión de intereses políticos ajenos”. Las reacciones de Preciado y los vocales de la derecha evidencian que existe una total sintonía entre ambos al denunciar un supuesto alineamiento de sus compañeros con el Gobierno y el Ministerio de Justicia. 

El discurso de Perelló

En ese comunicado, nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y una de Sumar reclamaron a Perelló que incorporara una reflexión crítica y autocrítica sobre la propia gestión del CGPJ y sobre las medidas que le corresponde asumir. “La credibilidad del Consejo exige autocrítica, ejercicio efectivo de sus competencias y compromisos susceptibles de evaluación”, decía el texto enviado a los medios. 

Pese a ello, Perelló volvió a desplegar un discurso muy corporativista en el que, además de los nombramientos, citó entre los “objetivos” logrados la emisión del informe sobre el sistema de elección de los vocales que exigió el Parlamento. Ese informe se realizó hace un año y medio, en febrero de 2025, y el órgano tuvo que hacer dos propuestas ante la falta de acuerdo entre conservadores y progresistas. Perelló no tomó partido y optó por votar en blanco. También aludió a la elaboración de una instrucción sobre Inteligencia Artificial o a la creación de un Grupo de Trabajo de Derechos Humanos. 

Por lo demás, la presidenta utilizó varios minutos para defender la independencia judicial y reprender a los políticos que emiten “descalificaciones personales” contra los jueces —son un “instrumento de presión”, dijo—. Y reservó apenas unos segundos para pedir a los jueces “mesura” en el ejercicio de sus atribuciones y “prudencia” en sus intervenciones públicas. Además, optó por obviar las encuestas que apuntan a que un 60% de los ciudadanos creen que hay lawfare [guerra judicial] en España y afirmó con rotundidad que los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales. 

En términos generales, su discurso gustó a los vocales conservadores, quienes creen que sus compañeros de la izquierda no lograron condicionar las palabras de la presidenta con el comunicado que tanta tensión ha provocado. Los consejeros de la derecha ven en Perelló “un ejemplo de contención”. “Siempre está moderando, apaciguando y buscando el consenso”, dice otra fuente de este bloque.

Los progresistas, por su parte, recuerdan que hace un año los consejeros de la derecha también contribuyeron a elevar la tensión del acto de apertura judicial cuando pidieron por carta a Perelló que instara a ausentarse de ese acto al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a que impidiera que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se sentara junto al rey Felipe VI y el resto de altas autoridades en los estrados del alto tribunal. Esa carta también acabó en la prensa.

La tensa situación que se vive en el CGPJ pone el foco en Perelló, que ha perdido el apoyo de parte de los vocales que la auparon a la presidencia. Y evidencia también las costuras del ajustado reparto de vocales pactado entre el Gobierno y el PP tras cinco años de bloqueo. Ahora, está por ver cómo afecta al día a día del órgano el estallido de unas hostilidades que parecían soterradas en los últimos meses. 

Entre los retos del nuevo curso está la renovación de cuatro vacantes en la Sala Segunda, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace más de dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio. La intención de los progresistas era que esa plaza fuera adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hasta este verano había 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora.

Sin embargo, esa negociación ha sido bloqueada por los vocales elegidos a iniciativa del PP. Su estrategia ha consistido en posponer las conversaciones hasta que se produjeran más vacantes por jubilación y buscar así una renovación en bloque con los puestos que dejaron en junio los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado, y con la plaza de Juan Ramón Berdugo, que se jubiló la semana pasada. También hay otra vacante en la Sala que acaba de fallar sobre la ley de nietos, que también debe renovar su presidencia. Son puestos de la máxima relevancia y sobre los que planea ahora la sombra del bloqueo si los conservadores mantienen su amenaza de romper el diálogo.