El Gobierno flexibiliza las reformas pactadas con Bruselas para recibir 27.000 millones de fondos europeos

El Gobierno ha aprobado una Adenda al Plan de Recuperación para flexibilizar algunas de las reformas comprometidas con Bruselas y recibir las transferencias de los fondos europeos, ya que quedan 27.000 millones por percibir a cambio de, entre otras medidas, la aprobación de una docena de leyes antes del 31 de agosto del próximo año.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que esta modificación del programa –se han revisado 170 hitos de los 300 pendientes– responde a una petición del Ejecutivo comunitario, que en junio reclamó una simplificación de los planes nacionales para evitar que se desaproveche gran parte del 'maná europeo'.

El ministro ha resumido en tres claves la reforma impulsada por el Ejecutivo. Por un lado, la reducción de la carga administrativa, mediante una mayor facilidad a la hora de verificar el cuplimiento de los hitos. Y, por otro, el refuerzo de las prioridades estratégicas del Plan, con nuevas inversiones como la contribución a programas europeos de supercomputación o 2.500 millones para inversiones en descarbonización.

Pero el grueso de los cambios en la Adenda pasa por revisar algunas de esas reformas con rango legal que se habían comprometido con la Comisión Europea pero que, dada la exigua mayoría con la que cuenta el Gobierno en el Congreso, se habían hecho casi inviables de cumplir antes del final del programa, en agosto de 2026.

En este sentido, Cuerpo ha insistido en que el Plan mantiene “el grado de ambición”, pero se acelera la ejecución de hitos y objetivos para conseguir recibir el máximo de los 80.000 millones en subvenciones que se asignaron a España en el marco del Plan de Recuperación.

Como ejemplos, el ministro ha detallado que la reforma de la Ley del Suelo que estaba comprometida en la 'pata' de préstamos de los fondos europeos se ha eliminado, supliéndola por la puesta en marcha de Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda creada en torno a Sepes. Tampoco formará parte del programa la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una reforma pendiente desde 2023 que no ha podido avanzar en el Congreso.

España renuncia al 70% de los préstamos

Cuerpo, además, ha confirmado que España renuncia a tres de cada cuatro euros que España tenía asignados en forma de préstamos del Plan de Recuperación. De esos 83.000 millones, el Gobierno solo percibirá 22.800 millones, en torno al 27% del total.

El ministro ha defendido que esta parte del programa se diseñó como una “red de seguridad”, en la que el Tesoro español se beneficiaba del menor coste de la deuda de la Comisión Europea frente al de las emisiones estatales. Sin embargo, Cuerpo ha detallado que cuando se diseñó el Plan la diferencia entre el coste del Ejecutivo comunitario y el español era de 70 puntos básicos, mientras que ahora esa diferencia ya no existe. Por tanto, el atractivo de estos créditos, que engordan la deuda pública, ha desaparecido.

Esa red estará disponible con “financiación propia”, con un coste equivalente pero menos burocracia y más flexibilidad para costear estas inversiones.

Esto supone que, de los 163.000 millones asignados por la Comisión Europea, el montante de los fondos europeos queda finalmente en 103.000 millones,en torno al 7% del producto interior bruto (PIB).

De la Ley de Familias a la subida al diésel: las reformas pendientes

Aunque el grueso de las reformas legislativas se hizo en la anterior legislatura, aún quedaban pendientes algunas normas por salir adelante. La compleja mayoría en el Congreso ha hecho muy complicado su tramitación y el portazo de Junts a las relaciones con el Gobierno puso la puntilla.

Hay algunas de las reformas pactadas con Bruselas que quedaron fuera del veto, como las ya aprobadas Ley de Movilidad Sostenible o la de Servicios de Atención a la Clientela (que recibirá el aval del Congreso este jueves), pero aún quedaban muchas normas pendientes de actualizar.

Según los documentos acordados entre el Gobierno español y la Comisión, como parte de ese sexto desembolso, que asciende a 5.342 millones, el Ejecutivo se comprometió a sacar adelante seis leyes que aún están pendientes. La primera, la del Cine, está fuera del bloqueo de los neoconvergentes. Pero quedan otras cinco: entre ellas la ley de Industria y la ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, que figuran en el listado de 25 leyes a las que Junts ha anunciado que presentará enmiendas a la totalidad. El Consejo de Ministros tiene aún que aprobar el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que ha generado protestas del personal sanitario y de los sindicatos; la ley de Medicamentos, y la ley de Ordenación profesional en el ámbito del deporte, que no se presentará antes de que acabe el año.

El partido de Puigdemont también advirtió de una enmienda a la totalidad contra la ley de Familias, que forma parte del séptimo desembolso de las transferencias pendientes de Bruselas, valorado en 8.147 millones. Asimismo, forman parte de ese paquete la ley para regular los lobbies y la norma para la creación de una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que están en el Congreso y ya han superado la primera parte de la tramitación parlamentaria y están en la fase de presentación de enmiendas al articulado. No obstante, Junts tampoco pretende darles el visto bueno y el Ejecutivo ya ha eliminado el nuevo organismo de la lista de los fondos europeos.

Del octavo desembolso (5.307 millones) quedan por salir adelante unas enmiendas a la Ley de Protección de la Competencia (la que permitió a Economía intervenir en la opa del BBVA al Sabadell) y también una revisión de ciertos beneficios fiscales en el sistema tributario, cuyos cambios pasan también por una reforma legal. El noveno y último (8.334 millones) incluye la norma de control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima, contra la que Junts también ha anunciado una enmienda a la totalidad.

En el aire también están algo más de 1.000 millones de hitos pendientes, como la equiparación fiscal del diésel y la gasolina, que se pactó dentro de la reforma fiscal del año pasado pero no salió adelante; y las medidas para acabar con la temporalidad en la Función Pública que revirtió la Justicia Europea. El sistema de cuotas de autónomos, también negociado con la Comisión, podría restar otros 1.400 millones si no se cumple con su cotización por ingresos reales.