El CSIC saca a la luz su pasado franquista: un archivo reconstruye 500 depuraciones de científicos tras la Guerra Civil

La ciencia española estaba despegando cuando la Guerra Civil lo cambió todo. El avance del franquismo rompió con el proyecto científico de expansión y modernización construido por la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE) desde principios de siglo y desmanteló buena parte de su estructura para erigir una institución que representara a la Nueva España. Así nacía, en 1939, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde entonces, el que sigue siendo el mayor organismo de investigación del país, vertebró una política nacionalcatólica y truncó las carreras de decenas de profesionales vinculados a la JAE.

Muchos científicos y técnicos fueron apartados de sus puestos, sancionados o encarcelados por sus ideas o por no encajar en las férreas normas que fue imponiendo la dictadura. Medio siglo después de la muerte de Franco, el CSIC ha buceado en su pasado franquista y ha hecho público por primera vez un archivo digital con los nombres y trayectorias que hubo detrás de la depuración. El fondo consta de 510 perfiles —135 de ellos mujeres— sometidos a la purga franquista que salen a la luz tras años de trabajo.

El repositorio, publicado en la web Archivo Memoria y Reparación, se enmarca en el proyecto de investigación iniciado por el propio CSIC para adaptarse a la Ley de Memoria Democrática de 2022. Producto de ese proceso fue la retirada en 2024 de los retratos de su primer presidente, José Ibáñez Martín, y su secretario general, José María Albareda, por participar en la represión. También el cambio de nombres de algunos institutos o la instalación de placas explicativas.

Conocer qué había pasado con los investigadores y técnicos que trabajaban en la JAE cuando las autoridades franquistas comenzaron el proceso de purga era una de las asignaturas pendientes del organismo. La Junta para la Ampliación de Estudios, cuyo primer presidente fue el Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, fue creada en 1907 bajo el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y llevó a la ciencia española a un florecimiento sin precedentes. Promovió las estancias en el extranjero de científicos y creó numerosos laboratorios e institutos abriendo nuevas líneas de investigación.

Sin embargo, con la victoria de los sublevados en la Guerra Civil, Francisco Franco ordenó crear el CSIC para “restaurar la clásica y cristiana unidad de las ciencias”. El objetivo era, literalmente, “imponer las ideas esenciales que han inspirado nuestro Glorioso Movimiento”, según el decreto de creación. Aunque el CSIC heredó parte de la estructura, patrimonio y edificios de la JAE, desmanteló laboratorios y centros, construyó “una nueva arquitectura institucional” y persiguió a su personal.

“Tradicionalmente, se ha dicho que el CSIC era la continuación de la JAE sin ningún tipo de matiz, pero no es verdad. La Guerra Civil y la dictadura provocan una quiebra profunda del proceso de modernización que había iniciado la JAE y el CSIC cambia completamente la ideología y el objeto de la institución”, explica Ana Romero, coordinadora del proyecto e historiadora del Instituto de Filosofía del CSIC.

La depuración se convirtió entonces en una “herramienta esencial” para la configuración de la Nueva España. No fue algo puntual ni excepcional, sino una política sostenida en el tiempo que tuvo por objetivo apartar de la vida pública y las instituciones a los opositores políticos o personas consideradas incompatibles con el nuevo régimen. El archivo ha descubierto que casi la mitad de los depurados siguieron trabajando y el resto fueron apartados, encarcelados o sancionados.

Aun así, continuar no fue equiparable a que sus trayectorias no se vieran perjudicadas. Rafael Lapesa, por ejemplo, percibió la mitad de su salario durante el tiempo que se tardó en resolver su expediente para confirmarle después como catedrático del Instituto de Enseñanza Media de Oviedo. El médico Gonzalo Rodríguez Lafora se exilió y el régimen le impuso ocho años de inhabilitación y una multa de 50.000 pesetas, pero a su vuelta su situación fue nuevamente evaluada y pudo acreditar que no había pertenecido a organizaciones de izquierdas, por lo que se acordó su rehabilitación y su nombramiento como jefe de neuropatología del Instituto Cajal.

Sanción vía BOE

En el censo constan nombres destacados, muchos inhabilitados directamente vía BOE, sin posibilidad de defensa: fue el caso del físico Blas Cabrera, separado de su cátedra el 4 de febrero de 1939 y desposeído dos años después de los reconocimientos otorgados por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También el naturalista Ignacio Bolívar y Urrutia, figura central del exilio científico en México; el fundador de la oceanografía española, Odón de Buen, que actualmente da nombre al mayor barco oceanográfico de la flota española; o el químico Enrique Moles, condenado además a 12 años de cárcel por sus actividades políticas.

Pero, además, el archivo reconstruye los pasos de figuras anónimas, incluso de técnicos o responsables de tareas de gestión y servicios, como el personal de vigilancia de los centros o las mujeres encargadas de las tareas de limpieza. Fue el caso de Ricarda Moreno, que fue señalada por el Servicio de Información y Policía Militar por su participación en el comité organizado durante la Guerra Civil en la Residencia de Estudiantes, donde limpiaba. La consecuencia fue su separación definitiva del trabajo.

Uno de los hallazgos del proyecto es que la depuración no fue un proceso ordenado, homogéneo y lineal, sino que fue adaptándose paulatinamente a la casuística y a las diferentes fases de la dictadura. “Iban haciendo arreglos e incorporando normas cada vez más represivas porque todo se les quedaba corto para lo que querían hacer. Eso es algo que se ve en la grandísima cantidad de situaciones y formas de nombrar los castigos que generó la legislación”, explica Romero.

El archivo ha mantenido la nomenclatura que utilizaron los franquistas precisamente para evidenciar que “hubo un acomodo constante para que nadie quedara fuera del marco represivo”: apertura de expediente, sanción, suspensión de empleo con derecho al 50%, suspensión de empleo y sueldo, prohibición de solicitar vacantes, inhabilitación para el desempeño de cargos directivos, inhabilitación absoluta, destierro o inhabilitación “perpetua” para el ejercicio de la enseñanza son algunos de los tipos de castigo rastreados por el proyecto.

Por “vestir pantalones”

Entre los motivos, hubo de todo: ideológicos, de conducta y algunos tan absurdos como el de “vestir pantalones” que se le atribuyó a la doctora en filosofía y letras María del Carmen Pescador del Hoyo. Según el expediente nº 4.138 de responsabilidades políticas elaborado por la Policía de León, se le acusó de haber sido alumna de Claudio Sánchez Albornoz —con el que trabajó hasta 1936 en el Instituto de Estudios Medievales—, de ser prometida de José Yuste Blázquez, apartado de Correos en 1936, y de usar pantalones. Se le sancionó con la prohibición de solicitar vacantes y avanzar en el escalafón durante cinco años y de desempeñar puestos de mando, con un veto especial para trabajar en bibliotecas en contacto con público joven. En 1953 fue nombrada jefa de sección el Archivo Histórico Nacional de Madrid.

En el fondo se pueden leer casos como el de Santiago Piña, jefe del laboratorio de Espectografía del Instituto Nacional de Física y Química que durante la Guerra Civil continuó trabajando para evitar daños en el material científico. Según declaró, su labor había sido seguir con las investigaciones iniciadas 16 años antes y afirmó que había ingresado en UGT en 1937 para obtener el permiso de libre circulación por el Madrid en guerra. Un tribunal militar le condenó a 20 años de cárcel y murió en 1940 de una bronconeumonía en la prisión de San Antón de la capital.

El conservador de entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Federico Bonet, se exilió a Francia y México, donde desarrolló su carrera científica. En su huida al país galo, fue apresado en los campos de concentración franceses de Argelès-sur-Mer, Bram y Montolieu. Por su parte, Teresa Andrés Zamora, que había sido becada por la JAE, fue cesada definitivamente en 1939 del cuerpo de archiveros y bibliotecarios. Se le acusó de firmar documentos estando vinculada a la organización republicana Cultura Popular. En su exilio en París colaboró con la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial.

En el caso de las mujeres, la investigación calcula que solo un tercio pudieron continuar con sus carreras en el CISC, una circunstancia que, según Romero, se puede deber a varias circunstancias como que el Instituto Escuela, que tenía muchas profesoras en plantilla, no se incorporó al CSIC, y lo mismo ocurrió con la Residencia de Señoritas, que se convirtió en colegio mayor.

Las ausencias y dificultad para encontrar información también han marcado el proceso de investigación del fondo, para el que el CSIC ha hecho un recorrido exhaustivo por 13 archivos y otros censos. Sin embargo, estos “no son neutrales” y fueron también “violentados”, estuvieron sometidos a las políticas de la dictadura y sufrieron saqueos y destrucciones.

Esto explica que no todos los expedientes de depuración hayan sido hallados. Además, hay vacíos de información que tienen que ver con otras cuestiones: muchas de las mujeres que estuvieron en el Laboratorio Foster, el primero de Química destinado a la formación femenina, no pudieron seguir con sus carreras aunque no haya un documento que así lo acredite. “Lo sabemos porque muchas fueron becarias, no tenían un contrato o una relación contractual así que no pasaron por el proceso estricto de depuración”, señala Romero, para la que el trabajo permite concluir que la purga no solo fue un castigo individual, sino una “reconfiguración completa del tejido institucional y científico español”.