El tiempo de descuento se agota en María Guerrero, el bloque de Carabanchel que llegó a una tregua movediza con Sareb

Han pasado más de cuatro meses desde que los vecinos de María Guerrero número 1 lograron un leve respiro. El 12 de noviembre, a las 10.24 horas, los agentes desplegados en Carabanchel Bajo desde primera hora retiraron el cordón policial que impedía el acceso al edificio. Estaba previsto que esa mañana desalojaran a familias e inquilinos de hasta seis viviendas, casi la mitad del bloque. Pero las tornas cambiaron con un aviso de última hora: el desahucio se frenaba hasta renegociar condiciones con Sareb, el llamado “banco malo” y actual propietario del inmueble. La noticia se celebró con júbilo entre las decenas de personas que acudieron allí como protesta. Pronto, la realidad se impuso: aquella no era una victoria, sino el inicio de una prórroga.

Escasos días antes, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) remitió al Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid un escrito para suspender el “lanzamiento”, que en la jerga judicial se refiere a la fase final de un desahucio, en la que se toma un inmueble que el inquilino no había abandonado voluntariamente. Cuando la comitiva enviada accedió al edificio y, media hora después, se anunció la tregua con el banco malo todo fueron gritos de alegría o suspiros de alivio. Pero el contador hasta la siguiente vuelta ya estaba en marcha, y ahora Sareb vuelve presionar con el dictamen de sus nuevos estudios de vulnerabilidad.

Fuentes de la entidad indicaron a finales de enero que en cuatro de los seis pisos pendientes del desalojo no se habían superado los filtros exigidos. Dos de ellos, afirman, porque “no habían colaborado” en proceso y otros dos por superar el umbral de ingresos, que ronda los 40.000 euros anuales por unidad familiar. Insisten en que sus inquilinos serán desalojados próximamente, mientras que sí permanecerán los apartamentos restantes y podrán renovar sus contratos al considerarles un perfil vulnerable.

Desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, por otro lado, matizaron que esto se debe a que ellos plantean las negociaciones “de forma colectiva” y no piso a piso, por lo que entienden que a todos los arrendatarios les corresponde el mismo tipo de contrato. Consideran que la comunicación con Sareb se ha complicado desde el anuncio de Casa 47 y el inicio de la liquidación de activos para el traspaso a la empresa estatal. De momento, el órgano sindical se centra en una campaña paralela que advierte precisamente del efecto inmediato de esta cesión de inmuebles en otros puntos de Madrid.

“Han creado una empresa de vivienda pública sin estructura, porque la levantan desde la nada”, destaca Diego Sanz, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca 'PAH Vallekas'. Se refiere a que los pisos que adquiere Sareb y que, en consecuencia, pasarán a Casa 47, cuando estos se han absorbido después de comprar la deuda que deja una empresa privada en quiebra o números rojos, como ha ocurrido con Inversiones Winner S.L. en el caso de María Guerrero. “Quien ha quebrado ahí es la empresa, no sus inquilinos. Pero ellos sufren igualmente ese efecto dominó cuando ponen su casa a la venta y entra en escena Sareb”, resume.

Según la entidad bancaria, hasta ahora han intentado contactar con los inquilinos tanto acudiendo físicamente al domicilio como por comunicaciones mediante burofax. Sin embargo, el destino inminente de sus habitantes ya parece sellado. Un año antes, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel –que ha representado al bloque en las negociaciones con Sareb, a excepción de uno de los 15 pisos que lo componen– logró paralizar el primer intento de desalojo y abrir negociaciones con la propiedad. Con la crisis inmobiliaria de 2008 la promotora del edificio, Inversiones Winner S.L., se declaró en quiebra al poco de construirlo y Sareb adquirió la deuda millonaria que dejaron a su paso, y que había acabado en un concurso de acreedores.

Han creado una empresa de vivienda pública sin estructura, porque la levantan de la nada

Diego Sanz — Portavoz de la 'Pah Vallekas'

Fue ahí cuando comenzó el tiempo de descuento, pues según los representantes sindicales la antigua compañía ni siquiera había registrado el edificio en el catastro, por lo que algunos inquilinos tuvieron problemas a la hora de empadronarse. La sociedad limitada siguió firmando cobros vinculados a los pisos, como los de la factura de la luz, hasta que en mayo del año pasado el banco comenzó a rechazar los pagos y las personas que alquilaban los apartamentos descubrieron toda la maniobra, que afirmaban no conocer hasta ese momento.

Una carta de desahucio con un remitente que no esperaban

Entonces, los vecinos recibieron una carta de desahucio en la que no aparecía el nombre de su arrendador habitual, Inversiones Winner: en su lugar, el escrito lo firmaba la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, originada en 2012 para dar salida a activos tóxicos de la banca y propietaria del bloque desde que adquirió su deuda en 2023. El mandato por el que se creó esta entidad también contemplaba su disolución en 2027, dentro de un año, una vez cumplido su fin como herramienta de liquidación temporal. En ese tiempo, deberá transferir más de 40.000 inmuebles a la futura empresa estatal, Casa 47, con idea de que estos pasen a disposición pública en forma de alquileres sociales o asequibles.

El Gobierno central planea que estos activos, cuyo valor de mercado estiman en casi 6.000 millones de euros, alberguen en total unas 55.000 casas en total. Este traspaso responde a la intención de levantar, en torno a la Entidad Pública del Suelo (Sepes), una figura con capacidad de promover y construir vivienda a precio asequible para venta o alquiler. Pero para ello, antes tendrá que absorber los pisos del banco malo. La persona a caballo entre los dos mundos, el banco de activos tóxicos y la futura empresa estatal de vivienda, sostiene que el modelo de alquiler social “es sostenible desde el punto de vista económico”.

En términos generales, los programas de alquiler social necesitan apoyo público porque si no, son deficitarios

Pau Pérez de Acha — Director de Vivienda Social y Asequible de Sareb

Pau Pérez de Acha, director de Vivienda Social y Asequible de Sareb y uno de los brazos que trabaja en la cesión de inmuebles a Casa 47, detalla a Somos Madrid que aún así el derecho a estos alquileres ha de ser extensible a “cualquier familia que resida en una vivienda de Sareb”. Si se cumplen los requisitos, ni siquiera cabe la negociación. Este modelo está destinado a los hogares más vulnerables, con ingresos que no superan (como regla general) cuatro veces el IPREM, que son en torno a 40.000 euros brutos anuales por unidad familiar. Las rentas son reducidas —habitualmente entre 100 y 200 euros mensuales— y requieren de fondos públicos porque son deficitarias.

“Hay que tener en cuenta que estas viviendas antes solo generaban gastos [en concepto de IBI, gastos de comunidad, etc.] y, con el pago del alquiler, empiezan a prestar ingresos que ayudan a financiar su manteniento”, insiste. Sin embargo reconoce que, en términos generales, este tipo de programas “necesitan apoyo público porque si no, son deficitarios”. Un escalón por encima se sitúa el alquiler asequible, dirigido a clases medias con ingresos de entre cinco y siete u ocho veces el IPREM y precios aproximadamente un 20% más baratos. Estas fórmulas tratan de asegurar que el coste del alquiler libre (que fluctúa solo por lo privado) no impida a determinados grupos sociales acceder a una vivienda.

Sin embargo, el encarecimiento del mercado y el estancamiento de los sueldos hacen que incluso los asalariados habituales tengan problemas para encontrar piso. La situación se tensiona especialmente en grandes urbes como Madrid o Barcelona. En la ciudad condal, el precio medio del alquiler alcanzó los 876,83 euros, según datos oficiales del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) para el último trimestre de 2025. La capital registró una subida interanual de casi el 10% en base a la información que maneja el portal inmobiliario Idealista, que fijó el metro cuadrado en 22,7 euros al mes.

En adelante, el objetivo del Estado es que las viviendas sociales o destinadas al alquiler asequible que trasnfiera Sareb se cedan por fases, con idea de que su cometido fundacional de liquidación se acerque más a una función de utilidad social. Los sindicatos y plataformas de afectados por la hipoteca ponen en duda que eso ocurra, mientras los vecinos en la calle María Guerrero de Carabanchel aguardan al último capítulo de una historia que se alarga.