Los tribunales marcan el arranque de campaña del 29N con decisiones clave que afectan al Gobierno y el PSOE
El arranque oficial de la campaña para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre ha coincidido con una batería de iniciativas judiciales y policiales de gran relevancia en casos que afectan al PSOE y al Gobierno. Desde la imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta hasta las múltiples investigaciones de la Fiscalía Europea sobre la tragedia de Urda o las pulseras defectuosas para controlar maltratadores, distintos tribunales y cuerpos policiales han impulsado estas causas pocas horas antes del arranque oficial de la campaña y con citaciones judiciales ubicadas en medio del periodo electoral.
Las cuentas del PSOE
El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, mantiene abierta bajo secreto de sumario y desde hace meses una investigación sobre las cuentas del Partido Socialista. Una pieza separada que puso en marcha, originalmente, para investigar los pagos en metálico que la formación abonó mientras José Luis Ábalos y Santos Cerdán —el primero encarcelado y el segundo imputado— fueron secretarios de Organización del partido. La Audiencia Nacional recogió el guante de las sospechas del Tribunal Supremo: que Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, usaban las liquidaciones de gastos para blanquear mordidas.
El contenido de esta pieza es secreto, pero el pasado jueves 12 de noviembre, a pocas horas de empezar de forma oficial la campaña electoral, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron al Tribunal de Cuentas buscando información sobre las cuentas del PSOE. El juez tiene el foco puesto en los escasos controles existentes sobre el efectivo, al menos a tenor de lo explicado por testigos vinculados al partido, pero el contenido de la investigación todavía es secreto.
La crisis migratoria de Ceuta
La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, investiga la crisis migratoria del pasado mes de julio de Ceuta, en la que decenas de miles de personas entraron en España desde Marruecos. Una parte de las diligencias de Tardón se centran en dilucidar si las autoridades de Marruecos fueron permisivas con la entrada masiva de gente, o si incluso lo promovieron de alguna manera, pero otra parte del caso tiene el foco puesto en las autoridades españolas y si no se hizo lo suficiente para frenarlo a pesar de disponer de información sobre lo que podía llegar a pasar.
La jueza ya dejó claro en sus primeros autos que tenía la lupa puesta en la acción de la administración española, pero este mismo jueves, 12 de noviembre, dio un paso más e imputó a Miguel Ángel Pérez Triano, en ese momento delegado del Gobierno en Ceuta. Pérez Triano, que dejó su cargo el pasado mes de septiembre y cuyo antiguo jefe de gabinete también declaró, aunque como testigo, ya tiene cita para acudir a la Audiencia Nacional acompañado de un abogado: el próximo 18 de noviembre, 11 días antes de los comicios y en plena campaña. La magistrada quiere saber si tanto el entonces delegado como su jefe de gabinete recibieron algún tipo de aviso por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y si tomaron medidas ante la catástrofe migratoria que se avecinaba.
Las dos investigaciones de la Fiscalía Europea
Este mismo jueves 12 de noviembre la Fiscalía Europea anunció a través de un comunicado que había decidido abrir una investigación contra el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo por un presunto fraude a fondos comunitarios destinados a comprar las pulseras telemáticas para vigilar a maltratadores. Los detalles de esta investigación no son conocidos más allá de que el departamento cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que arrancó cuando el sistema registró una serie de fallos significativos.
Las indagaciones, según el comunicado de este organismo, se extienden también al Tribunal de Cuentas, pero la Fiscalía Europea rechazó por el momento dar más datos: “No se facilitarán más detalles sobre el estado de la investigación”.
También fue hace unos pocos días, el 6 de noviembre, cuando este mismo organismo comunitario, pero con oficinas en España anunció la apertura de una investigación en torno a los fondos comunitarios destinados a la renovación y mejora de la seguridad de la línea de AVE Madrid-Sevilla donde una semana antes había tenido lugar la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). En este caso, el departamento tampoco especificó en qué consisten las pesquisas: “Esta confirmación excepcional se produce tras el gran interés público y no se facilitarán más detalles en este estado de la investigación”.
La ministra Aagesen, testigo
La última semana de las elecciones tendrá también varios momentos clave en diversos tribunales con testificales que alcanzan al propio Gobierno. Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, tendrá que comparecer como testigo en un juzgado de Madrid el 23 de noviembre por el rescate de Air Europa. Seis días antes de los comicios, Aagesen acudirá a los juzgados como parte de una batería de testigos —entre los que se encuentra Íñigo Errejón— en una causa que arrancó tras las querellas de PP y Vox y en la que está imputado, entre otros, el exvicepresidente de la SEPI, considerado máximo responsable del organismo que dio luz verde al rescate.
La lista de testigos que desfilarán ante el juez el 23 y 24 de noviembre abarca altos cargos de Patrimonio Nacional, Hacienda, la SEPI, Industria, Transición Ecológica, Transportes, Correos y la CNMV.
Cinco días antes de las elecciones será la Audiencia Nacional la que escuche las palabras de una testigo clave en el conocido como 'caso Leire', el supuesto entramado urdido por Leire Díez y varios de sus colaboradores, así como el entonces dirigente socialista Santos Cerdán, para torpedear causas judiciales que afectan al Gobierno o al partido. El juez Santiago Pedraz ha llamado a declarar para el 24 de noviembre a Cintia Rocho, con quien supuestamente contactó el exjuez Luis Sáenz de Tejada para “eliminar” a la jueza Beatriz Biedma, que entonces investigaba al hermano del presidente del Gobierno en su juzgado de Badajoz. Ese mismo día también comparecerá ante el mismo juez Nervis Villalobos, el exministro venezolano acusado de colaborar con el entramado, en este caso para buscar información comprometedora del fiscal José Grinda.
La imputación del PSOE, pendiente
La única decisión relevante relacionada con el PSOE en todas estas causas que parece haber quedado pospuesta ha sido su imputación. Una de las primeras cosas que hizo el Partido Popular nada más conocer la convocatoria electoral fue pedir a la Audiencia Nacional que el PSOE fuera imputado por el juez que investiga el 'caso Leire'. La respuesta de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Pedraz ha sido la de rechazar esa petición por “prematura”, sin descartar que se pueda llevar a cabo en un futuro, pero probablemente ya después de las elecciones.
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