Una cámara instalada en la cafetería del Hospital de Bellvitge pone en alerta a los trabajadores: “Nos sentimos controlados”

Una cámara de videovigilancia ha puesto en alerta a los trabajadores del Hospital de Bellvitge de Barcelona. Aunque el centro está lleno de dispositivos de vigilancia, este tiene algo especial: está situado en la cafetería, a la que acceden tanto pacientes y familiares como trabajadores, y fue colocada sin avisar. No hay carteles que alerten de que se están grabando imágenes y no se envió comunicación alguna a los trabajadores, que suelen ir allí a comer o a pasar sus descansos. Eso ha derivado en que la Autoridad Catalana de Protección de Datos haya abierto un expediente sancionador al centro por tres presuntas infracciones.

Los empleados supieron de su existencia por casualidad. Durante una reunión del Comité de Seguridad y Salud con la empresa, se trató un tema que llevaba años en el orden del día: las largas colas que se forman en la cafetería durante los fines de semana y en los turnos de tarde y noche.

El motivo es que en esos turnos, la cantina se convierte en el único punto de venta de comida disponible y se vuelve una de las zonas de descanso más habitual para los empleados. Como consecuencia, la concentración de gente es mayor, lo que produce largos tiempos de espera.

El Comité llevaba tiempo reclamando a la empresa una solución y, en la última reunión, esta contestó que estaba analizándolo y que, a tal efecto, había instalado una cámara en la cafetería para ver por qué se producían esas colas. La noticia tomó por sorpresa a los trabajadores que, en seguida, protestaron. “Es algo totalmente ilegal, aunque la empresa lo vendiera como una idea brillante”, se lamentan desde la plantilla.

La cámara enfoca las zonas de la barra, bufé y pago, por lo que sí podría servir para evaluar el funcionamiento de la cantina. Aunque desde la CGT alertan de que el servicio de cafetería está externalizado, por lo que consideran que no es competencia del Hospital de Bellvitge analizar esas colas. Por eso, lo que preocupa a los trabajadores es que pueda ser una herramienta para vigilarles a ellos. Y es que también se graba una parte del comedor y el único acceso al espacio. “Es facilísimo controlar quién entra, quién sale y cuánto tiempo pasa allí. Nos sentimos vigilados”, añaden.

CGT considera que la instalación de esta cámara contraviene el artículo 89 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que especifica que “en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonido ni vídeo en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos”. Desde el sindicato añaden que dicha cámara “vulnera el derecho a la intimidad”.

Por ello, en 2024 interpusieron una denuncia ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Este febrero, un año y medio después, se ha resuelto iniciar un procedimiento sancionador contra el Hospital de Bellvitge por tres presuntas infracciones recogidas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, tal y como consta en la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Según la Autoridad, la infracción se basaría en no haber informado debidamente de la instalación de la cámara, así como de otros detalles como el motivo, el uso que se va a hacer de las imágenes, quiénes tendrán acceso a ellas y durante cuánto tiempo se guardarán. Tales infracciones se castigan con multas administrativas de hasta 20.000 euros o, en caso de empresas, el 4% del valor de negocio anual.

Preguntado por este medio, el Hospital de Bellvitge, que asegura desconocer la apertura del expediente sancionador, se ha limitado a contestar que la cámara ya ha sido desinstalada, sin especificar el porqué ni la fecha. Por su parte, los trabajadores han informado que la retirada de la cámara se realizó durante la misma jornada en la que elDiario.es contactó con el hospital para recabar su versión.

A la espera de más acciones

La Autoridad Catalana de Protección de Datos no ha entrado a valorar la conveniencia o no de instalar una cámara en un lugar de descanso del personal -que es, a la vez, un restaurante abierto al público- y, por eso, desde la CGT no descartan poner una queja también ante la Inspección de Trabajo.

A preguntas de este medio, desde el sindicato aseguran que, si no lo han hecho todavía es porque los trabajadores de centros sanitarios públicos están regulados por el Estatuto Marco, no por el Estatuto de los Trabajadores, por lo que, si bien la Inspección de Trabajo tiene competencias en estos centros, están limitadas.

“Nos han mareado en más de una ocasión y, por eso, hemos preferido empezar por la Autoridad de Protección de Datos, donde vemos una infracción clarísima, y así establecer una base que facilite las cosas a Inspección de Trabajo”, aclaran los trabajadores.

Más allá de la vulneración a la intimidad, desde la CGT alertan de que la cámara “puede ser perfectamente un método de control horario de los trabajadores. Si esta cámara se queda aquí y no hacemos nada, la empresa puede sentirse en la libertad de llenar el resto de espacios de descanso de cámaras”, sostienen fuentes de la plantilla.

Polémica con la capilla

La resolución de la Autoridad Catalana de Protección de Datos –que todavía puede tardar meses en resolver si hay sanción o no–, se suma a otra queja que pusieron los trabajadores y que todavía no se ha resuelto. Esta se remonta a 2022, cuando el Hospital abrió su sala de culto y reflexión. Esta, según la ley catalana de cultos, debería ser aconfesional al encontrarse en un centro público.

Pero, por el contrario, la CGT ha llegado a contabilizar hasta 15 elementos de culto católico así como octavillas y documentos promocionando el Opus Dei. Además, afean al centro que el espacio figure como “capilla”. Desde el sindicato recuerdan que estas salas han de ser respetuosas con todas las religiones, así como con las personas agnósticas, que “deberían poder acceder allí para afrontar su duelo y su dolor”.

Por ello, interpusieron diversas quejas. Una de ellas fue a la Sindicatura de Greuges (el defensor del pueblo catalán), quien les dio la razón en 2023. Tras ello, el Govern trató el tema en el grupo de trabajo ‘Iglesia Católica-Departament de Salud’ y trasladó las quejas al Secretario de la Conferencia Episcopal de Tarragona, el sacerdote Sebastià Aupí.

El párroco pidió disculpas “por la presencia de simbología católica en el espacio en cuestión” y se comprometió a dar orden de retirarla. Pero eso, casi tres años después, todavía no ha sucedido.