El Congreso aprueba la ley que castiga con cárcel las terapias de conversión LGTBI

El pleno del Congreso ha dado el visto bueno este jueves a la ley que castiga con penas de cárcel las terapias de conversión LGTBI. El texto, presentado por el PSOE hace justo un año, ha contado con los votos a favor de 178 diputados y 32 en contra, los de Vox. El Partido Popular se ha abstenido. La norma pretende incorporar al Código Penal este tipo de métodos que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas y contempla penas de prisión de seis meses a dos años para quienes “los apliquen o practiquen”.

Promover terapias de conversión es considerado actualmente una infracción administrativa muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, según la Ley Trans de 2023. La norma que se debate en el Congreso pretende “elevar la respuesta” y “dar un paso más” para incorporarlas al Código Penal debido a se consdieran “una de las formas más graves de ataque y denigración del colectivo LGTBI”. El objetivo, según los grupos que han apoyado el texto, es fundamentalmente que se convierta en una herramienta “disuasoria” de este tipo de métodos.

Tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como el diputado del PSOE Víctor Guitérrez han celebrado el “paso adelante” que supone la norma, que ha llegado al pleno a las puertas del Orgullo LGTBI. “A estas personas les hicieron creer que era un error, pero el error no eran ellas, lo eran la vergüenza que les impusieron, el silencio y la impunidad”, ha afirmado Gutiérrez, que ha reivindicado la ley como una forma de “cerrar una puerta que nunca debió estar abierta, la de la culpa y el miedo” que “les hicieron sentir” a quienes les dijeron “que había algo malo en ellos”.

El texto propone la inclusión de las terapias de conversión en el artículo 173 del Código Penal, que persigue las torturas y los delitos contra la integridad moral. El objetivo es castigar con pena de prisión y/o multa de ocho a 12 meses a quien “aplique o practique” actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos “de aversión o conversión” destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la identidad de una persona “aún con su consentimiento o el de su representante legal”.

Con esta redacción llegará la norma al Senado después de haber estado varios meses en la Comisión de Igualdad, donde el debate ha girado entre otras cosas en torno al consentimiento. Finalmente, la ley establecerá que estas terapias sean perseguidas independientemente de que la persona que acuda a ellas lo haga con consentimiento y por su propio pie, un extremo contra el que se han opuesto ferréamente tanto el Partido Popular como Vox, que han votado en contra.

El diputado popular Jaime de los Santos ha asegurado que la ley “es necesaria” pero ha defendido la validez del consentimiento apelando a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, y a la ley del solo sí es sí. “El consentimiento está en la base de nuestro Estado y es imprescindible. ¿Consistió Miguel Ángel Blanco que le quitaran la vida?”, ha preguntado antes de culpar al Gobierno de la salida de “violadores y pederastas” de la cárcel debido al “sectarismo” de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha calificado de “ley nefasta” de la que “fue base el consentimiento”.

El “acompañamiento psicológico y espiritual”

El objetivo del PP es que se prohíban las terapias de conversión, pero solo las de “naturaleza coercitiva” y dejando fuera aquellas que se practican con el consentimiento de la víctima. Su propuesta, presentada vía enmiendas que no han salido adelante, introduce así una interpretación más restrictiva y delimita como delito solo aquellas intervenciones que impliquen “violencia física, psicológica o moral”, abriendo una excepción explícita para el “acompañamiento psico-social o espiritual” que no persiga modificar la identidad y cuente con el consentimiento de la persona que acude.

En la misma línea se ha expresado Vox, que diferencia entre “tratamientos forzados contra la integridad física y psicológica” y el hecho de “acudir a un psicólogo o sacerdote” a los que “los homosexuales acuden a pedir ayuda porque han decidido libremente que quieren vivir acorde a su fe”. En estos casos, “no estamos hablando de terapias forzadas”, ha apuntado la diputada María Ruiz Solá, que ha acusado a los grupos de “eliminar la posibilidad de que alguien pueda si quiera dudar de su homosexualidad”. “Lo que quieren es que nadie cuestione ssus preceptos sobre la homosexualidad o la transexualidad”, ha añadido.

Para el PSOE, Sumar y el resto de los socios, la propuesta de la derecha implica dificultar la persecución de prácticas que habitualmente se presentan como “ayuda” o “asesoramiento” pero que en el fondo buscan también modificar la identidad de una persona aunque de forma más sutil. “Señorías, no existe consentimiento libre cuando lo que está en juego es una práctica que nace de la presión social, familiar y religiosa para corregir identidades, cuando la persona está inmersa en un entorno que le dice que es un error”, ha señalado Bel Pozueta, de Bildu.

En el mismo sentido se ha expresado el PNV, que ha apuntado a que el ordenamiento jurídico “reconoce que el consentimiento no legitima cualquier actuación contra la persona y que existen límites cuando están en juego otros derechos”, en palabras de Maribel Vaquero. “Estas terapias no son una ayuda, un acompañamiento o una opción terapéutica. Son violencia ejercida contra personas por ser quiénes son. Durante demasiados años ha habido jóvenes encerrados en despachos, consultas o grupos de prisión escuchando que su identidad era un problema o una desviación y su manera de vivir tenía que ser corregida”, ha sostenido Teresa Jordà, de ERC.

Los socios han celebrado la aprobación de la norma, pero todos han reprochado al PSOE que haya votado en contra de la enmienda impulsada por Sumar, ERC, Bildu, BNG y Compromís que reclamaba ayudas económicas y la garantía de una alternativa habitacional a las víctimas de las terapias de conversión. “Somos muchos los que queríamos ir más allá porque sabemos qué pasa después de la violencia, cuando una persona es rechazada por su familia o se le expulsa de su casa. La justicia no consiste solo en castigar al que hace daño, también en garantizar que las víctimas puedan reconstruir sus vidas”, ha defendido Jordà.

La posición de Junts es la que ha estado en duda hasta estos últimos días, después de haber mostrado dudas sobre la redacción del texto. La parlamentaria Pilar Calvo ha aclarado que su grupo suma sus siete votos “a que el Código Penal haga justicia con las personas LGTBI”, pero también ha defendido como una oportunidad la tramitación en el Senado “para encontrar el consenso”. Su apuesta es un texto que “aclare qué es o no una terapia de conversión” con el objetivo de que “los espacios de ambigüedad no sean espacios para la injusticia”. “Tenemos que hallar un redactado que acote el espacio de interpretación sin abrir la puerta a la impunidad”, ha remachado sobre el “acompañamiento por parte de psicólogos o psiquiatras”.

“Soy del PP y maricón”

Los populares han utilizado su intervención para erigirse como baluarte de los derechos LGTBI pese a que ha votado en contra de esta norma y de todas las leyes estatales en materia LGTBI, desde el matrimonio igualitario de 2005 a la Ley Trans de 2023. De los Santos se ha revindicado como un gay “orgulloso” de militar en la formación conservadora y ha “agradecido” a Alberto Núñez Feijóo “no mirar a nadie por a quién ama o con quién se acuesta”. “Soy del PP y maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas”, ha dicho en un momento del debate especialmente tenso.

De los Santos ha asegurado que su formación “celebra el Orgullo” y que, en los pactos de Gobierno, “pone sus líneas rojas” en la “defensa de los derechos del colectivo”, ha dicho al respecto de sus acuerdos con Vox. “Allí donde gobierna [el PP], celebra nuestros derechos con determinación y vehemencia”, ha añadido poniendo como ejemplo Madrid o Valencia, a pesar de que los Ejecutivos de estas dos comunidades han recortado las leyes LGTBI autonómicas y de que en muchos territorios en los que gobierna el bloque de la derecha, esta se niega a colgar la bandera arcoíris durante el Orgullo.