El cambio del modelo productivo llega tras los fondos europeos pero... ¿Importa?

Finalizado este mes de agosto, se cierra formalmente la ventana de ejecución del mayor programa de estímulo económico que ha recibido España en democracia: los fondos Next Generation EU, cuya dotación alcanzó los 163.000 millones de euros tras la ampliación de préstamos aprobada en 2023 (aunque finalmente el Gobierno renunció al grueso de los préstamos). Pocas cifras merecerían más atención: según el análisis conjunto de AFI y Funcas, estos recursos explican entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual del PIB español entre 2021 y 2025, con un pico cercano al 25% en 2023. No es un matiz estadístico. Es, sencillamente, el mayor impulso dirigido de la política económica española en generaciones. Y es el que explica que el presupuesto público ejecutado en I+D se haya multiplicado por tres entre 2020 y 2023, pasando de 3.680 a 11.117 millones de euros. Han hecho falta 13 años —y una inyección extraordinaria de fondos europeos— para que España recupere el nivel de gasto en I+D pública que ya tenía en 2009. Este esfuerzo se ha traducido también en un incremento de la productividad por hora, donde España es la única gran economía europea que la acelera respecto a su tendencia previa (+0,4 puntos). Pero sigue pendiente un mayor esfuerzo de inversión privada, que a finales de 2025 seguía un 3,3% por debajo del nivel prepandemia.

Todo este movimiento tectónico ha estado fuera del foco del debate social al quedar tapado por el clima político asfixiante que respira nuestro país, donde la estrategia de la oposición ha logrado desplazar el eje de la conversación pública hacia el ruido, el titular de impacto y el chascarrillo de redes sociales. Pero una buena referencia para evaluar la dimensión del cambio que estamos viviendo la proporciona un reciente informe de la Fundación Cotec: El Mapa del Empleo Tecnológico en España. En él se constata que la afiliación a la Seguridad Social en sectores tecnológicos ha crecido un 45,8% desde 2015, casi el doble que el conjunto del empleo (25,7%). No hablamos únicamente de cantidad, sino de una mejora cualitativa del tejido laboral: las actividades tecnológicas han pasado de representar el 5,9% del empleo en 2015 al 6,8% en 2024. Puede parecer un avance modesto en términos porcentuales, pero en macroeconomía este desplazamiento constituye un cambio estructural de primer orden. Especialmente cuando observamos el 'corazón' de ese crecimiento: programación, consultoría informática y servicios intensivos en conocimiento. De hecho, el 70% del empleo tecnológico creado en la última década se sitúa en estas áreas de alto valor.

Aunque Madrid y Cataluña acumulan cerca del 54% de los puestos creados en este sector de la economía desde 2015, se está avanzando hacia una mayor capilaridad territorial. Más del 50% de los municipios españoles cuentan ya con empleo tecnológico, y en torno a dos tercios de ellos han incrementado su peso en la última década. Es un proceso desigual, pero real, que empieza a inyectar modernidad en zonas tradicionalmente ajenas a la innovación. Persiste, eso sí, la brecha de género, lo que condiciona la equidad de esta transformación cuando el 68% de estos nuevos empleos siguen estando ocupados por hombres.

Hay que reconocer que la aceleración del empleo tecnológico ha coincidido quirúrgicamente con el despliegue de políticas de digitalización financiadas por la UE. Sin embargo, no han faltado intentos por parte de amplios sectores de la oposición de ensombrecer o ignorar el impacto real de los fondos Next Generation en la ampliación de nuestra base productiva. Solo recordar que durante décadas, la necesidad de la transformación del modelo productivo ha sido un lugar común en todos los discursos, informes y foros económicos, que reclamaban la urgencia de transitar hacia una economía más innovadora, digital y menos dependiente de sectores de bajo valor añadido. Y es paradójico que ahora que los datos ofrecen pruebas tangibles, el debate público parece incapaz de incorporarlos.

Esta desconexión entre el debate político y la realidad económica, industrial y del empleo tiene consecuencias graves. Lo que no se valora, no se cuida; y lo que no se reconoce, difícilmente se potencia. Si la conversación pública sigue secuestrada por el fango, seremos incapaces de consolidar los aciertos y corregir los desequilibrios —sectoriales, territoriales y de género— que está transformación aún arrastra.

La pregunta ya no es si España puede cambiar su modelo productivo. Los datos sugieren que ese proceso está en marcha. La verdadera duda es si seremos capaces de verlo, entenderlo y situarlo en el centro de la mesa antes de que el ruido acabe por ensordecer nuestro propio futuro.