¿Un SMI para cada territorio?

El Parlament de Catalunya aprobó el 5 de noviembre la propuesta de ERC para reclamar al Gobierno del Estado un cambio normativo que permita fijar un SMI superior en aquellos territorios con un salario medio por encima de la media estatal, como Catalunya, con el objetivo de que alcance, como mínimo, el 60% del salario medio autonómico. La iniciativa estuvo respaldada por 107 votos a favor (PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP-DT y AC) y 26 en contra (PPC y Vox).

Una reivindicación similar llegó antes a Euskadi de la mano de ELA, LAB y otras cuatro organizaciones sindicales, que reunieron 138.495 firmas para promover una iniciativa legislativa popular que permitiese a las comunidades autónomas fijar su propio SMI. El 13 de noviembre de 2025, EH Bildu defendió esta propuesta en el Parlamento Vasco, donde fue rechazada su tramitación con los votos de PNV, PSE-EE, PP y Vox.

En ambos casos, la premisa de partida es sencilla: si el salario medio de Euskadi y de Catalunya es superior al estatal, y se toma como referencia el criterio del 60% del salario medio que establece el Comité Europeo de Derechos Sociales para valorar la suficiencia de los salarios mínimos, el SMI en Euskadi debería situarse en torno a 1.507 euros mensuales en 14 pagas, y en Catalunya, en torno a 1.360, frente a los 1.221 euros del SMI estatal vigente en 2026. Son cálculos orientativos realizados aplicando ese porcentaje a los salarios medios brutos autonómicos de 2024 publicados por el INE, no una aplicación estricta del criterio europeo, que toma como referencia el salario neto.

Pero conviene distinguir dos cosas. Una es un salario mínimo de referencia, fruto de la concertación social de cada territorio: lo pactan patronales y sindicatos y se aplica a los trabajadores incluidos en su ámbito de negociación. Otra cosa es el SMI, un salario mínimo legal autonómico, con el mismo rango que el estatal y decretado por un gobierno, que exigiría una transferencia o delegación de competencias por parte del Estado. Alemania ilustra el margen real de actuación de un territorio: tiene un único salario mínimo federal, que el 1 de enero de 2026 subió a 13,90 euros por hora, y varios länder, entre ellos Berlín, Brandeburgo y Bremen, tienen sus propias referencias salariales para determinados ámbitos de responsabilidad pública, especialmente la contratación y los servicios financiados con fondos públicos. Bremen, por ejemplo, fija su mínimo en 14,87 euros por hora desde el 1 de abril de 2026. Un suelo territorial, sí, pero circunscrito a los ámbitos en los que el poder público tiene capacidad para determinar o condicionar las retribuciones que él paga.

¿Es posible transferir o delegar en una comunidad autónoma la competencia estatal de fijar el SMI? Lo plantea la magistrada Garbiñe Biurrun Mancisidor, profesora de Derecho del Trabajo, en un artículo publicado en eldiario.es el 23 de marzo, Su respuesta es afirmativa: cabría una transferencia o delegación mediante ley orgánica, en virtud del artículo 150.2 de la Constitución. Si es jurídicamente es defendible, la discusión es política y sindical.

Como lo son las propuestas de ELA y LAB, la de EH Bildu en el Parlamento Vasco y la de ERC en Catalunya, que responden a una lógica política propia: construir un marco de relaciones laborales diferenciado y coherente con su proyecto soberanista. Una orientación que no comparte el sindicalismo confederal. En Euskadi, CCOO y UGT no suscribieron la iniciativa legislativa popular.

Sin embargo, más allá de la discusión sobre los SMI territoriales, está el papel del propio SMI y lo que la realidad salarial nos dice sobre las debilidades de la negociación colectiva. Las fuertes subidas del SMI decretadas por el actual Gobierno de España durante los últimos años han hecho un bien incalculable a los trabajadores situados en el escalón más bajo y también a la economía. Pero, al mismo tiempo, los convenios colectivos no han empujado con suficiente fuerza los salarios intermedios.

Los convenios colectivos no han empujado con suficiente fuerza los salarios intermedios. El suelo salarial de nuestro país importa, y mucho, pero un suelo no hace una casa: la estructura del edificio salarial se construye convenio a convenio

El SMI se ha ido convirtiendo progresivamente en un referente cada vez más habitual. Su incidencia habría pasado del 3,5% de los asalariados en 2018 al 12,7% en 2024. En definitiva, mientras el suelo ha subido, las franjas intermedias no han progresado suficientemente. Según las estimaciones de CCOO y UGT, unos 11 millones de asalariados, el 64% del total, cobran menos que el salario medio.

“El salario mínimo es solo la segunda mejor solución”, como escuché hace muchos años en una reunión de sindicatos europeos en Bruselas. Y los sindicatos daneses y suecos ni siquiera lo contemplan como segunda solución: rechazan de plano la existencia de un SMI legal en sus países. Sus salarios se determinan fundamentalmente mediante la negociación colectiva, y se niegan a delegar en sus gobiernos o en Bruselas una competencia que ejercen con autonomía gracias a la fortaleza de sus organizaciones sindicales. Dinamarca llegó a recurrir la Directiva Europea de Salarios Mínimos ante el Tribunal de Justicia de la UE, con el respaldo de Suecia, para defender la primacía de su modelo de concertación social. El temor de las centrales nórdicas es que, si el Estado garantiza por ley un salario mínimo, disminuyan los incentivos de los trabajadores para afiliarse a los sindicatos. Es la lógica de un entorno con altas tasas de afiliación y una confianza muy arraigada en la fuerza contractual propia.

España necesita con urgencia una mejora generalizada de los sueldos que vaya mucho más allá de la necesaria y fuerte actualización del SMI. Porque el suelo salarial de nuestro país importa, y mucho, pero un suelo no hace una casa: la estructura del edificio salarial se construye convenio a convenio, y su resultado dependerá, como siempre, de la mejora de la productividad y de la correlación de fuerzas que trabajadores y trabajadoras sean capaces de construir con sus sindicatos en los centros de trabajo. Un objetivo que no puede esperar.