El Supremo deja en papel mojado decenas de negativas del Gobierno al registro de pisos turísticos

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves 40 resoluciones con denegaciones a pisos turísticos que solicitaban inscribirse en el registro único aprobado por el Gobierno. Como el Tribunal Supremo tumbó este registro único hace unas semanas como respuesta a un recurso del PP, estas denegaciones quedan en papel mojado. Pero los pisos siguen siendo ilegales porque no cumplen con los requisitos y corresponde a las Comunidades Autónomas hacer cumplir la ley, señalan a elDiario.es fuentes del Gobierno.

El Ministerio defiende que el registro ha hecho aflorar 110.00 contratos de alquiler ilegales, la mayoría turísticos, 26.000 de ellos en Andalucía, a quien el ejecutivo achaca “mirar hacia otro lado” ante la proliferación de los mismos. En total, se han registrado 258.000 pisos turísticos y 83.000 alquileres de temporada en el registro.

En todos estos casos, la pelota cae ahora sobre el tejado de las Comunidades Autónomas, que serán quienes tengan que perseguir, cerrar o revocar las licencias turísticas de los pisos ilegales para hacer cumplir la ley. Hace tan solo unas semanas, la ministra de Vivienda se personó en un bloque de Madrid con conflicto por la presencia de pisos turísticos y exigió al alcalde, José Luis Martínez Almeida, y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a cerrar estos pisos o comprarlos para dedicarlos a vivienda en alquiler.

Las resoluciones de este lunes son de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en respuesta a recursos presentados por los perjudicados y la gran mayoría de negativas se deben a la prohibición expresa de las propiedades horizontales o de las comunidades de vecinos, que desde hace poco más de un año tienen potestad para vetar los pisos turísticos. Aunque decaiga el registro único, sigue en vigor la ley que permite a las comunidades de vecinos autorizar o prohibir los pisos turísticos.

Las comunidades, por tanto, siguen teniendo este derecho, pero el registro único ya no existe, por lo que tendrán que valerse de las Comunidades Autónomas y de sus inspecciones para avalarlo.

Valencia, Benalmádena, Madrid, Barcelona, Conil de la Frontera, Toledo, Marbella o Las Palmas de Gran Canaria o Sevilla son algunas de las ciudades que cuentan con resoluciones de este tipo.

Aparte de las negativas de las comunidades de vecinos, también existen varias denegaciones debido a que los pisos no cumplían con los requisitos urbanísticos de los Ayuntamientos en cuestión.

El Tribunal Supremo sentenció el pasado mes de mayo que el Gobierno invade competencias y las “superpone” a las de las Comunidades Autónomas al imponer un registro único donde se centralizan estatalmente los pisos que se encuentran y se ponen en el mercado turístico y de temporada. “El Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos”, dijo el Supremo.

El Tribunal mantuvo, no obstante, la ventanilla única digital, donde se centralizan las gestiones al respecto de este tipo de alojamientos, así como las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos. O sea, que el Gobierno no podrá tener un registro centralizado de todos los pisos de alquiler turístico y de temporada porque el tribunal entiende que se trata de competencias de las comunidades, pero sí que podrá exigirles que les traspasen datos.