Claves del nuevo escudo económico que ultima el Gobierno: ayudas al transporte, protección a vulnerables y al campo

El Gobierno prepara una serie de medidas fiscales para aliviar el impacto de la subida del precio de los combustibles pero sin apostar por subvenciones generales a las gasolinas, como se hizo tras el estallido de la guerra de Ucrania, apostando por ayudas más quirúrgicas a los sectores más afectados, como el campo o el transporte.

Así lo ha detallado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido el Ejecutivo con sindicatos y patronales, donde no se han detallado medidas concretas. El objetivo del Ejecutivo pasa por, primero, consensuar cualquier posible actuación con los agentes sociales y los grupos parlamentarios. Estos últimos fundamentales para que cualquier paquete de medidas pase el filtro del Congreso.

Cuerpo ha apuntado que el Ejecutivo trabajará en varios frentes, como ya detalló el presidente Pedro Sánchez en una entrevista con elDiario.es. Por un lado, con medidas estructurales en cuanto a las energías renovables, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la volatilidad asociada a cualquier posible corte de suministro. Y, por otro, con otras más quirúrgicas destinadas, en específico, a la subida del precio de la energía, la principal preocupación ahora mismo.

El ministro ha señalado que el Gobierno hace ahora un “análisis riguroso” de cuáles son las mejores medidas “teniendo en cuenta la experiencia derivada” de la crisis energética de 2022 y 2023. Ese primer paquete lo protagonizó la rebaja de los combustibles generalizada, algo que queda descartado casi por completo. “Parece que en las circunstancias actuales la bonificación sería una de las medidas que menos nos aconsejan los sectores y los agentes sociales”, ha dicho el ministro.

En este sentido, el titular de Economía ha apuntado a que el Gobierno va a colaborar de manera estrecha con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar comportamientos “anómalos” en las gasolineras y que, cuando los precios del crudo bajen, “esa corrección se traslade a los precios de los carburantes”.

Prohibición de cortar suministros a los hogares vulnerables

Por otro lado, el Gobierno también contempla rescatar algunas de las medidas que decayeron en el escudo social, como el corte de los suministros para hogares vulnerables. Este potencial Real Decreto-Ley aún no tiene fecha ya que la prioridad del Ejecutivo es cerrar el texto cuanto antes, pero podría no ir en el próximo Consejo de Ministros.

“Ahora mismo lo prioritario es trabajar para cerrar un texto con la mayor celeridad, que pueda responder con responsabilidad a los efectos que ya están notando nuestros ciudadnaos y empresas; que recoja las aportaciones de sectores, agentes sociales y grupos parlamentarios para que pueda contar con consenso”, ha dicho el titular de Economía.

Otra de las medidas que sirvieron hace cuatro años, con el gas por las nubes, fue el mecanismo ibérico, que topó los precios en España y Portugal. Aún es pronto para plantear esa opción, porque el gas ha subido, pero no tanto, pero tampoco hay que descartarla. “Estamos en una situación muy lejana a la que ocurrió con el conflicto en Ucrania” ha asegurado Cuerpo. Ahora, el precio del gas está en el “entorno de los 50 euros” cuando en “en el caso de Ucrania” estuvo “por encima de los 200 euros y, de manera sostenida, por encima de los 100 o 150”, ha resumido. Pero la opción del tope al gas está ahí. “Está preparado”, eso sí, “requiere colaboración con las autoridades europeas y portuguesas”, ha añadido el ministro.

El Gobierno ha insistido en que cualquier medida que se adopte ha de ser “responsable” en cuanto a su impacto en las cuentas públicas y también ha de ser lo suficientemente flexible para ser adaptada si el conflicto, que por ahora consideran como algo temporal y lejos de enquistarse, se mantiene.

Entre otras cosas, porque, a diferencia de 2022, ahora están en vigor las reglas fiscales y el Ejecutivo no tiene tan sencillo saltarse los compromisos presupuestarios para hacer frente a una situación que, de momento, no está enfriando la actividad económica.

Cuerpo ha descartado la rebaja del IVA de los alimentos, en el debate público tras ser planteado por el dueño de Mercadona. “No estamos observando todavía este canal de transmisión”, ha afirmado el ministro de Economía, en referencia a la afectación en estos precios. “Tenemos que tener una respuesta perimetrada y muy proporcional a los efectos que estamos observando”, ha añadido.

Tampoco están sobre la mesa intervenciones en el mercado de la vivienda, como la congelación de los arrendamientos, a pesar de que ha sido una de las reclamaciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y también de los sindicatos.

Sí está sobre la mesa un potencial relajo en el IVA de la electricidad, ya que Cuerpo ha apuntado que hay “bastante consenso” sobre esta medida, que ayudó a rebajar los precios en el anterior shock de precios.

Antes de reunirse con los agentes sociales, y en materia laboral, Díaz había concretado que están disponibles ya instrumentos de protección de empleos y empresas, como los ERTE, pero además ha añadido que es necesario aprobar “más medidas”, entre las que ha mencionado “probablemente prohibir despidos por causas energéticas como hicimos en otras crisis”, en referencia a la de Ucrania.

Con todo, el ministro Cuerpo ha insistido en que, de momento, no están percibiendo una afección en el mercado laboral y que los datos de afiliación muestran que la actividad económica está resistiendo el primer envite del shock de precios.

Los sindicatos reclaman ayudas al transporte público

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han comparecido previamente al ministro y, si bien han asegurado que no contaban con un listado de medidas para plantear al Gobierno, sí han reclamado rebajar el precio de los transportes públicos y evitar rebajas masivas de impuestos.

Sordo ha reclamado que posibles medidas fiscales vengan acompañadas de “medidas eficaces del control de los precios y de la transmisión de precios a los ciudadanos”, ya que algunas -como las subvenciones a la gasolina- sirvieron para “mantener los beneficios de las empresas”.

“No se trata de quitar IVAs sin más, porque no todo el mundo tiene la misma participación a la hora de consumir”, ha dicho Álvarez.