El PP rechaza en bloque la nueva financiación autonómica pese a reconocer que es “mejor” que la actual

El PP mostrará este miércoles un rechazo en bloque al proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica pactado por el Gobierno con ERC. Hacienda ha convocado a los consejeros del ramo a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se les informará de las líneas generales de la propuesta. Luego llegarán las negociaciones bilaterales y un complejo trámite parlamentario para el que Pedro Sánchez no tiene garantizados los 176 votos necesarios.

El proceso acaba de empezar y el objetivo del Gobierno es que el nuevo sistema esté listo para 2027. Los detalles sobre la propuesta todavía no se conocen, más allá de los cálculos de ingresos que presentó Hacienda el pasado viernes. Aun así, el rechazo en bloque del PP ya fue adelantado este fin de semana por Alberto Núñez Feijóo, quien la tachó de “una financiación a la carta que abunda en lo de siempre: el separatismo exige y los españoles pagan”. “Eso no es posible. Eso no es razonable. Eso no es igualdad, eso no es justicia social”, apuntilló.

“Nuestra respuesta ha de ser unida, ha de ser determinante, ha de ser constante”, aseguró en la clausura de la 28 Interparlamentaria del PP celebrada en A Coruña. Justo antes que él intervino el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien también criticó la propuesta. 

Pero Rueda señaló el problema que tiene el PP de Feijóo desde hace años: hay unidad en rechazar las iniciativas del PSOE, pero no son capaces de armar una propuesta alternativa conjunta. “Claro que vamos a discutir”, dijo sobre la asistencia de los consejeros del PP a la cita de este miércoles. “Y discutiremos entre comunidades autónomas porque cada una tenemos nuestras necesidades, nuestras realidades, nuestros puntos de vista, nuestras prioridades, y, si me permitís, incluso, nuestros pequeños y legítimos egoísmos”, zanjó.

El PP acudirá así a la cita de este miércoles y, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior reunión, centrada en la quita de la deuda, no está previsto un plante coordinado. De hecho, tanto en público como en privado, dirigentes nacionales y altos cargos autonómicos reconocen que el modelo diseñado por María Jesús Montero “algo mejor es” que el actual. 

En concreto, desde el PP se asume que se ha reducido a la mitad la distancia entre las regiones con un aumento de la financiación por habitante. Esta pasaría de 1.500 a 700 euros. En el PP también defienden la ordinalidad del sistema. Un responsable económico del partido aseguró este fin de semana a los periodistas que hace falta un “equilibrio para que el que más aporta no quede por debajo” de las demás regiones.

Feijóo ha convocado el próximo domingo a sus barones autonómicos en Zaragoza para una reunión en la que tratarán de unificar una respuesta al Gobierno.

21.000 millones más 

El nuevo modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda prevé una inyección de 21.000 millones de euros adicionales, disparando el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones en 2027, cuando entraría en vigor.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha diseñado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

La propuesta que desgranó el viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recibido el aval de la agencia de calificación Standard & Poor’s, que pone en valor los mayores recursos que recibirán las comunidades. Esto las acercaría al objetivo que persigue Hacienda: que los gobiernos regionales puedan financiarse en los mercados y someterse a su disciplina. Pero pone en duda que salga adelante, precisamente por lo precario de la mayoría que sustenta el Gobierno.

La ministra Montero lleva meses reclamando al PP de Feijóo que acuerde una postura única para cerrar la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúnen los consejeros de Hacienda de cada comunidad, la mayoría populares, pero cada uno tiene intereses contrapuestos a la hora de establecer los criterios para repartir los recursos.

El Gobierno trata de trasladar la presión a Feijóo para que ponga orden en el partido, con el argumento de que la reforma del sistema, que se instrumenta a través de una Ley Orgánica, se vota en el Congreso y no en el órgano multilateral. “Si no les gusta el modelo, que propongan el suyo”, dicen fuentes del Ministerio.

De hecho, el Ejecutivo tendría asegurado que la propuesta saliera adelante en el CPFF, de llegar a votarse, porque cuenta con la mitad de los votos en el organismo y solo necesita el apoyo de una de las comunidades (Catalunya, singularmente) para salvar el trámite. El reglamento de la multilateral garantiza a Hacienda el control de lo que se vota y se aprueba. Algo que la Autoridad Fiscal ha criticado recientemente, pidiendo reformar las mayorías para la aprobación de determinados asuntos en estas reuniones. Entre ellos, potenciales reformas del sistema de financiación autonómica.

Para el Gobierno lo importante no es lo que pueda pasar en el CPFF, sino lo que ocurra en el Congreso. A pesar de la complejidad parlamentaria, y de que por ahora no tiene los apoyos suficientes por las dudas que ha suscitado en algunos aliados como Compromís, en Moncloa se muestran confiados en poder sacarlo adelante gracias a Junts, aunque la formación independentista quiera un concierto económico como el de Euskadi o Navarra. 

“El modelo de financiación llegado el momento contará con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario. Junts lo apoyará. Junts cree que Catalunya debe salir del modelo de financiación, pero hay vigente un modelo de financiación caducado que perjudica mucho a Catalunya”, reflexionan fuentes gubernamentales que ponen en duda que se opongan a una propuesta que es “claramente más justa para todos los territorios”. “Llegado el momento pulsarán el 'sí' con el espacio de seguir diciendo que quieren cupo”, agregan. 

Grietas en el PSOE

No obstante, la actual propuesta ha abierto grietas en el propio PSOE. Las dos comunidades en las que gobiernan los socialistas –más allá de Navarra, que está fuera de esta pelea– se oponen al modelo que ha presentado la ministra de Hacienda. 

El más beligerante ha sido Emiliano García-Page, que calificó de “atropello” la reforma y planteó un adelanto electoral. Más allá de las críticas por haber pactado el modelo exclusivamente con Catalunya y ERC y por la “falta de transparencia” de Hacienda, que no ha hecho públicos todos los datos sino exclusivamente los de los recursos adicionales, lo que argumentan en el Ejecutivo manchego es que “el resultado final sería muy positivo para aquellas comunidades con una gran capacidad tributaria” mientras que las que tienen menos músculo seguirían infrafinanciadas, como es el caso de Castilla-La Mancha, que suponen que en las cifras globales estará por debajo de la media. “Es un modelo incompatible con el principio de igualdad”, reprochó el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina. 

También Asturias ha cargado contra el principio de ordinalidad que inspira la reforma y que es una “línea roja” para el Ejecutivo de Adrián Barbón, muy crítico con la propuesta tanto en el fondo como en la forma. “No nos ha gustado que nos pidan adherirnos a un contrato que ya existe”, afirmó la vicepresidenta, Gimena Llamedo, que aseguró que no aceptará “un plato precocinado”. 

“Siempre hemos defendido que la financiación no puede depender únicamente de la riqueza o de la población, sino que debe garantizar la igualdad en la prestación de servicios”, afirmó la número dos del Gobierno regional, que ve avances, como el reconocimiento de costes fijos en el cálculo de la población ajustada, pero tiene recelos también respecto a la distribución del fondo de nivelación horizontal y las competencias no homogéneas. En todo caso, lo que sostienen es que la propuesta es el “punto de partida” y esperan a los resultados que esperan puedan darse de una negociación multilateral antes de dar un 'no' rotundo.