DOCUMENTO
Así es el pacto PP-Vox en Andalucía: “Rechazo frontal” a los niños migrantes y sin referencias a violencia machista
Apenas 30 minutos antes de la votación de investidura de Juanma Moreno, los líderes del PP y Vox en Andalucía han sellado su acuerdo de gobierno que consagra la 'prioridad nacional', un concepto de la extrema derecha que el PP ya había abrazado en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Durante la campaña, llegó a definir la 'prioridad nacional' como “literatura” de Vox para su electorado y, también, como un “lío”. Mediante este pacto, Manuel Gavira, líder de la formación de extrema derecha, asumirá la consejería de Turismo, Administración Local y Justicia, un cargo que además tendrá rango de vicepresidencia.
En rueda de prensa, Moreno y Gavira han escenificado la firma del Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía. Ante la falta de una mayoría absoluta, Moreno ha justificado el pacto señalando que “la dinámica parlamentaria te lleva a llegar a acuerdos” para evitar una parálisis autonómica y nuevas elecciones. Sin embargo, para lograr esta estabilidad, el PP ha tenido que asumir gran parte del programa de Vox, admitiendo el propio Moreno que, pese a tener “sensibilidades diferentes”, han realizado un “esfuerzo de aproximación”.
En el plano institucional, la principal concesión es la entrada de Vox en el Ejecutivo. La formación asumirá la citada Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, la cual estará dotada con rango de Vicepresidencia con Gavira al frente.
El giro migratorio y la 'prioridad nacional'
El documento refleja un endurecimiento radical en materia de extranjería, asumiendo las tesis de Vox. Pese a que Moreno en campaña recordaba que era absurdo debatir sobre inmigración porque las Comunidades Autónomas no tienen competencias, ha abrazado el discurso de Vox de principio a fin y la inmigración es el segundo punto del acuerdo. El pacto decreta un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados (MENA)” y estipula la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. Además, se prohíbe el uso del burka y el nicab en los espacios públicos autonómicos.
La gran victoria discursiva de Vox cristaliza en el blindaje de la llamada 'prioridad nacional', sobre la que el texto dice literalmente: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Este mismo principio rector se aplicará para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social.
Sin rastro de la violencia de género
No hay en el pacto ninguna mención a la “violencia machista” ni a la “violencia de género”. El documento del acuerdo entre PP y Vox no recoge ninguna medida, plan o apartado dedicado a combatir o abordar específicamente este tipo de violencia.
Las únicas referencias directas a la “mujer” en el texto del pacto se limitan a dos aspectos muy específicos: la citada prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos, (justificando que son prácticas que “invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad) y la puesta en marcha de un ”Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada“. No hay tampoco ninguna mención al colectivo LGTBIQ+.
Negacionismo climático
Pese a las diferencias de visión que separaban a ambos partidos en temas como la Agenda 2030, el PP ha accedido a “blindar” al sector primario frente a los “aspectos negativos” de dicha agenda y a rechazar explícitamente “las imposiciones de agendas ideológicas” en el cuidado del medio ambiente, declarando a Andalucía libre de las cargas del Pacto Verde. Al rechazar la “condicionalidad climática del Pacto Verde” europeo Moreno asume directamente el negacionismo climático de Vox. También rechaza el pacto la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, argumentando que encarece la producción sin ofrecer contrapartidas.
En el ámbito de la 'batalla cultural', las cesiones a Vox también son notables. El Gobierno andaluz pondrá fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios –como ya ha ocurrido en la Murcia de López-Miras y va a suceder en la Extremadura de María Guardiola– alegando que es un intento de “diluir nuestra identidad”,.
En contrapartida, el pacto se compromete a promocionar activamente la tauromaquia y la caza. Asimismo, se comprometen a proteger la ganadería brava, las escuelas taurinas y las plazas de toros frente a cualquier intento de discriminación ideológica o de exclusión de las políticas públicas
Finalmente, ambas formaciones han acordado impulsar una “Nueva Ley de Concordia” que derogará y sustituirá a la actual normativa andaluza en materia de memoria histórica. El documento incluye la Memoria Histórica en el apartado de “Leyes Ideológicas”.
Derogación de los impuestos a los vertidos y a las bolsas de plástico
La Fiscalidad es la primera materia que aborda el pacto. Se trata de un aspecto en el que PP y Vox han encontrado un amplio campo de encuentro basado en la supresión y/o rebaja de impuestos. El pacto contempla reducir la cuota autonómica del IRPF en el 0,25% en los tramos de menos de 60.000 euros cada año, hasta un punto porcentual a final de legislatura. Además, se prevén nuevas deducciones por nacimiento o adopción. En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se prevé una nueva bonificación para ladquisición de vivienda habitual entre hermanos, “primer paso” para ampliar la bonificación del 50% a los colaterales de segundo y tercer grado (tíos y sobrinos) “si la evolución de la recaudación del impuesto lo permite”.
Vox también ha impuesto su agenda cultural en materia fiscal, con el incremento de la deducción por familia numerosa de 200 a 300 euros y, en especial, con la previsión de suprimir tres tributos propios en materia ambiental: el que se impone a las bolsas de plástico, el de emisión de gases y el de vertidos a aguas litorales. El objetivo de esta supresión, dice el pacto, es “rerducir la presión fiscal, simplificar el sistema tributario y aliviar las cargas” sobre familias, empresas y autónomos.
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