El programa del PSOE propone aumentar por ley la duración de los alquileres, gravar a los fondos buitres y un 1% del PIB a casas asequibles

El programa electoral del PSOE, conocido este domingo, centra gran parte de sus propuestas en la vivienda, el principal problema para los españoles y que fue la que motivó el adelanto electoral al 29 de noviembre. En el texto, los socialistas plantean, entre otras medidas, aumentar por ley la duración de los alquileres, gravar a los grandes buitres y dedicar un 1% del PIB para garantizar el acceso a vivienda asequible, “la principal prioridad de la legislatura, con objetivos que se evaluarán de forma periódica”.

Es más, aunque el derecho a la vivienda ya está recogido en la Constitución, el PSOE plantea en su programa reformar la Carta Magna “para que la vivienda se considere un derecho fundamental, permitiendo así que la ciudadanía pueda exigir su cumplimiento a los poderes públicos”. Los socialistas quieren “aumentar el parque de viviendas públicas y protegidas para alcanzar la media de los países” del entorno, así como destinar el 1% de la licitación anual de obra pública “a constituir un fondo de adquisición de vivienda protegida y asequible”. Este esfuerzo también se dedicará a las comunidades autónomas, con la idea de permitir que esas administraciones también puedan impulsar “la construcción de viviendas públicas o protegidas con carácter permanente, con el objetivo de que supongan al menos la cuarta parte del total de nuevas viviendas”.

La entidad CASA 47 “actuará como garante del mandato constitucional recogido en el artículo 47 y reforzará sus herramientas para garantizar la función social de la vivienda incorporando todo el patrimonio público estatal susceptible de ser vivienda y promoviendo nueva construcción para destinar a vivienda asequible”. No obstante, el PSOE también propone “constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas mediante la construcción y adquisición para incrementar la oferta de vivienda para la venta o alquiler estable a precio asequible, que se sumarán a las promovidas por las comunidades autónomas y las entidades locales en el ejercicio de sus competencias”.

Movilizar suelo público, incluidos suelos dotacionales, será otro de los objetivos del PSOE, con la idea de “desarrollar en promoción directa, en concesión de obra pública o en colaboración público-privada”, así como la constitución de un “banco estatal de suelo público disponible para su desarrollo ofertado a proveedores sociales, cooperativas en gestión de uso o similares”. Para “incentivar la incorporación de viviendas asequibles” al mercado, el PSOE plantea dejar exentas en el IRPF “las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de viviendas a estos proveedores, equiparando su tratamiento fiscal al de las transmisiones realizadas a entidades públicas destinadas al alquiler social y asequible”.

Además de medidas para “potenciar la construcción industrializada, con el desarrollo del PERTE de construcción industrializada para garantizar la calidad, seguridad y sostenibilidad y mejorar los tiempos y costes de la edificación”, el PSOE buscará movilizar suelo público para nuevas viviendas y “destinar una financiación sin precedentes a vivienda” con “más de 25.000 millones de euros, a través del ICO, para avales, préstamos y financiación para vivienda asequible”, así como “más de 4.700 millones de euros del Plan Social del Clima para financiar la construcción o rehabilitación de viviendas sostenibles a precio asequible”.

Un país donde se pueda alquilar a los 20 y comprar a los 30

Para que no se repitan situaciones como que los estudiantes que se desplacen a estudiar fuera de sus territorios se queden sin casas, el PSOE también propone “construir una red de alojamientos dotacionales, especialmente dirigidos a personas trabajadoras desplazadas y a la comunidad universitaria”, lo que implicará “más ayudas, estabilidad y protección a personas inquilinas y pequeños propietarios y propietarias”. “Ofreceremos las herramientas necesarias para que cualquier joven pueda emanciparse y desarrollar su proyecto de vida, un país donde se pueda alquilar a los 20 y comprar a los 30”.

Asimismo, “para que las personas que viven en alquiler tengan estabilidad y no se vean obligadas a abandonar su barrio en contra de su voluntad porque finaliza su contrato de alquiler”, el PSOE propone “ampliar la duración de los contratos de arrendamiento, reforzando la estabilidad residencial de las personas inquilinas” y “congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia, evitando incrementos abusivos en los mercados tensionados”. Se impulsará, además, la identificación y la publicación desde el Ministerio de Vivienda de “un mapa de zonas tensionadas de vivienda que actualmente deben elaborar las comunidades autónomas en aplicación de la Ley de Vivienda y que no están realizando”.

“Crear la garantía pública de acceso al alquiler para jóvenes, en forma de seguros de impago, actualizar las deducciones fiscales para las personas inquilinas, mejorando el acceso y mantenimiento de la vivienda en alquiler o consolidar las bonificaciones fiscales para las personas propietarias que reduzcan los precios del alquiler, incentivando la oferta de vivienda asequible” son otras de las medidas que se incluyen en el programa del PSOE.

Los socialistas quieren, además, “impulsar un modelo público de intermediación entre propietarios e inquilinos inspirado en experiencias de éxito como la del País Vasco, que ofrezca garantías de cobro, cobertura frente a incidencias y apoyo en la gestión del alquiler, movilizando viviendas vacías hacia el mercado a precio asequible al tiempo que proporciona seguridad tanto a arrendadores como a arrendatarios”, u “ofrecer un servicio de justicia gratuita para víctimas de abusos inmobiliarios, priorizando aquellas familias que residen en zonas declaradas tensionadas”. “Se protegerá en particular a los inquilinos de viviendas procedentes de alquiler asequible adquiridas por fondos de inversión”, añade.

Los impuestos a los grandes propietarios

“Freno a la especulación y regulación del mercado para garantizar la función social y el carácter residencial de la vivienda regularemos e intervendremos el mercado para que la vivienda no sea utilizada como un activo para invertir y hacer negocio. Fijaremos las reglas que permitan acabar con la acumulación especulativa de la vivienda y priorizar su uso residencial y asequible frente a otros usos como el turístico”, apunta el PSOE. Entre sus compromisos, incluye “priorizar el uso residencial y asequible de las viviendas existentes a través de Impuesto contra la especulación de los fondos buitre y grandes propietarios”.

“Se gravará con un impuesto progresivo la posesión de todas aquellas viviendas de grandes propietarios y fondos buitre que no se destinen a alquiler residencial asequible. Las viviendas que se dediquen a fines turísticos, que estén vacías, o que se pongan en alquiler a un precio abusivo serán objeto de este nuevo impuesto. Su objetivo es frenar la acumulación especulativa de vivienda y movilizarla hacia el alquiler asequible”, explica el texto de los socialistas, que propone “mantener y garantizar la limitación de la compra de viviendas por fondos especulativos”.

Para “priorizar el uso residencial y asequible de las viviendas existentes”, el PSOE plantea “un impuesto progresivo a las viviendas de grandes tenedores que no se destinen al alquiler asequible o a usos residenciales”, además de “permitir que los municipios que lo deseen pongan en un impuesto sobre las pernoctaciones en las viviendas de uso turístico que genere recursos para los municipios”. “Aprobaremos un marco estatal que habilite a los ayuntamientos para aplicar recargos sobre las estancias turísticas, respetando los tributos autonómicos ya existentes. Los municipios podrán utilizar este instrumento para gestionar mejor los efectos de la presión turística y obtener recursos adicionales destinados a financiar servicios públicos, movilidad, limpieza, sostenibilidad urbana, conservación del patrimonio y políticas de vivienda vinculadas al impacto del turismo”, añaden.

El PSOE también propone “desarrollar un Programa de gestión y rehabilitación de viviendas vacías de personas particulares cuyo uso se ceda para alquiler a precio asequible, garantizando a la persona propietaria el pago de la renta, así como el mantenimiento de la vivienda”, así como “un plan de recuperación de viviendas no residenciales, favoreciendo su incorporación al mercado residencial”.

Dentro de un “escudo social que proteja a los más vulnerables”, el PSOE propone “garantizar un marco estable de protección frente a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional” y la creación “de un mecanismo de garantía y protección frente al desalojo que dé respuesta a las emergencias habitacionales”. Los socialistas pretenden “asegurar que el coste de la prohibición de los desahucios a personas vulnerables no recaiga sobre el pequeño propietario o propietaria debiendo asumir el coste directamente las administraciones” y “reforzar las soluciones estables frente al sinhogarismo, la lucha contra la infravivienda y los mecanismos de denuncia y sanción de la discriminación en el acceso a la vivienda”.

El sueldo mínimo y las pensiones

Los socialistas también se comprometen a blindar “por ley” un salario mínimo que se encuentre por encima del 60% del sueldo medio y actualizarlo periódicamente según los precios, la productividad y “las necesidades de las personas trabajadoras”, de forma que se garantice que cada subida “mejore efectivamente la nómina” y no quede neutralizada “por la absorción de complementos salariales”. Este apartado referido a los salarios incorpora también la promesa de una “deducción estatal” en el IRPF que dependa de la evolución de los precios.

Además, el PSOE plantea que exista un “bono social único” que incluya directamente el bono social eléctrico, el térmico, las bonificaciones de transporte y las tarifas sociales de telecomunicaciones y agua. Este bono sería automático, no habría que pedirlo, sino que se reconocería “de oficio” a partir de los datos fiscales y de Seguridad Social.

El programa incorpora la promesa de blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC, ya anunciada, pero que requeriría una mayoría muy amplia de las cámaras. También habla de acordar en el Pacto de Toledo “nuevas fuentes de financiación” que permitan que los aumentos de productividad derivados de la automatización “refuercen” también la financiación de la Seguridad Social y acelerar el despliegue de la llamada “cuota de solidaridad” para completar su aplicación durante la próxima legislatura.

Además, apuestan por evaluar la mejora de los coeficientes reductores de edad por penosidad y la reducción de las penalizaciones de las pensiones por jubilación anticipada involuntaria, especialmente cuando se trata de trabajadores con largas carreras de cotización. El coste de estas mejoras se podría compensar, según el PSOE, mediante aportaciones de empresas con beneficios que realicen ERE.

Los socialistas también proponen una incapacidad temporal para las personas trabajadoras con procesos oncológicos, con una prestación del 75% de la base reguladora desde el inicio de la baja, y facilitar, “siempre bajo criterio médico”, su reincorporación a tiempo parcial con cobertura de la jornada no trabajada.

Nueva prestación para el cuidado de menores

El documento da detalles del anuncio realizado este domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a una nueva prestación para el cuidado de los menores de ocho años. En concreto, cubrirá cuatro semanas del permiso parental para el cuidado de hijos menores de ocho años con el 100% de la base reguladora. También se habla de reforzar los permisos de nacimiento y cuidado reconociendo una semana adicional para el segundo progenitor cuando ambos hayan disfrutado sus permisos de forma no solapada.