Almeida aumenta el suelo dedicado a 'flex living' a costa de chocar con su propio plan de impulso de zonas industriales
“Una ciudad con ambición y vocación de conseguir el mejor futuro para todos”. Con esas palabras presentaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el Plan de Industria de la ciudad de Madrid 2025-2027, aprobado por su Junta de Gobierno en septiembre del pasado año. El documento, consensuado con distintos agentes sociales y económicos (desde la patronal madrileña hasta los sindicatos UGT y CCOO), compromete casi 200 millones de euros para proteger y recuperar el tejido productivo madrileño con 44 medidas de toda índole. Pero este ambicioso programa se enfrenta a un difícil equilibrio con otras políticas de Cibeles, en concreto en materia de Urbanismo.
La iniciativa del área de Economía, Innovación y Hacienda describe la amenaza que supone para la reindustrialización la presión de determinados usos del suelo. Un factor que estaría generando la transformación y expulsión de la industria en áreas de actividad económica de la ciudad. En su línea 2, como parte de su cronograma de actuaciones, establece la creación de una comisión junto al área de Urbanismo para definir una “estrategia de suelo de largo recorrido” y una “diversificación de usos por implantar”. El Plan de Industria defiende así la hibridación de usos, pero enfocada en dar cabida a la “nueva industria que integra tecnologías emergentes”.
Esta apuesta por una industria urbana limpia, perfilada hacia centros de energías renovables o I+D+I, contrasta con la reducción en la protección de suelos que promueve otro gran proyecto aprobado el pasado mayo por el Ejecutivo de Almeida. Se trata del Plan Especial relativo a la modificación del uso terciario hospedaje en la norma zonal 9 grado 3º y en las parcelas de uso cualificado industrial incluidas en ámbitos de uso global no industrial. Esta medida persigue facilitar la implantación de usos terciaros con la categoría de hospedaje, habitualmente dirigido a hoteles o apartahoteles, pero en cuyo paraguas comienza a proliferar la figura del flex living, en entornos donde se habían venido desarrollando otras actividades económicas. Con ello, según el Ayuntamiento, se descongestionará la actividad turística y no quedará concentrada en el centro.
En pos de esta “descentralización”, uno de los aspectos en los que más incide la memoria del expediente, el Consistorio aprovecha suelos con el grado 3º según la Norma Zonal 9. Se trata de una categoría destinada a actividades económicas e industriales, así como servicios avanzados, en zonas específicas de la ciudad. No obstante, según la documentación con la que el Ayuntamiento sustenta el plan especial, su “vocación industrial” no es tan definitoria ni característica.
El Ayuntamiento alude a la “pérdida de carácter industrial” para “suprimir cautelas”
Una resolución de la directora general de planeamiento, consultada por Somos Madrid al analizar la tramitación del Plan Especial, lo explica en estos términos: “Mientras que los grados 4º [polígonos industriales] y 5º [parcelas singulares] de la Norma Zonal 9 y los ámbitos de planeamiento de uso cualificado industrial de normativa particular se caracterizan por su clara vocación industrial, los ámbitos regulados por el grado 3º de la NZ 9, con uso cualificado mixto —industrial en coexistencia con el terciario oficinas—, han mostrado un claro proceso de terciarización con la consecuente pérdida de su carácter industrial”. Concluye que esta circunstancia, justo la que persigue solventar el Plan de Industria, “posibilita suprimir en ellos las cautelas y limitaciones introducidas sobre el uso terciario hospedaje”.
Para Más Madrid, en cambio, existe una “incoherencia aguda” y una “contradicción directa” entre las políticas del Ayuntamiento. De hecho, centran en este argumento gran parte de sus alegaciones al Plan Especial de Urbanismo que permitirá la proliferación de suelos terciarios para hospedaje. Aluden a su “incompatibilidad con los objetivos municipales de preservación y fortalecimiento del tejido productivo”. Recalcan que el propio diagnóstico del Plan Industrial advierte de la existencia de “competidores en el consumo del suelo” y cita expresamente usos que desplazan la actividad económica para empujar fuera de la ciudad actividades productivas consolidadas. La norma señala igualmente que los cambios en la organización de la producción dificultan medir adecuadamente la evolución real de la actividad industrial, sobre todo en aquellos ámbitos donde se desarrollan servicios asociados a la industria.
El principal partido de la oposición cree que Plan Especial debe incorporar algún análisis específico sobre la hipotética pérdida de capacidad productiva de los ámbitos afectados, el impacto en el empleo asociado a las actividades económicas existentes, la compatibilidad expresa con los objetivos del Plan Industrial, las posibilidades de modernización o transformación de las actividades productivas implantadas por otras vías y el mantenimiento de actividades servindustriales o tecnológicas vinculadas a la economía del conocimiento.
Las alegaciones presentadas por la portavoz municipal, Rita Maestre, y por José Luis Nieto (su homólogo en la Comisión de Urbanismo) observan otra discordancia en lo relativo al “impacto especulativo” que introduce el Plan Especial al habilitar normativamente que las parcelas industriales aisladas se conviertan en apartamentos turísticos u hoteles. La disponibilidad de espacio idóneo para albergar estos nuevos “contenedores productivos” o hubs tecnológicos dentro de la ciudad consolidada “disminuye drásticamente”, afirman. Esto hace “inviable económicamente” la atracción de nuevas PYMES tecnológicas, debido al encarecimiento del suelo urbano.
Más Madrid alerta además de discrepancias en el modelo de ciudad que dibujan ambas normativas. Las alegaciones recogen que el Plan Especial “choca frontalmente” con los objetivos de Sostenibilidad y Economía Circular que marca el Plan de Industria en su línea 3, donde enfoca el futuro de los espacios productivos madrileños en la transición ecológica y energética o la medición de la huella de carbono. También en la manera de afrontar la Movilidad Sostenible de Mercancías versus el Tránsito Turístico. El Plan de Industria está ideado para el movimiento de personas y mercancías en las áreas productivas y de servindustria. El Plan Especial, al introducir hospedaje turístico masivo en un entorno donde se busca potenciar y transformar la logística urbana, genera “incompatibilidades de uso insalvables” ante el tráfico “constante” de maletas, taxis, autobuses turísticos y peatones.
Fuentes del área de Economía, Innovación y Hacienda consideran, por contra, que ambas normativas son “instrumentos distintos y compatibles”. Sostienen que el Consistorio “no está transformando suelo industrial en residencial ni liberalizando el hospedaje en los polígonos”, ya que “el hospedaje ya era un uso alternativo en estas parcelas, limitado a hoteles”. Eso sí, “la modificación amplía sus modalidades, aunque únicamente en ámbitos del grado 3º, cuya evolución ya es terciaria”. Apostillan asimismo que “el Ayuntamiento, a través de su Plan de Industria, destina 196,2 millones a modernizar, hacer más sostenibles y reforzar los espacios con verdadera capacidad productiva”. Desde el área de Urbanismo no responden hasta el momento las preguntas trasladadas por este periódico.
Almeida ha firmado el fin de la industria en Madrid con un plan especial desde Urbanismo que desmantela normativamente la protección del suelo industrial para subordinarlo a las necesidades del sector hostelero y turístico
A Sara Ladra, edil de Más Madrid, no le convencen ni el propio Plan de Industria ni su coexistencia con los cambios en los usos del suelo: “Almeida ha firmado el fin de la industria en Madrid. Después de seis años sin estrategia en la materia, presentó un plan estratégico que es puro humo y que acaba de dilapidar con un plan especial desde Urbanismo, que desmantela normativamente la protección del suelo industrial para subordinarlo a las necesidades del sector hostelero y turístico”.
“¿Para qué dice el PP que va a recuperar naves y polígonos si al mismo tiempo cambia las reglas del juego para que sea más rentable convertirlas en hoteles que en proyectos industriales o centros tecnológicos?”, se pregunta en declaraciones a este diario. “Almeida ha apostado todo el modelo económico de nuestra ciudad al sector servicios, al turismo, la hostelería y, por supuesto, al sector inmobiliario, que es su gallina de los huevos de oro. La especulación y la venta de Madrid, al mejor postor. El peso de los servicios alcanza ya el 84% en Madrid, 10 puntos más que en el conjunto de España”, incide la concejala.
Modelo entre el hospedaje y la vivienda reforzado con políticas municipales
Más allá de la coherencia y cohesión con este marco de acción, las alegaciones de Más Madrid al Plan Especial aluden a otras cuestiones para solicitar su retirada y no aprobación, o al menos una revisión específica de cualquier cambio de uso a hospedaje. Denuncian la ausencia de una evaluación de la carga turística que supondrá la nueva oferta turística, tachan de “insuficiente” el estudio económico-financiero y la justificación de la prevalencia del hospedaje sobre otros usos urbanos y critican “déficits” en la delimitación de los ámbitos afectados o la accesibilidad de la información pública.
La normativa en ciernes supone un nuevo impulso del equipo de Almeida al hospedaje turístico, en particular a una figura ambigua y desregularizada como el flex living. El concepto agrupa modalidades de alojamiento sobre el papel de carácter temporal, pero con cierta vocación de permanencia, en espacios amueblados que ofrecen servicios incluidos como limpieza, internet, zonas comunes o coworking.
Son, en resumidas cuentas, viviendas temporales de alquiler con prestaciones adicionales y precios generalmente elevados. Así, se asientan sobre suelos terciarios, pero en la práctica el uso es prácticamente residencial (una diferencia fundamental con modelos similares como el coliving). Esto permite alquileres de media estancia, de días a meses, sin las restricciones legislativas de la vivienda convencional y ni siquiera las de la turística. Todo ello sin que los barrios se adecúen a nivel de movilidad o servicios públicos como lo harían si esas dotaciones se considerasen viviendas.
Las compañías dedicadas al flex living han sabido tejer conexiones con la política institucional. Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha llegado a publicitar una promoción que se edificará sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento en canales de comunicación municipales. Una acción contestada con dureza por otros usuarios (“¿ahora sois Booking?”, preguntaba irónicamente uno de los perfiles que respondieron al post). Su predecesor es directamente toda una cabeza visible del sector. Mariano Fuentes, que llegó al Consistorio de la mano de Ciudadanos, se incorporó en febrero a la Comisión de Urbanismo de la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos COWORD. Aterriza, según la propia entidad, para “impulsar el desarrollo normativo del flex living en España”.
Además de estas campañas y del nuevo Plan Especial, el Gobierno de Almeida ha contribuido al formato en escenarios como el paseo de la Ermita del Santo del distrito de Latina, donde un “agujero normativo” (en palabras de la oposición socialista) permite que una promotora haya vendido una de sus parcelas terciarias para que sean dedicadas a este tipo de viviendas de alquiler que escapan a la Ley de Arrendamientos urbanos (LAU). Todo ello después de que dichas parcelas multiplicaran su labor gracias a una recalificación del Ayuntamiento, que precedió al desmantelamiento del antiguo centro de ocio de la zona para edificar torres mediante un “pelotazo”, como lo definen los vecinos que lo han llevado a la Justicia.
La implantación del flex living en las nuevas edificaciones estaba ya prevista inicialmente en el proyecto apoyado por el Consistorio, pero a los 530 pisos originales se le sumarán varios cientos más. Al planeamiento de las viviendas, aprobado en solitario por el PP municipal gracias a su mayoría absoluta, se le unirán otros 5.763 metros cuadrados (y 1.200 adicionales de uso dotacional privado) comprados por la empresa Dazia Capital para un proyecto de flex living. La misma empresa ha adquirido allí otra parcela residencial de 11.040 metros cuadrados. Ha pagado por ambas alrededor de 50 millones de euros. Se espera que este formato residencial tenga también presencia en los terrenos recalificados por la corporación municipal en la ciudad deportiva del Real Madrid.
Sara Ladra teme que el modelo continúe expandiéndose pese a los escasos beneficios que depara para la ciudadanía: “Almeida tiene muy claro su modelo de ciudad y su último invento para seguir robándonos Madrid es una estratagema perversa para especular con las viviendas. El plan especial abre el abanico del suelo industrial al sector turístico y aquí es donde entra el flex living, otro truco para permitir que se siga construyendo vivienda turística en terreno público, gracias a un agujero negro en la legislación del suelo. No es una actividad económica que tenga un retorno para la ciudad, para mejorar la vida de la gente, es una actividad para favorecer el turismo”.
“El Gobierno de Almeida argumenta que sus políticas buscan redistribuir a los turistas fuera del centro, pero el flex living es un truco para evitar la LAU. Es lo mismo que ha hecho en el centro de Madrid con el Plan Reside: permitir que inversores privados hagan más y más vivienda turística en nuestra ciudad”, dice Ladra. La concejala opina que estos alojamientos de flex living “van a ser las nuevas viviendas de uso turístico [VUT]”. Esto es, “apartamentos para estancias de semanas o meses en zonas como Vallecas, Usera, Retiro o Puerta del Ángel o pegado a la gran curva del circuito de Fórmula 1”. Considera “irónico” que, mientras “las ciudades europeas legislan a toda velocidad para acabar con el alquiler turístico o de temporada”s, Almeida hace “justo lo contrario”. Con ello, zanja, el Ayuntamiento “favorece a los turistas y a los especuladores en vez de a los vecinos y vecinas de Madrid”.
La compañía de servicios inmobiliarios JLL estima en un informe de finales de 2025 en 19.089 la cantidad de camas flex living en España, un número que podría duplicarse hasta las 38.716 en solo dos años. El análisis expone que la Comunidad de Madrid concentra esa oferta, el 60% de las camas actuales y el 72% de las proyectadas. 11.375 están ya en el mercado y más de 14.000 en desarrollo, para un total de 25.375 plenamente operativas en 2028 (en Barcelona, segunda provincia en implantación, no llegan a las 7.000). La capital aglutina la inmensa mayoría dentro de la región.
Para JLL, son “la presión demográfica” y “la transformación del hogar” los principales factores que impulsan estos alquileres flexibles no calificados como viviendas, aunque muchos de sus inquilinos las habiten como tales. Apostillan que ha dejado de ser “una solución dirigida exclusivamente a jóvenes profesionales o millennials” para convertirse en “una alternativa estructural dentro del mercado residencial español”. Una nueva y distante forma de habitar la ciudad que se deja notar cada vez en más barrios de Madrid.
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