Aluvión de resoluciones de la Junta Electoral contra cargos del PP por el uso electoralista de las instituciones

Cargos y candidatos y candidatas del PP ganan por goleada por el momento en cuanto a expedientes abiertos por la Junta Electoral de Zona por incumplir la normativa en cuanto al uso partidista de cargos o instituciones en periodo electoral.

El organismo ha estimado recientemente tres denuncias de Compromís per València contra el Ayuntamiento y la alcaldesa, María José Catalá, con las que son ya los casos ganados en pocas semanas. Según ha informado la coalición valencianista, la Junta no ha tenido en ningún caso dudas sobre el fondo: “El gobierno de PP y Vox ha usado las instituciones para vender gestión y para hacer campaña. Las tres últimas resoluciones son del 5 y el 11 de noviembre. Todas requieren al gobierno municipal, o directamente a la alcaldesa, que se abstenga de hacerlo durante el resto del periodo electoral. Es especialmente llamativo que la Junta Electoral haya censurado la aparición de Catalá en À Punt, donde aprovechó el cargo para pedir un cambio de Gobierno y anunciar construcción de viviendas.

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, recuerda que la reiteración del Gobierno de Catalá en la vulneración de la ley electoral es muy grave: “Once veces nos han dado la razón. Ya no es una cuestión de interpretación, es la manera de hacer de PP y Vox. Catalá confunde el Ayuntamiento con la sede de campaña del PP y usa lo que es de todos para hacerse la foto y venderse”.

Según Robles, el 3 de noviembre, Catalá compareció como alcaldesa en el programa Està passant de À Punt. Según la Junta, aprovechó su presencia para pronunciar expresiones que se enmarcan en los lemas y la campaña de su partido, del que es candidata. “Las usó, por un lado, para pedir un cambio de gobierno. Por otro, para anunciar la promoción de viviendas. La Junta, por mayoría y con el voto en contra de uno de los vocales, estima la denuncia y requiere a la alcaldesa que, mientras dure el proceso electoral, no repita actuaciones como esta. No abre expediente sancionador, porque la iniciativa de la entrevista partió del medio”, ha explicado la portavoz municipal de Compromís.

Sin embargo, otra resolución del Organismo sí que ha supuesto la apertura de expediente sancionador para Catalá tras una denuncia del PSOE. Así, se enfrenta a una multa de entre 300 y 3.000 euros, por publicar en redes sociales un vídeo “con contenido promocional desde el despacho de alcaldesa” de València.

La Junta Electoral también ha abierto expediente sancionador contra el vicepresidente del Consell, Vicente Martínez Mus “por una campaña de logros encubierta”, también tras una denuncia de los socialistas por el acto de presentación del futuro sistema de parques inundables organizado recientemente en el IVAM por el también conseller de Medio Ambiente.

El organismo ha estimado otra reclamación del PSOE y ha obligado al presidente de la Diputación de València y del PP provincial, Vicent Mompó, a eliminar dos vídeos publicados en redes sociales los pasados 20 de octubre y 4 de noviembre, durante la precampaña del 29N, por vulnerar la Ley Electoral (LOREG) y el principio de neutralidad de los poderes públicos, al incluir contenido contrario a las limitaciones de propaganda institucional durante el periodo electoral. Mompó ya ha eliminado ambos vídeos de su perfil público en Instagram. El primero fue grabado en una de las zonas afectadas por la reciente dana Adam en la comarca de la Safor y el otro en el salón de plenos de la Diputación, según fuentes del PSPV.

La Junta Electoral de Zona de València estimó también una denuncia presentada de los socialistas contra el Ayuntamiento de Torrent en relación con una campaña institucional sobre la tasa de basuras. El organismo considera que determinados aspectos de la comunicación municipal no se ajustan a los deberes de objetividad y neutralidad establecidos para las administraciones públicas, aunque ha descartado la apertura de un expediente sancionador contra el consistorio.

En su resolución, adoptada el pasado 1 de noviembre y notificada al día siguiente, la Junta Electoral estima la reclamación al apreciar una falta de objetividad en determinados mensajes de la campaña. Concretamente, el organismo señala que “no es objetivo cuando atribuye la imposición de un gravamen al gobierno, presidido por un rival político”, sin precisar que se trata de una ley aprobada por una mayoría parlamentaria integrada por diferentes grupos políticos.

Asimismo, apunta que la comunicación municipal no recoge que es el propio Ayuntamiento quien establece el gravamen concreto y que los ingresos derivados de su recaudación contribuyen a las arcas municipales.