El DAO de la Guardia Civil rechaza ante el juez del caso Leire Díez que las investigaciones por filtraciones fueran una presión a la UCO

El director adjunto operativo de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, ha declarado este jueves ante el juez Santiago Pedraz que las tres informaciones reservadas que se abrieron para esclarecer el origen de otras tantas informaciones periodísticas sobre investigaciones que llevaba la UCO no tuvieron como intención presionar a la Unidad y que son un herramienta prevista en el reglamento que se utiliza con normalidad para aclarar, entre otras cuestiones, posibles filtraciones, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

Llamas ha declarado durante casi tres horas en calidad de investigado en el 'caso Leire Díez' por la tesis de la propia UCO de que las informaciones reservadas fueron abiertas por la ascendencia que supuestamente tenía la ex militante del PSOE sobre Mercedes González, directora de la Guardia Civil y superior directa del DAO. El juez Santiago Pedraz ha pospuesto la declaración de González, prevista también para este jueves, a mañana viernes.

González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

Llamas ha explicado este jueves que, en contra de lo que declararon ante la propia UCO sus anteriores jefes, la Unidad ha sido objeto de otras tres informaciones reservadas que nada tienen que ver con investigaciones del PSOE desde que el es el número dos del Cuerpo. En total, de toda la Guardia Civil, ha conocido la apertura de 56, pero solo de las más graves, porque en todo el Cuerpo han sido centenares, ha dicho.

El teniente general de la Guardia Civil ha defendido el trabajo de la UCO y ha negado haber ejercido presión alguna sobre la unidad en las investigaciones al PSOE o el entorno de Pedro Sánchez. En este sentido ha negado que dijera a sus responsables que se pusieran “de perfil” aunque ha admitido que les pidió que se limitaran a cumplir con las instrucciones que les dieran jueces y fiscales, en cumplimiento de su condición de policía judicial.

Por primera vez en esta polémica ha surgido el nombre del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ha sido al tratar la apertura de una información reservada por la publición en Okdiario de las direcciones de correo electrónico del presidente del Gobierno, su mujer y el hermano del primero. Llamas ya había pedido explicaciones al general de Policía Judicial y en ese contexto recibió una llamada del ministro indignado por la publicación de las citadas direcciones de correo, que en seguida se habían colapsado con mensajes despectivos. A la pregunta de qué le dijo al ministro, Llamas ha respondido que durante la conversación apenas habló y que fue Marlaska quien lo hizo.

El responsable material de la apertura de las informaciones reservadas fue Llamas, a excepción de una tercera que abrió Mercedes González porque el objeto de la información periodística que se investigaba era el propio teniente coronel, al que una portada de El Mundo llamaba “peón de Marlaska” y le atribuía presiones sobre los investigadores que los máximos responsables de la UCO ya han negado en el juzgado en sus declaraciones como testigos.

La imputación a Mercedes González parte de las reuniones con Díez y los comentarios que esta hace a terceros, a través de mensajes, respecto de una supuesta estrecha relación con la directora de la Guardia Civil, un carácter que esta niega. También de que Díez apuntara en su agenda “investigaciones de las filtraciones” en un momento en el que el grupo que comandaba la exmilitante socialista estaba convencido de que la UCO mantenía una campaña contra el Gobierno y el PSOE que pasaba por pasar informaciones a algunos medios, algo que nunca se ha demostrado.

Las investigaciones internas consistieron, solo en uno de los tres casos, en tomar declaración a dos generales y al teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo que investiga los casos que afectan al PSOE. Uno de esos generales era el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el otro, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo.