El PP pide a la Audiencia Nacional la imputación del PSOE en el caso Leire Díez

El PP, que ejerce la acusación popular en el caso Leire Díez, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que impute al PSOE al entender que la trama investigada “dispuso de los medios operativos, logísticos y financieros” de esa formación “para sufragar los gastos derivados de us ilícita actividad”.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es y que se ha presentado ante este tribunal especial cuando solo han transcurrido 24 horas desde que Pedro Sánchez anunciara un adelanto electoral, señala que esas disposiciones de fondos del partido se hicieron po “indicación expresa del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actuando en su condición de tal”.

Para el nuevo letrado del PP, Henry Feltenstein, la imputación deviene en pertinente después de que las declaraciones prestadas por la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por la presidenta del partido, Cristina Narbona, y por las administrativas Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, confirmaran que la formación “sufragó efectivamente esos gastos de la organización criminal” por indicación de Cerdán.

En este sentido, el letrado da una clave que será vital a la hora de que el juez valore esta petición de imputación: considera que el PSOE “no contaba al tiempo de los hechos con medidas de control y vigilancia aptas para prevenir la comisión de delitos en su seno en materia de aprobación y abono de gastos, de utilización de sus instalaciones por terceros y de contratación con proveedores de servicios, toda vez que dichas decisiones dependían de los designios de la alta dirección del PSOE, sin que existiera ningún órgano que fiscalizara su actuación ni medida alguna que la restringiera”.

Por eso, entiende que es necesario citar al partido en calidad de investigado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos. Cabe recordar que en esta causa se investiga una trama que buscó entorpecer causas que afectaban tanto al PSOE como al entorno personal de Pedro Sánchez.

Sobre la novedad de incluir los nuevos delitos de blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos, el PP explica que todos ellos están relacionados “con los fondos transferidos al medio de comunicación Crónica Libre, que fueron indiciariamente sufragados con cargo a subvenciones electorales públicas”.

“En definitiva, existen indicios sólidos de que la aparente campaña publicitaria constituyó un negocio jurídico simulado cuya verdadera causa fue financiar a un medio afín integrado en la órbita de la organización criminal investigada, asegurando su línea editorial y dotando de recursos la adquisición de material reservado -señaladamente, las grabaciones procedentes del entorno del excomisario José Manuel Villarejo Pérez- destinado a instrumentalizarse en los procedimientos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno”, añade.

Para el PP el “punto de inflexión” en los trabajos de esa trama fue el 26 de abril de 2024 cuando se produjo una reunión en la sede socialista de Ferraz en la que Leire Díez -exmilitante socialista- se vio con diferentes cargos del partido, entre los que estaba Cerdán, y donde entiende que “comenzaron a perfilarse las distintas líneas -delictivas- de actuación que la organización criminal investigada se disponía a emprender”.

Tras esto, el letrado del PP hace un repaso de cada uno de los indicios que considera susceptibles de tener en cuenta para valorar la imputación del PSOE. Así, se refiere a que la formación pudo abonar un sueldo mensual a Leire Díez a través de sociedades interpuestas como la consultora de Gaspar Zarrías, Zaño Sociedad Consultora, o a través de empresas del letrado Ismael Oliver.

Sobre la pertinencia de esa imputación de la persona jurídica, el PP recuerda que el artículo 31 bis del Código Penal precisa que el delito imputado al partido debe haberse cometido en “beneficio directo o indirecto”. Añade que no tiene por qué materializarse en un “beneficio directo o indirecto” de la persona jurídica y que no necesariamente debe ser un económico, porque puede extenderse “beneficios estratégicos, intangibles o reputacionales”.

Por todo esto, solicita que se designe a un representante del partido y que sea citado a declarar como investigado. Para el caso en el que el juez entienda que no es pertinente atribuir esos delitos al PSOE, pide que, en cuanto a la responsabilidad civil y decomiso, responda “como partícipe a título lucrativo”.