La batalla política de la corrupción y la jeta inmensa de Fernández Díaz

Arrancó el juicio a David Sánchez en Badajoz y con él se ha producido una imagen que sirve de ejemplo de los tiempos políticos que vivimos. Aparecen todos los abogados que representan a las acusaciones populares en el juicio al hermano de Pedro Sánchez. Por este orden de derecha a izquierda: Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, Liberum, Iustitia Europa y el PP. ¿Abogados Cristianos? Sí, parece ser que la concesión de una plaza a David Sánchez por la Diputación de Badajoz ofende a Dios y cuestiona los principios de la Iglesia Católica Apostólica Romana en materia de contratación de músicos.

Además del PP y Vox, ahí están todas las organizaciones de extrema derecha que han convertido las instrucciones judiciales en un campo de batalla contra el Gobierno y que emplean su acceso al sumario como herramienta de combate. Presentan querellas a todo lo que se mueve pillando unos recortes periodísticos con titulares escandalosos. Ese tipo de cosas que ponen al juez Peinado como una moto. A su vez, los indicios que surgen en el sumario se convierten en titulares periodísticos que dejan claro que el Gobierno es culpable de haber montado una red corrupta.

Por cierto, en la instrucción del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, el juez ha puesto al PP al frente de las acusaciones populares. Es lógico al tener una mayor representatividad social, pero los argumentos tienen su gracia. Afirma que el PP “presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal”. Ja, interés general. El PP se ha personado en ese juicio por un interés muy particular, conseguir que esa investigación sirva para tumbar al Gobierno (de la misma forma que el PSOE está personado en el juicio de Kitchen). ¿Quiénes son los demás integrantes de la acusación popular? La banda de costumbre: Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y Iustitia Europa, con el añadido de Ciudadanos, que resulta que aún existe.

Han sido varias las ocasiones en que el Tribunal Supremo ha dictaminado que entregar artículos periodísticos que no incluyen documentos reales no es motivo suficiente para iniciar acciones legales. En el caso de una querella de Manos Limpias en 2025, los magistrados destacaron que no les corresponde “bucear dentro de la noticia para averiguar qué apartado o qué conducta concreta resulta reprochable a la concreta sensibilidad del querellante”. La Sala de lo Penal alertó de que se estaba poniendo en marcha un “ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales”.

No todos los casos judiciales con impacto político son como el de Begoña Gómez. No lo fue con la investigación que llevó a juicio a José Luis Ábalos y Koldo García y que ahora espera sentencia. Tampoco el que afecta también a Santos Cerdán en la Audiencia Nacional. Acaba de desencadenarse el caso que implica a José Luis Rodríguez Zapatero al que las portadas de algunos medios y el Partido Popular ya han declarado culpable. Esta semana, la UCO pasó todo un día en la sede de Ferraz investigando la presunta trama con la que se pagó a Leire Díez para que desacreditara junto a otras personas las investigaciones que pudieran perjudicar al PSOE, donde vuelve a aparecer Cerdán. 

Ese caso ya ha producido la imputación de la gerente del partido a la que Pedro Sánchez se ha apresurado a apoyar. Lo mismo que hizo inicialmente con Ábalos y Cerdán. Además, se permitió alguna broma sobre la exigencia de la oposición –y de García Page– de que convoque elecciones. La presencia policial en la sede de Ferraz no le suscitó ningún reconocimiento de culpa, más allá de la promesa recurrente de colaborar con la justicia. Cuando la Policía registró la sede del PP en la calle Génova, el PSOE se mostró mucho más enfurecido. Ni creyó a Rajoy cuando dijo que “todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad, todas sin excepción figuran en el Tribunal de Cuentas”. No fue muy distinto a lo que ahora ha dicho el PSOE. 

Los socios de los socialistas empiezan a dar muestras de estar hartos. No les vale con la idea de resistir a cualquier precio que se escucha en Moncloa. Exigen que se den explicaciones con la ventaja que da el hecho de que ellos no tienen que explicar nada. No fueron ellos los que dieron tanto poder a Ábalos y Cerdán. “La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga, ni es que los expresidentes del Gobierno, se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo presuntamente que parece que todos hacen”, ha dicho Yolanda Díaz. “El PSOE se lo está tomando un poco a broma y es algo que es serio, hay un clima de preocupación evidente y menospreciarlo es un error grave”, criticó Aina Díaz. 

El PSOE prefiere apostarlo todo a la teoría de la campaña orquestada para derribar al Gobierno, aún más en una semana en la que José María Aznar ha reiterado su mandato de “el que pueda hacer, que haga”. “Se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta”, ha dicho Óscar López. “Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente”, ha denunciado Óscar Puente, que ha grabado un vídeo de diez minutos para responder a las alegaciones contenidas en el informe de la UDEF y en noticias de medios sobre el caso de Zapatero que afectan a su Ministerio.

Esta última iniciativa es correcta. Dar información detallada sobre acusaciones concretas. Las denuncias genéricas sobre posibles connivencias entre políticos y jueces tienen menos peso. Habrá votantes socialistas que las acepten y otros que no, y los segundos pueden ser muchos. Al menos al PP no le sirvió de mucho esa estrategia con la Gürtel. En especial, cuando las versiones iniciales sobre una investigación quedan cuestionadas por ciertos hechos. Leire Díez sigue siendo un personaje lamentable y hasta risible, pero si el PSOE le pagó dinero para sus maniobras de dudosa legalidad va a tener que pagar el precio político correspondiente. Si el PSOE pensaba que había amortizado el desgaste por haber tenido a alguien como Cerdán al frente de la gestión del partido, estaba muy equivocado. Y eso no se soluciona con frases graciosas sobre el Premio Planeta.

Algo parecido ocurre con Zapatero. Es lógico que Sánchez siga creyendo en la inocencia del expresidente. Pero políticamente queda a merced de lo que salga de un sumario al que le quedan muchos años de vida. Ya se sabe que hay claras contradicciones entre lo que dijo Zapatero en su comparecencia en el Senado y en una entrevista en Onda Cero con la realidad que reflejan las comunicaciones de directivos de Plus Ultra y los fondos recibidos por él y la empresa de sus hijas.

En el fondo del asunto, se encuentra un rescate en el que se realizaron los controles habituales por la SEPI. No se encuentran pruebas sobre una intervención directa de Zapatero en favor de la compañía aérea. Persiste la duda de saber por qué esos directivos estaban convencidos de que tenían asegurado el apoyo de “nuestro pana Zapatero” y por qué pagaron a su amigo, Julio Martínez. Otro elemento intrigante es cómo pudo el contenido del teléfono móvil del mayor accionista de Plus Ultra ser clonado en 2021 en el aeropuerto de Miami y cómo pudo aparecer cinco años después en una investigación realizada en España. Si se aseguró la cadena de custodia de esas pruebas, si fueron manipuladas o si hubo una intencionalidad política en el envío de esas pruebas por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, que no es un organismo judicial, sino del poder ejecutivo. 

Si el plato principal del caso de Zapatero está por cocinar, se puede decir que la guarnición mediática desborda toda la mesa. Recordaréis que se condenó a un fiscal general porque el Tribunal Supremo se creyó la versión de que se había filtrado el contenido de una conversación del abogado del novio de Ayuso con un fiscal y que eso vulneraba el derecho de defensa. Ahora el contenido del sumario de la investigación a Zapatero, como el de otros casos, tarda solo unas pocas horas en llegar a todos los medios, que informan tanto de los hechos más sólidos como de cuestiones laterales. La intención es acabar con la credibilidad del acusado y que la opinión pública decida que ya es culpable. Y ni siquiera ha declarado aún ante el juez. 

Los titulares y los comentarios en los medios cuentan con un papel público relevante que no se puede desdeñar. Todo lo que aparece en el informe policial sobre Zapatero incluye elementos sólidos y otros que de momento no es posible apreciar su solvencia, además de algunos que son poco relevantes, pero que dan mala imagen. Cada uno elige los que quiere. Lo mismo en el caso de las maniobras de Leire Díez. No se pueden esconder en un cajón ni considerar absurdo que se investiguen. Lo que ya no es de recibo es la manipulación. 

Esta semana, ha tenido lugar un momento decisivo en el juicio de la Kitchen: la declaración del exministro Jorge Fernández Díaz y su entonces secretario de Estado, Francisco Martínez. Afirmar, como ha hecho Antonio Ferreras en La Sexta, que hay una “Kitchen del PSOE” es una manipulación. La frase: “Tenemos un pacto de honestidad con los espectadores y vamos a contar tanto la Kitchen del PP como la Kitchen del PSOE”.

Por lo que se conoce hoy, no se puede comparar el intento infructuoso de Díez y sus colaboradores ayudados por Cerdán con una conspiración en la que intervinieron, según la acusación en el juicio, un ministro, su número dos y buena parte de la cúpula policial del Ministerio. Ojo, lo primero puede ser delito, aunque no sirviera para nada. Lo de Kitchen está a una escala superior y varios de sus delitos, como toda la operación para desacreditar a Podemos con pruebas falsas, ni han llegado a juicio. De hecho, La Sexta Columna le dedicó su programa del viernes, así que saben de lo que están hablando.

Sobre la declaración de Fernández Díaz de esta semana, ya escribí un artículo en el que detallé todas sus inconsistencias y mentiras. Si alguien se juega una condena de 15 años de prisión, no es extraño que mienta. No sólo no se enteró de nada, dijo, sino que nadie en el PP le dijo que estuvieran preocupados por las pruebas que podría conservar Luis Bárcenas. Bueno, qué se puede esperar de alguien que ese mismo día publicó un artículo en La Razón denunciando que España vive “una situación inaudita” con tantos casos de corrupción. Hay pocas cosas más inauditas que ver a un exministro de Interior rodeado de comisarios en el banquillo donde se suelen sentar los delincuentes. Van a tener que echarle mucho valor los jueces si quieren absolver a un tipo con tanta jeta.