Bomberos precarios y con retenes incompletos luchan contra los megaincendios: “Estamos agotados”

Aún no se había declarado uno de los mayores desastres forestales de la historia de España y ni Madrid ni Ávila ardían todavía, cuando los bomberos advirtieron de las precarias condiciones con las que, un verano más, afrontaban la temporada de incendios. “Está todo preparado para que con una ola de calor se inicie el fuego. La situación meteorológica no descansa, pero gran parte de las comunidades siguen improvisando sus operativos a última hora”, alertaban ya el pasado 23 de junio. No era una advertencia aislada, sino el reflejo de un problema que el sector, responsable de apagar incendios cada vez más voraces y rápidos, arrastra desde hace años.

La disparidad entre autonomías en lo que a cuerpos de bomberos forestales se refiere dibuja un mapa desigual al que es difícil seguir el rastro, pero muchos territorios comparten denuncias comunes: desde la falta de recursos y plantillas insuficientes a contratos temporales, bajos salarios y una prevención que, lamentan, sigue relegada a un segundo plano. Eso a pesar de que los bomberos cuentan desde noviembre de 2024 con una ley específica que busca unificar condiciones laborales y operativas y que, denuncian los sindicatos, no se cumple como debería.

Después del catastrófico verano de 2025, los bomberos esperaban más preparación durante el invierno, pero, según CCOO, esta no ha llegado. “La tarea fundamental sigue siendo anticiparse y ser previsores, sin ese trabajo previo es muy difícil acometer con eficacia las emergencias”, afirma Carlos Martín, bombero forestal BRIF que está trabajando en los incendios de Madrid y Ávila. Estas unidades, que dependen del Ministerio de Transición Ecológica, sí son permanentes, pero no ocurre así con buena parte del personal de varias comunidades.

“En octubre muchos dejan de trabajar, a pesar de que por las necesidades evidentes deberían ser permanentes y hacer trabajos todo el año de mantenimiento, quemas controladas y gestión forestal”, explica Rubén Pinel, de la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO. El sindicato CSIF ha cuantificado estos días que “más de 4.000 bomberos fueron despedidos” el pasado mes de octubre tras la campaña de incendios, “desmantelando así el operativo” contra el fuego, mientras que el salario medio de estos trabajadores se sitúa en unos 1.400 euros mensuales netos.

La situación deriva en que, cuando el monte empieza a arder, los dispositivos de lucha contra el fuego la afrontan “sin tener personal suficiente o el previsto contratado” y sin haber desarrollado tareas “de formación o sensibilización a la población”. CCOO denuncia que, a finales de junio, el operativo de Castilla y León, la comunidad con mayor superficie forestal de España, “no estaba preparado con suficiente antelación”. El sindicato pone el foco “en la gran precariedad laboral y la falta de estabilidad” en las contrataciones, que en parte siguen derivándose a empresas privadas pese a la promesa de la Junta de ir incorporando a todo el personal al sector público.

Según Sara Mateos, agente medioambiental y delegada sindical de CSIF, la única medida aplicada tras los grandes incendios forestales del pasado año fue convertir en personal fijo durante todo el año a una parte de los trabajadores públicos, mientras el de las empresas privadas continúa trabajando solo durante cuatro meses, con sueldos de 1.200 euros.

Unas “condiciones laborales dignas” reclaman los bomberos de la Comunidad de Madrid, que hablan de “desesperación” y sensación de “abandono”, al tiempo que mantienen un pulso con el Gobierno autonómico y su empresa empleadora, Tragsa, desde hace un año. Asolada por “el incendio más grave de su historia”, la comunidad afronta las llamas con un operativo reorganizado este año, que ha provocado que en verano operen menos bomberos que el anterior. “Hemos pasado de siete efectivos a cinco en cada dotación”, decía hace unos días a elDiario.es el bombero forestal Julio Chana, de CGT.

Los trabajadores advirtieron ya en abril de la falta de prevención en los bosques madrileños, a pesar de que el sector insiste en su importancia debido a la abundancia en Madrid de urbanizaciones y núcleos de población situados junto a masas forestales, la conocida como interfaz urbano-forestal. Esto supone que sin discontinuidades ni planificación, un incendio como el de la última semana alcanza las viviendas con rapidez. Aunque algunos ya están pudiendo volver a sus casas, en total 50.000 personas han sido evacuadas o confinadas en Madrid.

Jornadas sin regular y vacantes por cubrir

En Castilla-La Mancha, los bomberos forestales de la empresa pública Geacam, denuncian desde hace años la falta de personal y el incumplimiento de un convenio colectivo caducado desde diciembre de 2024. Según Manuel Amores, delegado sindical de CCOO, las bolsas de trabajo están agotadas en las cinco provincias y las bajas ya no pueden cubrirse, mientras el dispositivo completo solo permanece activo 95 días, pese a que reclaman ampliar la campaña hasta el 30 de septiembre. “El 8 de septiembre ya hay compañeros vigilantes que se desactivan y el 18 de septiembre pasa con los retenes, en plena campaña de alto incendio”, denuncia.

“Estamos agotados”, recalca Amores, quien afirma que a trabajar 12 horas por 1.300 euros y estar disponibles los 30 días del mes “lo llamaría esclavitud”. “Es nuestro trabajo, nuestra prioridad es apagar los incendios, no es cuestión de hacer movilizaciones ahora, pero tendremos tiempo de reunirnos en octubre, que es cuando baja el tema de los incendios”.

Las largas jornadas de trabajo son otra de las denuncias comunes: según CCOO, a nivel general se llegan a realizar “a menudo” jornadas por encima de las 14 horas y que pueden llegar a las 22 de forma ininterrumpida. El sindicato señala que el Ministerio de Trabajo debería haber aprobado ya un reglamento al que obliga el conocido como estatuto del bombero, para regular las jornadas de trabajo en condiciones extremas o el reconocimiento de enfermedades profesionales, pero “no lo ha hecho”. “Es urgente que actúe y cumpla con sus obligaciones”, señala la central sindical.

En la Comunitat Valenciana, los bomberos forestales celebraron el pasado año la aprobación del tercer turno, una reivindicación histórica para reforzar los operativos y reducir la carga de trabajo en emergencias prolongadas. Sin embargo, denuncian que la falta de estructura de la empresa pública SGISE está retrasando la incorporación de nuevos efectivos y mantiene vacantes decenas de puestos de mando. Según el comité de empresa, el déficit de personal llegó a alcanzar el 40% durante el invierno y ronda el 15% en pleno verano, una situación que ha obligado incluso a recurrir a bomberos voluntarios fuera de su turno para hacer frente a incendios como el de la Vall d'Uixó de Castellón.

A la falta de efectivos se suma, aseguran, un parque móvil envejecido y la escasez de medios materiales. “Hay camiones que a mitad de un incendio te dejan tirado”, denuncia Miquel Férriz, jefe de unidad en Castellón y delegado de la CGT, que advierte de que algunos helicópteros operan con solo dos bomberos cuando deberían hacerlo con seis. Aunque muchas comunidades han ido incrementando en los últimos años el presupuesto destinado a prevención y extinción de incendios, no ha sido así en la Comunitat Valenciana, donde PP y Vox acaban de reducirlo en plena época de fuegos.

La falta de coordinación

Las reivindicaciones se replican en Andalucía, donde el incendio que acabó con la vida de 14 personas en Almería a principios de julio sorprendió a la Junta con retenes de bomberos “incompletos”, según denunciaron. En Catalunya, las noticias son diferentes: el cuerpo de bomberos ha ido ganando efectivos y tanto los presupuestos como las plantillas y los medios de extinción crecen año a año. Además, los efectivos cobran allí uno de los salarios más altos de España para el sector, que alcanza los 40.000 euros anuales. Aun así, las denuncias sobrevuelan y apuntan a materiales de protección “anticuados” u horas extra sin las que el sistema “se vendría abajo”.

El tono es también diferente en Galicia, aunque lo habitual año a año sigue siendo la imagen de unos equipos desbordados por el fuego que siguen hablando de “falta de previsión” por parte de la Xunta y de una política forestal “fallida”. Aun así, el punto débil del dispositivo se reduce sobre todo a la descoordinación, según los trabajadores.

Algo a lo que también señalan el resto de comunidades y que, en parte, se debe a que en las emergencias trabajan diferentes tipos de cuerpos: en el caso de Galicia, está el personal dependiente de la Xunta, entre los que hay funcionarios y fijos-discontinuos, que trabajan este año ocho meses. Se suman las brigadas municipales, que según los sindicatos no son profesionales y apenas reciben formación adecuada, y el personal de las BRIF, que depende del Estado. En algunos casos como el de los últimos incendios en Madrid y Ávila, en los que el Gobierno central concentró el mando, está trabajando también la UME.

“Nosotros somos tres y cuando nos llaman aparecemos en el fuego y hacemos lo que nos parece adecuado según las circunstancias, si la cosa se complica y el número de hectáreas aumenta, ya aparecen los ingenieros, los políticos, los periodistas y bomberos de otras brigadas sin que esté claro quién coordina ni cuál es la estrategia”, resume Manuel Fernández, bombero do Consorcio de Ourense, sobre la situación en su comunidad.

Con información de Rodrigo Abad, Laura Martínez, Gonzalo Cortizo y Pau Rodríguez.