El Ayuntamiento de Madrid comienza a desahuciar “sin previo aviso” a los vecinos de unos pisos municipales para mayores

A primera hora de este viernes, Julio recibió la noticia que más ha temido en estos meses. Varios agentes de la Policía llegaban a su casa, en la que vive desde hace años, para llevar a cabo una orden de desahucio. Él y otros pocos residentes se habían convertido en los últimos habitantes de los apartamentos San Fernando, unos pisos municipales que el Ayuntamiento prestaba a personas mayores para garantizar servicios asistenciales. En septiembre de 2024, unas obras de rehabilitación en el edificio expulsaron a otros 61 ancianos que vivían en el bloque. Desde entonces, solo cuatro usuarios han permanecido allí.

Julio Gómez tenía hasta ahora dos ventajas, a las que no pueden acceder pasados los 70 años: una vida en compañía y sensación de autonomía personal. Desde que entró en los apartamentos de la calle Jerte número 1, al lado de La Latina, encontró un balance entre la convivencia de barrio y el espacio propio de un piso individual.

Se inauguraron en los años ochenta como un modelo alternativo a las residencias tradicionales, y se abrieron plazas para usuarios mayores de 65 y con distinto grado de autonomía. Esta mañana, al percatarse de lo que ocurría, Alejandro –otro residente que también ha sido notificado– contactó con sus vecinos y un grupo se movilizó para acudir hasta allí.

“Estamos avisando a todo el vecindario para que, una vez más, impida este desalojo forzado. Os emplazamos a venir y cubrir este abuso a nuestros mayores por parte del ayuntamiento. Ojalá podáis acudir: la dirección es calle Jerte, 1”, reza el mensaje difundido desde una asociación de la zona. Una de las vecinas que asistieron a la llamada, también miembro de la Asociación Vecinal La Chispera, afirma a Somos Madrid que a Julio iban a reubicarlo en una residencia, y que la irrupción de esta mañana se había producido “sin previo aviso”.

Fuentes municipales citadas por Europa Press aluden a que hasta ahora solo han recibido autorización judicial para el desalojo de uno de los residentes. Los otros tres, de momento, permanecerán allí hasta que el Juzgado resuelva la orden solicitada de cara a una reforma integral del edificio.

Almeida defiende que el desalojo es necesario para la obra

Las tensiones comenzaron el pasado verano, cuando el Ayuntamiento notificó a los residentes la necesidad de desalojar los apartamentos para acometer obras de rehabilitación que, según el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, eran “absolutamente necesarias”, y venían a solventar problemas estructurales y de seguridad. El consistorio ofreció entonces alternativas en residencias públicas y centros municipales repartidos por distintos puntos de la región, aunque los vecinos protestaron por el cambio radical que eso supone en sus vidas, a una edad en la que renovar vínculos y rutinas no siempre es sencillo.

Sin embarlo, la mayoría acabó aceptando abandonar temporalmente los apartamentos. Algunos mostraron su malestar por las condiciones del traslado, y otros denunciaron incrementos en el coste de su nueva plaza residencial o alertaron de las consecuencias psicológicas de enfrentarse a un entorno conocido. Asociaciones vecinales como La Chispera o Cavas-La Latina defendieron durante meses que las obras podían ejecutarse por fases, sin necesidad de vaciar completamente el edificio, apoyándose en informes de técnicos independientes del Ayuntamiento.

Por su parte, los residentes aseguraron no tener “garantías” reales de poder regresar una vez terminadas las obras, sugiriendo sus sospechas ante un posible cambio de uso para el inmueble. Desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad han defendido reiteradamente que todos los residentes podrán volver a sus apartamentos cuando concluyan los trabajos de rehabilitación, previstos inicialmente para 14 meses, y que lo harán “en las mismas condiciones económicas”. Pero las dudas persisten entre vecinos y plataformas sociales.