Andalucía planta la semilla de un frente común por la educación pública para impulsar un otoño de movilizaciones
El malestar que se respira entre el profesorado, las familias y el alumnado andaluz ha ido creciendo en los últimos años, pero sin llegar a traducirse en un movimiento social capaz de llenar las calles. Pese a que la comunidad educativa en su conjunto denuncia un progresivo “desmantelamiento” de la educación pública —cierres de unidades, falta de recursos y aumento de las ratios—, las protestas han permanecido fragmentadas entre sindicatos, organizaciones estudiantiles, asociaciones de familias y plataformas locales.
En cambio, comunidades como Catalunya, Madrid o la Comunitat Valenciana sí han logrado este curso articular movilizaciones multitudinarias y coordinadas frente a sus gobiernos autonómicos. En Andalucía ese frente común seguía siendo una asignatura pendiente. Hasta ahora. Una treintena de organizaciones del ámbito educativo ha comenzado a tejer una alianza que aspira a unificar las reivindicaciones de la comunidad educativa y convertir el próximo otoño en el arranque de un ciclo de movilizaciones en defensa de la enseñanza pública.
La semilla la plantó Noviembre Verde, una iniciativa surgida a principios de junio con la vocación de servir como “espacio de encuentro” entre todos los sectores educativos. Apenas unas semanas después, ese impulso ha desembocado en la convocatoria de la primera 'Asamblea por la Educación Pública Andaluza', que se celebrará este sábado 18 de julio en Antequera.
Allí, en el considerado como centro geográfico de la comunidad andaluza, sindicatos como CCOO, Ustea y CELE, organizaciones estudiantiles y universitarias, asociaciones de familias como la Plataforma Familias NEAE Andalucía y plataformas ciudadanas como la de Escuelas Infantiles tratarán de definir una hoja de ruta común para el próximo curso.
Noviembre en el horizonte
La iniciativa andaluza llega después de un curso marcado por un inédito ciclo de protestas educativas que ha recorrido buena parte del país. Aunque los conflictos se han librado contra los distintos gobiernos autonómicos, el diagnóstico que comparten los docentes es muy parecido: una profesión cada vez más tensionada, el aumento de la burocracia, la pérdida de recursos y un “deterioro” sostenido de las condiciones en las que desarrollan su trabajo.
La contestación a ese deterioro estalló esta primavera. Catalunya y, sobre todo, la Comunitat Valenciana se convirtieron en los principales referentes de una movilización que culminó con una manifestación histórica de 35.000 docentes en Valencia y un mes de huelga indefinida, ahora suspendida —aunque no desconvocada— a la espera de retomar las movilizaciones en septiembre. Ambos territorios ya han anunciado un “otoño caliente”, mientras que en la Comunidad de Madrid el profesorado de las enseñanzas no universitarias prepara un paro indefinido a partir del 14 de octubre.
Ese escenario ha servido de espejo para Andalucía. “Después de ver todos los movimientos que se habían sucedido ya en Valencia, Cataluñya y Madrid, era un clamor popular que, al menos, se intentase aquí también”, explica Raúl Lucas, activista de la educación pública andaluza y partícipe de Noviembre Verde. Si bien esa iniciativa ya ha cumplido su cometido y se ha disuelto, sus promotores esperan que ese embrión termine cristalizando el próximo curso en un movimiento capaz de movilizar a la comunidad educativa también en Andalucía. “La idea era sembrar la semilla que pudiera generar un noviembre más agitado”, resume Lucas.
Tras el intento de articular un frente común, late la sensación generalizada de que el deterioro de la educación pública se ha acelerado en los últimos años. “Vemos que cada vez va a peor, cada vez más recortes, y ahora quieren concertar el Bachillerato”, señala Óscar Marchante, secretario del sindicato CELE, en referencia al pacto PP-Vox recién alcanzado. En esa idea coincide Salvador Pineda, portavoz de UMAxlaPública, otra de las entidades que participarán en la asamblea: “La situación de la educación pública en Andalucía roza ya lo insostenible y había que hacer algo”, defiende después de conocer que las universidades públicas andaluzas están ya en déficit estructural, tras cerrar 2025 en números rojos.
De protestas dispersas a una estrategia común
La principal diferencia respecto a movilizaciones anteriores no reside tanto en las reivindicaciones como en la forma de organizarlas. Durante años, las protestas por la educación pública han discurrido en paralelo —convocadas unas veces por sindicatos, otras por asociaciones de familias, colectivos estudiantiles o plataformas locales—, sin lograr articular una respuesta unitaria capaz de movilizar al mayor sector público de Andalucía, integrado por más de 108.000 docentes.
La apuesta ahora pasa por sentar a todos esos actores en la misma mesa para construir una agenda compartida, que marque “el plan de acción” del próximo curso. Ese fue precisamente el cometido de Noviembre Verde. Sus impulsores insisten en que nunca pretendieron fundar una nueva plataforma, sino facilitar un primer contacto entre organizaciones que hasta ahora venían trabajando de forma separada.
Lo lograron el pasado 8 de julio, cuando lograron reunir de forma telemática a más de un centenar de representantes de cerca de una treintena de entidades. La respuesta, admite Lucas, desbordó todas las previsiones. “Partíamos de una expectativa muy baja y salimos realmente sorprendidos”, confiesa. “Nunca imaginamos que fueran a participar tantos colectivos ni que el diagnóstico fuera tan compartido: hay que ponerse en pie y empezar a movilizar a la gente”, expresa este activista convencido en que “el momento es ahora”.
Encontrar los elementos comunes
Las inquietudes son compartidas, pero coordinar una estrategia global entre sindicatos y organizaciones con sensibilidades distintas, procedentes de niveles educativos diferentes y colectivos diversos no es tan sencillo. Por eso, el punto de partida ha sido identificar las reivindicaciones comunes, capaces de aglutinar a toda la comunidad educativa, situando al alumnado en el centro de la propuesta. “Si enfocamos todo en el alumnado, cualquier mejora para ellos repercutirá también en los centros, las familias, las infraestructuras y el profesorado”, esgrime Óscar Marchante.
A partir de ese planteamiento, las organizaciones implicadas han comenzado a perfilar el manifiesto que esperan revalidar este sábado en Antequera. El documento, de 19 páginas, recoge algunas de las demandas históricas de la enseñanza pública andaluza: “reducción de las ratios”, incremento de los recursos destinados a la escuela pública y, en especial, al alumnado con necesidades educativas especiales, “desburocratización de la labor educativa”, “infraestructuras dignas y adaptación climática” o el rechazo a las políticas de privatización en la Formación Profesional y la enseñanza universitaria, entre otras.
“Queremos que el dinero público se destine a lo público”, sintetiza Raúl Lucas, quien lamenta que “lo que está ocurriendo es que recursos destinados a la educación pública terminan utilizándose como trampolín para empresas privadas”. Los organizadores de la asamblea aseguran que ese diagnóstico es compartido por prácticamente todos los sectores de la enseñanza, desde la educación primaria hasta la universidad, y confían en que ese consenso facilite la construcción de un movimiento amplio y sostenido en el tiempo.
El debate sobre la huelga
Si las reivindicaciones parecen concitar un amplio consenso, la fórmula para defenderlas sigue abierta. La asamblea de Antequera deberá abordar una de las cuestiones más delicadas: qué forma deben adoptar las movilizaciones del próximo curso.
En la Comunitat Valenciana, Catalunya o Madrid la huelga se ha convertido en el principal instrumento de presión. En Andalucía, sin embargo, todavía no existe un acuerdo claro y algunos sindicatos consideran que antes es necesario fortalecer la organización de la comunidad educativa. Es el caso de USTEA: “Creemos que es importante empoderar y movilizar al profesorado antes de convocar una huelga”, esgrime Francisco Fernández, portavoz de Educación de esta organización sindical, que propone celebrar asambleas y movilizaciones desde principios de septiembre para garantizar la implicación de la comunidad educativa.
USTEA ya había comenzado a trabajar en esa dirección antes del nacimiento de Noviembre Verde. El sindicato había lanzado un formulario entre el profesorado para explorar posibles movilizaciones y mantenía conversaciones con otras organizaciones cuando recibió la convocatoria del nuevo espacio de coordinación. “Nos pareció una excelente idea”, reconoce Fernández, quien comparte que “las expectativas son buenas” porque participan docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y universidad, además del alumnado y las familias. “Esa unidad puede ser muy interesante”, augura el representante sindical.
Desde CCOO también valoran positivamente la creación de un espacio unitario. “Esperemos que esto sea el germen de esa unidad tan necesaria”, apuntan desde el sindicato, que recuerda que llevan desde 2019 defendiendo la igualdad de oportunidades y el ascensor social en la enseñanza superior universitaria.
Un deterioro compartido, que se agrava en Andalucía
Los problemas que denuncian son similares a los que han desencadenado las movilizaciones en otros territorios, pero las organizaciones implicadas sostienen que Andalucía presenta además algunas particularidades que agravan el deterioro de la enseñanza pública.
“Cuando hablamos con otras organizaciones del Estado comprobamos que los problemas son muy parecidos, pero la eliminación de aulas públicas en Andalucía es muy superior a la del resto”, señalan desde USTEA. Según los datos recopilados por el sindicato a partir de las publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz en 2019 se han suprimido 2.758 unidades de Infantil y Primaria.
A ese diagnóstico suman el creciente número de docentes interinos bloqueados en las bolsas de trabajo y de funcionarios desplazados de sus centros como consecuencia de la supresión de aulas. Todo ello, sostienen, ha contribuido a incrementar el malestar de la comunidad educativa y ha reforzado la convicción de que “en Andalucía necesitamos protestas similares a las de Valencia, Madrid, Aragón o Cantabria”.
Los colectivos que impulsan el movimiento unitario andaluz consideran que la educación pública atraviesa un punto de inflexión y atribuyen ese deterioro a las políticas educativas del Gobierno de Juan Manuel Moreno. “El Partido Popular se está cebando con la educación pública”, sostienen desde USTEA. “Quieren hacer de un servicio público un negocio y la educación tiene que estar por encima de cualquier interés político”, añade en esa línea el secretario del sindicato CELE.
Ese será precisamente el reto del frente común que empieza a tomar forma: canalizar el malestar que durante años ha ido cociéndose en los centros educativos andaluces, hasta consolidar un movimiento capaz de ganar la calle y convertir a Andalucía en un nuevo foco de movilización en defensa de la educación pública durante el próximo otoño. “Esperemos conseguirlo”, suspiran, “porque el futuro de nuestras aulas no puede seguir esperando”, como concluye el manifiesto.
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