El Ayuntamiento de Madrid amenaza con desalojar de pisos municipales a cuatro mayores: “Es una injusticia social”

Alejandro lleva décadas en su barrio y 15 años en su casa. Vive en uno de los apartamentos municipales para mayores de San Francisco, ubicados en el número 1 de la calle Jerte, en el centro de Madrid. Se trata de un equipamiento público asistencial que ofrece a las personas mayores determinados servicios que garantizan su bienestar, al tiempo que aportan mayor autonomía que una residencia al uso. En este espacio ha construido la última etapa de su vida, cerca de la calle Toledo en la que habitó durante medio siglo. Goza, pues, de dos condiciones de las que no todo el mundo puede presumir a sus 81 años: independencia y sentimiento de comunidad.

Hace apenas dos años, hasta 61 personas residían en el complejo. Ahora, solo quedan cuatro. Alejandro es uno de los residentes que continúan. Comparte su situación y la de sus tres compañeros en un vídeo difundido en redes por entidades como la Asociación Vecinal La Chispera o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm): “Tengo 81 años y aquí llevo 15. He recibido una carta en la cual me dicen que tengo cinco días para recurrir o salir de mi casa. Con el pretexto de que se está hundiendo el edificio, quieren derribarlo para hacer no sé qué”. Su negativa a marcharse es tajante: “Esta es mi casa, hasta que yo me muera, como consta en el contrato”.

Alejandro espera que “ningún juez vea sensato firmar esto”, en relación a la notificación que le ha remitido el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y a la futura resolución judicial. Su petición al Ayuntamiento es clara: “Que comience las obras que tengan que hacer, las realmente necesarias, para que puedan venir todos los que están fuera y se están muriendo de pena. Son compatibles con que estemos nosotros dentro”, opina este maestro de obras jubilado. Con esa gran experiencia profesional a sus espaldas, tacha la situación de “injusticia social”. Una coyuntura que amenaza con alejarle de un barrio en el que lleva 50 años, “toda una vida”: “No me quiero marchar. No hay motivos”.

La Asociación Vecinal La Chispera respalda a los cuatro residentes, cuestiona la necesidad de vaciar completamente el edificio para ejecutar las obras y reclama que el Ayuntamiento haga público el informe técnico que lo justifica. En un comunicado remitido a los medios, la agrupación pide que se paralice cualquier desalojo inminente y que se garantice el retorno de los 57 residentes que abandonaron los apartamentos. Asimismo, solicitan que el edificio mantenga su uso como equipamiento público de apartamentos asistenciales para mayores y que las obras puedan llevarse a cabo por fases para compatibilizarlas con la permanencia de los residentes que aún continúan en el inmueble.

Movilización vecinal ante la “falta de respuestas e información”

La entidad ha recurrido a sus propios arquitectos para desmontar el argumentario técnico del Consistorio, según el cual los trabajos no pueden ejecutarse con garantías de seguridad mientras permanezcan inquilinos en el interior. Fuentes de La Chispera trasladan en conversación con Somos Madrid que, según dichos profesionales, “el informe técnico municipal no contempla razones que justifiquen el desalojo”. Sostienen que solo recoge que el bloque necesita reformas y no cumple las normativas, “una circunstancia que se da en la mitad de edificios de Madrid”.

En este punto, remiten a la cronología del proceso para detallar los vaivenes de la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, organismo dependiente del área de Obras y Equipamientos responsable de esta intervención. Fue en junio de 2024 cuando los residentes de San Francisco recibieron la primera comunicación, donde dicha dirección general achacaba la necesidad de abandonar el edificio a unas obras de “mejoras y mantenimiento” con una supuesta duración de 14 meses. Ya en septiembre de 2024, cuando la Junta de Gobierno municipal aprobó un gasto de casi 3,8 millones de euros para las actuaciones, los trabajos pasaron a definirse (según la documentación disponible en el Portal de Contratación) como “subsanación de patologías”.

“En lenguaje técnico, patologías engloba desde humedades o deficiencias en instalaciones hasta problemas estructurales; por sí solo, no significa que exista un riesgo de inseguridad ni que las obras no puedan ejecutarse por fases con parte del edificio ocupado. Ante esta falta de respuestas e información, consideramos que es un desalojo injustificado que pone en peligro, injustamente, a nuestros vecinos”, exponen desde La Chispera a partir de la valoración que les han remitido los arquitectos consultados, con los que ya trabajan en coordinar una revisión presencial de las instalaciones al margen de la efectuada por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento critica la “actitud irresponsable” de los inquilinos que resisten

El equipo de Almeida defiende en cambio su actuación. Así, según recoge Europa Press a partir de fuentes municipales, el inmueble presenta importantes deficiencias que requieren “una rehabilitación integral, con una inversión estimada de 3,8 millones de euros cuya ejecución quedó paralizada ante la negativa de cuatro personas a abandonar el edificio”. “Al persistir la negativa, se solicitó al juez la autorización de entrada en domicilio. Actualmente estamos a la espera del pronunciamiento judicial”, indican.

Desde el Ayuntamiento subrayan que “los técnicos municipales han establecido que la rehabilitación debe realizarse libre de ocupantes por la propia seguridad de los usuarios”. Lamentan que se haya tenido que acudir a la vía judicial por la “actitud irresponsable” de los cuatro últimos residentes, que “perjudica a los 57 usuarios que sí entendieron la necesidad de acometer la obra y que desde octubre de 2024 se encuentran realojados en otros recursos”. Este “entendimiento” se produjo no obstante después de una fuerte oposición ya en esos momentos, con concentraciones y protestas en la puerta de los apartamentos.

Alternativas más lejanas, más caras y menos autónomas

El Consistorio reitera que a los usuarios que siguen dentro de los apartamentos se les han ofrecido las “mismas alternativas” que a sus compañeros. Entre ellas, “alojarse temporalmente en una residencia donde tendrían cubiertos los servicios de alimentación, lavandería, fisioterapia o atención sanitaria”. Pero es que, al margen de la controversia sobre el modo de ejecutar la reforma, desde La Chispera critican al Ayuntamiento por estas alternativas de realojo que se han dado a las 57 personas reubicadas.

Sus características son, de hecho, un motivo extra por el que las cuatro personas restantes no desean abandonar sus casas: “No se ofrecen soluciones adecuadas a la gente que echan. Se les ha mandado muy lejos y a residencias que no les dejan esa misma autonomía. Eso te hace perder tu identidad, tu barrio, tu independencia. Y este último punto es muy difícil de recuperar a cierta edad, aunque acaben volviendo podrían hacerlo en unas circunstancias vitales muy distintas”. Recuerdan que los de San Francisco son “apartamentos normales y corrientes, aunque con un servicio que asiste ante posibles imprevistos y efectúa tareas de limpieza”.

No se ofrecen soluciones adecuadas a la gente que echan. Se les ha mandado muy lejos y a residencias que no les dejan esa misma autonomía. Eso te hace perder tu identidad, tu barrio, tu independencia

Estas opciones de realojo son además “bastante más caras”, debido a lo cual “algunos afectados se han acabado yendo con familiares”. “Mientras en los apartamentos municipales destinaban entre el 10% y el 15% de su pensión, en las residencias propuestas el copago oscilaba entre el 80% y el 86%. En la práctica, esto implica incrementos de hasta un 70% en el coste mensual soportado”, detallan en La Chispera, cuyos miembros se han volcado en la defensa de sus vecinos.

“Estamos haciendo lo posible por evitar una expulsión que creemos que puede ser inminente. A cada uno de los cuatro le ha llegado un escrito diferente con un proceso particular. De esa manera no parece un desalojo, sino cuatro órdenes individuales”, cuestionan. El período de alegaciones de cinco días ya ha concluido, por lo que Alejandro y sus tres compañeros se enfrentan al temor de que las expulsiones se ejecuten “en cualquier momento”.

Pese a no tener constancia documental que apunte en ese sentido, en La Chispera temen que “ante la forma en la que se ha actuado, la falta de transparencia y la ubicación privilegiada del edificio en el centro de Madrid”, la operación esté vinculada con “el auge de los pisos turísticos y la especulación, de manera que se esté contemplando un cambio de uso y una cesión a manos privadas”.

Desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ejecutivo municipal, liderada por José Fernández, indican por contra a Europa Press que cuando finalice la reforma todos los usuarios “volverán al mismo apartamento en el que residían y con las mismas condiciones económicas”. En este sentido, destacan que la reforma del edificio permitirá poner a disposición siete plazas adicionales en apartamentos, “que por sus deficiencias no podían ser habitados ahora mismo”.

Las explicaciones no convencen a las fuentes de La Chispera que hablan con este periódico: “Es necesario tener en cuenta que las personas de edad avanzada son muy vulnerables a los cambios, especialmente si implican pérdida de autonomía y de arraigo social. El traslado de estas personas de sus barrios les priva de sus vínculos sociales más básicos, lo que puede afectar negativamente su salud y su capacidad para valerse por sí mismos”. Por ello reclaman que, si deben ejecutarse sin más remedio, se proceda “sin ninguna opacidad”.