El Supremo rechaza que el ex fiscal general deba ser indultado

El Tribunal Supremo rechaza que Álvaro García Ortiz deba ser indultado. La misma Sala de lo Penal que lo condenó por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha informado en contra de que una medida de gracia elimine la condena de dos años de inhabilitación que lo sacó de la Fiscalía General. No concurren, dicen los jueces, “razones de justicia, equidad o utilidad pública”.

Los jueces explican que, según su criterio, los hechos por los que fue condenado “fueron graves” y “han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público”. La negativa también va firmada por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que firmaron un voto particular apostando por su absolución. La Fiscalía había apoyado que el Gobierno indultara la pena de inhabilitació que le queda por cumplir.

La Sala de lo Penal entiende que las personas que han pedido el indulto para García Ortiz “no justifican, en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública que aconsejan ejercicio de la gracia”. Y el hoy fiscal de sala, añaden los jueces, no ha tenido ninguna “actuación” que suponga “un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico”. Una forma de decir que no ha reconocido los hechos ni su ilegalidad.

El Tribunal Supremo, con el voto en contra de dos magistradas discrepantes, decidió condenar a Álvaro García Ortiz por filtrar –él mismo o “alguien de su entorno”– un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía sus delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. Una condena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar al comisionista con 10.000 euros. Posteriormente el tribunal añadió las costas a la factura: 39.000 euros más a abonar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La Fiscalía informó a favor de la petición de indulto, al menos de forma parcial, para que el resto de la condena de inhabilitación que le restaba por cumplir fuera conmutada. “La condena ha generado consecuencias extrapenales desproporcionadas”, dijo el documento firmado por la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que había solicitado su absolución durante el juicio.

La respuesta del Tribunal Supremo es negativa y ahora la decisión vuelve al terreno político y al Ministerio de Justicia. La revelación de secretos que los jueces atribuyeron a él o a “su entorno”, dice ahora la Sala de lo Penal, “es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia”.

En manos del Constitucional

García Ortiz abandonó la Fiscalía General después de ser condenado y puso la vista en el Tribunal Constitucional. Tanto la Abogacía del Estado como la propia Fiscalía, que defendieron la absolución durante el juicio, han presentado ya sus recursos y el tribunal de garantías tiene previsto discutir su admisió a trámite en algun pleno previo al parón de verano.

Mientras se resuelven los recursos de amparo y el Supremo tramita la petición de indulto presentada por terceras personas, García Ortiz se ha incorporado a su nuevo destino en la Fiscalía de la jurisdicción Social del Tribunal Supremo, encargada sobre todo de asuntos de carácter laboral.