Maricarmen, ante el tercer intento de desahucio a los 87 años: “Que el Gobierno compre mi casa y la ponga en alquiler social”

Tiene Maricarmen Abascal a sus 87 años recuerdos nítidos de su infancia feliz jugando a las cartas con su hermano y sus padres en el salón de su piso de Retiro, que mantiene unas paredes estucadas color salmón que evocan al pasado. También del sereno, “me encantaban los serenos, no sé por qué los quitaron”, que fue quien subió el cuerpo de su padre poco después de morir en el bulevar que hay justo delante. Fue en 1960, él era aún joven, llevaban 4 años en el piso y Maricarmen no sabía que ahí comenzaba de alguna forma el calvario que se activaría en 2020 y prosigue el próximo 3 de junio con el tercer intento de desahucio frente al que espera “mucha gente” movilizada para frenarlo. 

“Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, cuenta Maricarmen sobre la primera firma del contrato, que la hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida, pero los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. 

También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que la única opción que le dio en primera instancia era quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes, por encima del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros, inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros. 

Después de negarse, ya le llegó la orden judicial de desahucio a finales de 2020: “Yo no sé quiénes son estos señores, nunca he hablado con ellos”. El juzgado número 90 de Madrid dio la razón al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron, “tácitamente” y que los compradores mantienen esta aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo dieron la razón a los propietarios y en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

Los dos primeros intentos de desahucio, el último el pasado mes de octubre, fueron cancelados por la justicia ante la presión social. Aunque Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas, que le apoya, esperan que suceda lo mismo con el próximo, si no es así pretenden frenarlo plantándose dentro del piso y en la puerta. “Espero que haya mucha gente”, dice Maricarmen, consciente de que su caso indigna a mucha gente. 

Maricarmen ha escrito cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no han sido respondidas. “El Ayuntamiento no va a comprar mi piso y la señora Ayuso tampoco. Quien tiene que comprar mi piso, o poner alquileres indefinidos, es el Gobierno de España. Invierten un dinero que van a recuperar después, pueden ponerlo en alquiler social cuando yo me muera. Y por lo menos no permiten a echar a la gente a la calle”, clama Maricarmen.

Desde la última vez que fue entrevistada por elDiario.es, en octubre del año pasado, Maricarmen ha perdido gran parte de la movilidad y se ayuda de un caminador para moverse. “He tenido un problema bucal que creo que me ha afectado pero también el desgaste, la ansiedad, la angustia de estar luchando. He perdido tanta masa muscular que no puedo casi ni caminar. No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Y yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche” clama. 

Los propietarios, Urbagestión, se escudan en la sentencia del Supremo, que dice que el contrato de arrendamiento quedó extinguido tras la muerte de la madre de Carmen, ya que ella no tiene el 65% de minusvalía que le concedería la posibilidad de una segunda subrogación. Y aseguran que la última renta la pagó Maricarmen en 2024 y que fue de 203 euros y no de 500. 

A pesar del desgaste físico y la angustia de luchar para que no te echen de casa, Maricarmen mantiene una energía intacta y no se deja contagiar por el derrotismo. Y el conocer a una nueva red como el Sindicato de Inquilinas, reconoce, le ha dado fuerzas. “Me han conducido y han estado siempre a mi lado. Es mi familia. Por eso a personas que estén en la misma situación que yo les digo que vayan al sindicato de inquilinas y se informen, que no se vayan por miedo. Porque yo puedo ser una primera vela, pero una persona sola no hace nada, detrás de mí tienen que venir muchas otras velas”, concluye.