Un juez deniega a Almeida la autorización para echar a uno de los últimos residentes de los apartamentos San Francisco

Revés judicial para el Consistorio madrileño. Un juez ha denegado al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida la autorización para desalojar temporalmente a uno de los últimos residentes de los apartamentos para mayores San Francisco al considerar que no ha justificado con informes técnicos que las obras de rehabilitación exijan vaciar por completo el edificio.

El auto concluye que el Consistorio no ha aportado una acreditación técnica suficiente que demuestre que las actuaciones exigen que el edificio quede completamente vacío y advierte de que una autorización de entrada en un domicilio no puede concederse como “un mero automatismo formal”. La resolución, fechada el 2 de julio de 2026 y susceptible de recurso de apelación, precisa que en el procedimiento “no se discute el derecho de ocupación o de residencia del demandado”, sino “su suspensión o baja temporal” durante catorce meses, el periodo previsto para la ejecución de las obras.

La petición del Ayuntamiento se enmarca en el proyecto de subsanación de patologías del edificio de apartamentos para mayores, situado en el número 1 de la calle Jerte, que ya ha expulsado a 59 de los 61 vecinos que vivían allí. La documentación aportada describe un inmueble “en un estado muy envejecido” y con “patologías estructurales”, como la carbonatación de los hormigones y la corrosión de las armaduras.

El expediente también alude a “grandes problemas” en los sistemas de climatización y ventilación, humedades en distintos espacios, filtraciones en la cubierta y acabados “muy deteriorados por el uso”. Además, el Consistorio considera necesario adaptar el inmueble, “en la medida de lo posible”, a la normativa de seguridad contra incendios, especialmente en materia de evacuación, “debido al grado de vulnerabilidad de sus ocupantes”.

El principal argumento aportado por el Ayuntamiento para justificar el desalojo figura en una nota interna de la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, fechada el 21 de abril de 2025. En ese documento se sostiene que “el inicio de las obras contempladas en el proyecto no puede tener lugar si el edificio no se encuentra completamente libre de ocupantes”.

El juzgado considera, sin embargo, que esta afirmación “no se encuentra suficientemente justificada”. “No consta en el expediente administrativo ni en la documentación disponible o facilitada que exista un informe de naturaleza técnica” en el que se expliquen las razones por las que resulta “imperativa” la necesidad de vaciar por completo el inmueble, señala el auto.

El magistrado destaca además que “no nos encontramos ante un supuesto de demolición o de ruina inminente”, situaciones que, según indica, justificarían “indudablemente un desalojo”. La resolución tampoco considera acreditado que las obras sean incompatibles con la presencia del residente en el edificio. En este sentido, sostiene que no ha quedado descartada la posibilidad de compatibilizar la rehabilitación con la permanencia del afectado en su domicilio.

“No consta informe de naturaleza pericial o técnica que detalle los riesgos asociados a la presencia de un residente en el inmueble o se determine la imposibilidad manifiesta de ejecución de las obras a menos que el mismo se encuentre completamente libre de ocupantes”, afirma. Para el juzgado, el Ayuntamiento debería haber aportado “al menos un principio de prueba más sólido y evidente que la mera referencia al contenido de una nota interna”. “Por lo tanto, la suspensión temporal del derecho de residencia carece de acreditación técnica suficiente”, concluye el magistrado.

Ante esta resolución, fuentes municipales apuntan que los servicios jurídicos del Ayuntamiento “están estudiando el auto y decidiendo sobre una posible apelación”.

Solo quedan dos vecinos en los apartamentos

La resolución afecta a uno de los dos residentes que continuan en los apartamentos después de que la Policía Municipal ejecutara el desalojo de otros dos ocupantes, respecto del cual el Ayuntamiento sí había obtenido autorización judicial.

“Dos juzgados ya han emitido dos autos que han permitido al Ayuntamiento la entrada en domicilio de dos de los cuatro usuarios de los apartamentos que se negaban a abandonar el edificio, que presenta importantes deficiencias que podrían poner en riesgo su seguridad. Ambos usuarios ya han sido realojados en una residencia municipal hasta que se acometan las obras necesarias”, inciden las mismas fuentes a Europa Press.

La situación se remonta a 2024, cuando el Ayuntamiento comunicó a los 61 usuarios del equipamiento público asistencial que debían abandonar temporalmente el inmueble para acometer una reforma integral. La mayoría aceptó las alternativas habitacionales ofrecidas, mientras que cuatro personas se negaron a salir y el Consistorio inició la vía judicial en junio de 2025.

El Ayuntamiento cifró entonces una inversión de 3,8 millones de euros en estas obras para paliar patologías estructurales, humedades y otras deficiencias. Del mismo modo, también se aseguró que los residentes podrían regresar al mismo apartamento y con las mismas condiciones económicas cuando concluyeran los trabajos.

“Las obras deberían haberse iniciado en octubre de 2024 y podrían haber terminado ya, pero todavía no han podido ejecutarse por la negativa de cuatro personas a abandonar el edificio. Y es que los técnicos municipales establecieron que la rehabilitación debe realizarse libre de ocupantes por la propia seguridad de los usuarios”, recuerdan las mismas fuentes.

La oposición pide responsabilidades a Almeida

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento Ana Lima ha asegurado que el auto judicial “deja en evidencia” al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, al que ha reprochado que se sacara de sus viviendas a personas mayores “cuando no había un informe técnico que lo avalara”.

“Ni había riesgo de ruina inminente, ni había riesgo de demolición, ni tampoco había un informe técnico que avalara que no se podían hacer las obras con las personas dentro. Y, sin embargo, solo con una nota interna se decidió arrancarles de sus hogares”, ha manifestado.

Lima ha acusado al alcalde de actuar con la “máxima dureza” hacia los vecinos y ha afirmado que las personas afectadas, en su mayoría autónomas según la edil, fueron trasladadas a residencias sin que se estudiaran otras alternativas adecuadas a sus circunstancias. “Esto no es una buena gestión, es opacidad, insensibilidad e irresponsabilidad política”, ha aseverado la socialista en declaraciones remitidas a la prensa.

La edil ha reclamado explicaciones sobre quién adoptó las decisiones y por qué se actuó sin contar, a su juicio, con un informe que las respaldara. “¿Había otros intereses? Desde luego, no se empieza expulsando a las personas mayores y luego se busca un argumento”, ha señalado, para concluir que “hay que pedir responsabilidades”.