El Gobierno se conjura para llegar a 2027 pese a una derrota segura en el primer trámite de Presupuestos

El Gobierno afronta el penúltimo pleno del curso político en el Congreso antes de las vacaciones con la certeza de que se apuntará, casi con absoluta seguridad, una derrota en la votación de la senda de estabilidad, el cuadro económico que ha presentado como primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero a esa convicción le acompaña otra: la de presentar igualmente un proyecto de cuentas públicas tras tres años sin hacerlo y no convocar las elecciones generales hasta 2027. Además, la sesión de este martes permitirá al Ejecutivo tomar algo de oxígeno para lograr ese objetivo porque —salvo sorpresa— logrará varias victorias parlamentarias en materia de dependencia y discapacidad, así como para hacer avanzar la reforma del Código Penal cuyo objetivo es suprimir delitos como las injurias a la Corona.

La Ley establece que el Gobierno, antes de presentar su proyecto de Presupuestos para 2027 al Congreso, debe someter a votación la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas. Si el Ejecutivo contara con una mayoría estable en la Cámara Baja, esta votación sería un trámite que serviría para dar el pistoletazo de salida a la negociación presupuestaria y ofrecería las primeras pistas sobre las posiciones de los grupos parlamentarios y de las prioridades que exigirían al Ejecutivo incluir en esas cuentas.

Pero en el Gobierno y entre sus socios nadie espera que los Presupuestos Generales del Estado vayan a ser aprobados cuando lleguen a las Cortes, fundamentalmente porque Junts, actor imprescindible para ello, rechaza siquiera negociarlos. “Para nosotros ya no hay suficiente zanahoria con todos los palos que nos han dado”, afirmaba hace un mes el secretario general de Junts, Jordi Turull, preguntado por esa posibilidad. Y, este mismo lunes, el portavoz orgánico del partido, Josep Rius, tachaba de “frivolidad” presentar unas cuentas sin tener “una mayoría” en el Congreso para que salgan adelante y acusaba al Gobierno de tener “un objetivo claramente electoralista”.

Con ese escenario, la votación de este martes se perfila como la antesala de la previsible derrota de los Presupuestos Generales del Estado dentro de unos meses. Rius también confirmó este lunes que Junts, además de no plantearse negociar las cuentas, rechazará la senda de estabilidad como ya hizo con la presentada para los Presupuestos de 2025 y 2026, lo cual —unido al voto en contra de PP y Vox— dará al traste con la misma. Por su parte Podemos, cuyo voto también es necesario, se decanta por la abstención, alegando que ese mayor gasto se destinará a engordar las partidas militares

El previsible fracaso de este martes no implica que el trámite presupuestario vaya a quedar paralizado antes de comenzar. La ley obliga al Gobierno a presentar una segunda propuesta de senda de estabilidad si la primera sale derrotada, algo que el Ejecutivo tiene previsto hacer en el último pleno parlamentario del año, el próximo 23 de julio. Y si ese cuadro tampoco es aprobado —como presumiblemente ocurrirá—, Hacienda podrá llevar los Presupuestos igualmente al Congreso, puesto que cuenta con un informe de la abogacía del Estado que aduce que la Ley de Estabilidad Presupuestaria solo establece que la senda de déficit ha de votarse dos veces en las Cortes Generales, pero se abre un vacío legal una vez el parlamento lo ha rechazado en ambas ocasiones.

En ese caso, señalan desde el Ejecutivo, la ley que prima es la Constitución. Y esta fija que las comunidades deberían presupuestar en equilibrio, lo que les impediría disfrutar de un colchón de 5.800 millones en los tres próximos años del que sí dispondrían de salir adelante la senda de estabilidad que se vota este martes. En el pleno del Congreso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, informará a los diputados del techo de gasto –este no se vota– y de los números rojos en los que podría incurrir el Estado en los próximos tres años si las Cortes dieran luz verde al cuadro económico: en concreto, un desvío equivalente al 1,8% del PIB en 2027, al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. De esas cifras, a las comunidades autónomas les correspondería un 0,1% cada ejercicio.

Consciente del presumible fracaso de la votación, este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lamentó en una entrevista en RNE que algunos grupos parlamentarios —como Junts— ya hayan anunciado que votarán en contra del “mayor techo de gasto de la historia de nuestro país, lo que supone mayor estado del bienestar”. Bolaños, asimismo, admitió las “dificultades parlamentarias” a las que se enfrentará el Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos. Pero también insistió en que la idea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “es agotar la legislatura y llevarla a término”, si bien el propio Sánchez abrió hace unas semanas la puerta a adelantar las elecciones generales al primer trimestre de 2027.

Oxígeno para el Ejecutivo

En cualquier caso, aunque el panorama que se le presenta a la Moncloa en relación con los Presupuestos es bastante negro, el pleno del Congreso de este lunes también proporcionará —salvo sorpresa de última hora— algo de oxígeno a un Gobierno necesitado de él. Previsiblemente, el Ejecutivo logrará una mayoría para convalidar el decreto aprobado el mes pasado para dotar a las comunidades de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027 para sus sistemas de dependencia. Y también está previsto que el Congreso dé luz verde a la reforma de la ley para reformar este derecho y blindar la exigencia de que el Estado se haga cargo del 50% de su financiación —la otra mitad corresponde a las comunidades—.

Está por ver cuál será la posición del PP en ambas votaciones, que son clave: la convalidación del decreto ratificaría el aumento de la financiación para el sistema de dependencia, mientras la aprobación de la reforma enviaría dicha ley al Senado para cumplir con la última etapa de su tramitación parlamentaria. No obstante, se espera que Junts vote a favor de ambos textos, lo cual convertiría en irrelevante la posición de los populares, que no sumarían mayoría junto a Vox para tumbarlos.

Esa misma mayoría, la que suma el Gobierno junto a sus habituales aliados parlamentarios y a Junts, será la misma que, presumiblemente, permitiría continuar la tramitación de la proposición de ley para eliminar del Código Penal delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. La norma, planteada por Sumar, comenzó a tramitarse en 2023, pero hasta el mes pasado el PSOE no se avino a desbloquear el procedimiento.